Una ordenanza ‘exprés’ para reducir el tráfico en varias zonas
El Ayuntamiento da por hecho que la Zona de Bajas Emisiones no empezará en enero
VAMOS a dejar clara una cosita antes de empezar: en esta columna se detesta el ambiente navideño. No las fiestas propiamente dichas sino las aglomeraciones, las lucecitas, las músicas atronadoras. La obligación de consumir y divertirse por decreto. No es un sentimiento leve de reproche, no. Ni siquiera tiene una explicación objetiva sobre el cambio climático o el necesario ahorro energético de estos tiempos tenebrosos. Eso se lo dejo a las personas de bien, circunstancia que no concurre en este caso.
Se trata, dígamoslo claro, de un elemento de pura repulsión subjetiva, de mero instinto de supervivencia. Llegar a una de esas calles engalanadas con lucecitas y ambientadas villancicos obliga a darse la vuelta. Cada cual tiene sus cosicas, qué se le va a hacer. Y el odio eterno a la moda navideña de las ciudades (y al fútbol de pase en corto, aprovechemos la cuestión) se encuentra en el frontispicio. La primera en la frente.
Viene a cuento esta introducción por la eliminación, en este periodo, del mercadillo navideño que se montaba en las Tendillas. Se dieron, hace apenas unas semanillas, dos argumentos desde la municipalidad. El primero, dos puntos, era que se hacía la competencia al comercio local. El segundo, que se había alcanzado un grado de ocupación de la plaza que superaba con creces el que se estaba dispuesto a tolerar.
Sobre el primero, quiá. Allá cada cual con sus euros. Para eso se redactan leyes. Sobre el segundo resulta, sin embargo, que se han llevado el mercadillo de las empanadillas y los dulces dejando a cambio todo el combo: Pista de patinaje, comercios, cosas para los chavales. De tal forma que ya no solamente se ocupa el Bulevar del Gran Capitán, qué va, sino la principal plaza de la ciudad, ese sitio donde pasamos queramos o no. Ni un metro cuadrado libre queda ya entre belenes, muñecos, patinadores, familias de patinadores y el señor de la gorra que da gritos cuando se taja.
Y así se ve al personal buscando sitio en un pasillito, haciendo fila india, entre vallas y veladores, para llegar a casa o al curre. Un triunfo de las políticas inclusivas por las que, por lo visto, hasta premios nos dan. Un ejemplo de coordinación entre lo dicho y lo hecho, entre la potencia y el acto. Una ideaca.
La regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Córdoba. La junta de gobierno local del Consistorio aprobó ayer de urgencia los trámites para activar «lo antes posible» —en palabras el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP)— una ordenanza para delimitarlas, y que en la práctica supondrá la eliminación del tráfico de determinadas áreas de la ciudad para evitar o reducir la contaminación. Esta decisión del Consistorio es una medida ‘in extremis’ en vista de la oposición del Gobierno central a conceder un aplazamiento hasta 2024, como ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), a la entrada en vigor de estas reservas del tráfico a motor en las localidades de más de 50.000 habitantes, lo que significa que el plazo previsto inicialmente sigue en vigor: el 1 de enero de 2023.
A expensas de que el Ejecutivo fije los requisitos mínimos para articular estas zonas, el Consistorio cordobés se ha curado en salud al impulsar una ordenanza que, por la su propia naturaleza procedimental, es imposible que esté aprobada en el arranque de 2023.
En paralelo, sigue su curso el estudio técnico que el Ayuntamiento de Córdoba encomendó el pasado septiembre a una empresa privada para que se haga cargo de la redacción de las normas generales que regularán en el futuro la Zona de Bajas Emisiones. Las ZBE están llamadas a sustituir o complementar al sistema Acire —o de acceso restringido para residentes—, y se fundamentan en la prohibición de acceso a determinadas zonas de vehículos en función del etiquetado ambiental que presenten. El centro histórico o las zonas de la Axerquía y la Judería tienen pues muchas papeletas de ser las señaladas.
El sistema está pensado para que, en el futuro, solamente puedan acceder a estos lugares vehículos que cumplan con una serie de parámetros. Y serán, básicamente, los eléctricos o los movidos por hidrógeno.
El documento marco para el diseño de estas áreas establece que sean zonas grandes dentro del municipio y que las medidas para permitir el acceso a vecinos con coches más contaminantes (como los diésel más antiguos) tengan un periodo de adaptación pero no se prolonguen indefinidamente. Parece claro que decidir en qué partes de la ciudad queda prohibido conducir con vehículos que no sean de bajas emisiones es peliagudo, y más en estos meses que vienen de víspera de unas elecciones municipales.
Conclusiones del informe
La ordenanza a cuya redacción dio ayer luz verde la junta de gobierno tira por la calle de en medio. Miguel Ángel Torrico señaló que «cuando estén listas las conclusiones del informe técnico [encargado a una firma privada], se incorporarán a la ordenanza, porque es lo razonable». La empresa tiene hasta junio de 2023 para presentar el citado documento. El teniente de alcalde de Presidencia lamentó la indefinición del Ejecutivo: «El alcalde socialista de Vigo pidió una moratoria y se rechazó por el Gobierno. Nos han cambiado el paso, pero nosotros somos una administración ágil y lo vamos a demostrar», declaró Miguel Ángel Torrico. «En enero de 2023 no va a haber ningún ayuntamiento con las zonas puestas en marcha: ésa es la realidad, y ante ello quien tiene que responder es el Gobierno, no los ayuntamientos».
«El Gobierno nos ha cambiado el paso: ningún ayuntamiento podrá activarlas a comienzos de 2023», afirma Torrico