ERC fija su objetivo para la próxima legislatura: tras la malversación, el referéndum
▶Esquerra podrá recuperar a Oriol Junqueras con la reforma del Código Penal ▶El PSOE sostiene que los cambios legales «cierran una etapa»: «Ahora ya está. Hasta aquí»
La amnistía de facto que ERC reclama para sus dirigentes será una realidad en las próximas semanas, una vez prospere la modificación del Código Penal que eliminará el delito de sedición y, también, como avanzó el martes el presidente Pedro Sánchez y confirmó ayer ERC, introducirá cambios en el de malversación. El grupo republicano en el Congreso presentará entre hoy y mañana, cuando vence el plazo, las enmiendas al proyecto de modificación del Código Penal para proceder a lo que Esquerra define como una modificación «quirúrgica» de este último delito, recuperando la distinción entre la malversación para lucro personal y la que no, tal y como confirmaron a ABC fuentes del partido, que añadieron con todo que la «negociación sigue abierta y con elementos aún por perfilar».
Sea como fuere, las líneas principales y objetivo último de la reforma están marcados. Por un lado, lograr la rehabilitación de los políticos ya juzgados e indultados, particularmente el líder de ERC, Oriol Junqueras, que podría regresar así a la política activa encabezando, si así se considera, una lista electoral, aunque no necesariamente en unas autonómicas, más bien en las próximas generales, apuntan fuentes políticas convencidas de la oportunidad estratégica de esta posibilidad. Por otro, la reforma pretende evitar el ingreso en prisión de quienes aún deben afrontar causas judiciales, como es el caso de buen número de altos cargos de la llamada infantería del ‘procés’, pendientes de juicio.
El siguiente objetivo ya para la próxima legislatura, marcado negro sobre blanco, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación pactado con el Ejecutivo, tal y como se sostiene de manera repetida desde ERC y confirmó el propio presidente Pere Aragonès el mismo día en que se confirmaba la disposición del PSOE en avanzar hacia la derogación de la sedición. Una posibilidad que partidos como PP, Vox y Cs ven más cerca si el socialismo sigue avanzando en el control del Tribunal Constitucional.
Más a corto plazo, y lograda la modificación del Código Penal –la amnistía «o sus efectos», como concedió en su momento Aragonès–, Esquerra ve como los objetivos marcados para esta legislatura se cumplen, avanzando, ahora sí con resultados tangibles, hacia una «desjudicialización» completa del conflicto catalán de la mano del PSOE. Y sin que ello suponga, así lo reflejan las encuestas, una penalización por parte del electorado independentista.
Alivio republicano
En el seno de ERC ven con evidente alivio que movilizaciones como la convocada el pasado martes por la ANC apenas reunían a unos pocos miles de seguidores del sector más fanatizado de Junts. La protesta contra la modificación del delito de desórdenes públicos –la cara B de la reforma que incomoda a ERC y que no renuncia a cambiar, en este caso con el concurso de los Comunes– devino en realidad en una protesta contra los republicanos, donde se insultó con más inquina a Aragonès que a Pedro Sánchez. El quebranto interno del independentismo se agría semana a semana, lo que en realidad no deja de reafirmar a Esquerra en la conveniencia de haber roto con Junts y el secesionismo más hiperventilado.
Es en este escenario como la confluencia con el PSC, una vez logrado el acuerdo con el PSOE, se acelera. ERC y los socialistas catalanes ya negocian los Presupuestos de la Generalitat para 2023, un acuerdo que se da por descontado y que para Salvador Illa, más allá de los logros que pueda vender –como la recuperación por ejemplo de la ampliación del aeropuerto de El Prat–, es la demostración más clara de que Cataluña entra en una nueva fase política, como él mismo apuntaba este domingo en una entrevista con ABC,
En esta triangulación política, Esquerra aparece como clara ganadora, mientras que el Gobierno trata de fajarse del aluvión de críticas que le caen por la reforma del Código Penal. Para ello recurrió a Margarita Robles. Su condición de magistrada prevalece al hablar de esta cuestión sobre la de la ministra de Defensa. Otro debate de profunda carga jurídica en el que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no es protagonista.
Esquerra, frente a una presión de Junts sin efecto, presume de haber logrado sus objetivos para esta legislatura
El PSOE distingue las «decisiones políticas dentro del marco legal», frente a negociar «algo que no está en la Constitución»
Dificultades
Robles defendió que «en ningún caso el PSOE va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción, lo que todos entendemos por corrupción: el aprovechamiento, para sí o para otros; lucrarse de fondos públicos». La ministra de Defensa exponía que la regulación de la malversación ha cambiado a lo largo del tiempo y hasta 2015 había una tipificación que diferenciaba nítidamente el enriquecimiento propio o de terceros, lo que «todos» entienden «comúnmente como corrupción», respecto a otras conductas.
No obstante, más allá de la explicación jurídica, el Gobierno no esconde que se trata de una decisión política dentro de su estrategia en Cataluña. Robles lo señaló sin género de duda: «Se podrá o no estar de acuerdo, pero la po
sición de Sánchez ha sido muy clara y con honestidad: se ha hecho desde el principio de la legislatura, y lo compartimos plenamente, una apuesta por la convivencia en Cataluña».
En el PSOE la cuestión de la malversación ha complicado internamente un debate de supresión de la sedición que para los socialistas se ha hecho mucho más indigesto que el de los indultos. Aunque en ese también hubo cambio de posición del presidente del Gobierno, los socialistas asumieron de forma muy rápida que la estrategia de Sánchez en Cataluña requería de la salida de prisión de los condenados. Es algo que se dio por sentado una vez Sánchez tuvo que pactar su investidura con ERC. También fue en enero de 2020 la primera vez que Sánchez abrió la puerta a una reforma de la sedición.
Tanto en eso como en los indultos, por tanto, el PSOE cambió el rumbo a la primera señal por parte de Sánchez de que ambas cosas no se descartaban. Que en el lenguaje presidencial es el paso previo al volantazo definitivo. Lo mismo ha pasado con la malversación. El PSOE se ha lamido durante semanas las heridas de un debate que ha generado mucho desgaste por su vinculación directa con la corrupción. El intento argumental por separar ambas cuestiones no ha convencido.
Para Sánchez, sea como fuere, esta decisión cierra una etapa. Así lo ven dirigentes y personas de su confianza. La reforma de la malversación es la última pieza del puzzle resuelto con ERC para «desjudicializar» el conflicto. Asumiendo el relato independentista. «Ahora ya está. Hasta aquí», resumía gráficamente un dirigente de peso del PSOE.
El mensaje que se quiere transmitir es que ahora se abre «una nueva etapa». Que tendrá un carácter «más político». ERC ya centrará la nueva etapa en el horizonte futuro, tras solucionar el pasado judicial de sus líderes. Y es ahí donde aparece el referéndum de autodeterminación. Con la misma estrategia que hasta ahora: la dependencia del Gobierno Sánchez. En el PSOE, que conocen esa pretensión, diferencian «rotundamente» las decisiones tomadas hasta ahora, que ven como «decisiones políticas dentro del marco legal», frente a lo que supondría negociar «algo que no está en la Constitución».
La mejor baza para los socialistas a la hora de limitar la posición de fuerza del independentismo, reconocen, es acotar su influencia en Cataluña, para lo que ven como un gran triunfo que ERC se vea obligada a negociar las cuentas con el PSC. La fuerza que tenga Salvador Illa tras las próximas autonómicas será fundamental para que se pueda minimizar el riesgo de chantaje por parte de la Generalitat a La Moncloa.