Un mandato corto y convulso, con mociones e investigaciones
Dieciséis meses después de llegar al poder, el expresidente Pedro Castillo tiene en su haber seis investigaciones preliminares abiertas por la Fiscalía, que le ha acusado de entregar obras y facilitar nombramientos públicos a cambio de prebendas y donde están involucrados sus asesores y su esposa, sus sobrinos y su cuñada, encarcelada desde finales de agosto pasado.
La Fiscalía investiga a Castillo y al grupo de familiares y amigos por «financiamiento de la campaña presidencial» a cambio de entrega de obras públicas. También por nombrar a funcionarios que hagan posible la entrega de obras públicas, tal y como hicieron los exministros Juan Silva, que hoy es prófugo de la Justicia, y Geiner Alvarado. Y por captar a un grupo de congresistas conocidos como ‘Los Niños’, quienes votaron en contra de las dos fallidas peticiones de destitución del presidente. Se le investiga además por obstruir la investigación de la Fiscalía, destruyendo evidencias, amedrentando a testigos y ocultando información.
Según la denuncia presentada contra Castillo, todas las acciones fueron dirigidas por el presidente. Por ejemplo, el decreto de urgencia 102-2021 del 29 de octubre del 2021, que destinó millones de euros a una serie de obras públicas del Ministerio de Vivienda. Una veintena de ellas fueron entregadas a sus supuestos financistas. Según la exviceministra de vivienda Elizabeth Añaños, fue presionada por el ministro Alvarado para que incluyera 20 proyectos de obras públicas, que ascendían a 30 millones de euros, para empresas y alcaldes cercanos a Castillo.