El alza de los alimentos augura que la cesta de la compra será un 20% más cara en apenas dos años
Un informe de Caixabank vaticina que los precios de la alimentación subirán por encima del IPC al menos hasta 2024, mientras el Gobierno se dispone a tomar medidas para aliviar a los hogares
En cosa de dos años, la factura mensual de la cesta de la compra se encarecerá de media más de 70 euros para los hogares españoles, lo que supondrá un gasto anual extra de 850 euros solo por los alimentos que se adquieren para consumir en casa. Un gasto básico e ineludible. Esa será la traslación a euros contantes y sonantes de la escalada de los precios de los alimentos, que acumulan una revalorización cercana al 16% en los últimos doce meses –según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística–, que ya suponen el principal factor de inflación de la economía española por encima incluso de la electricidad y que según un informe reciente de Caixabank acumularán un encarecimiento superior al 20% en los próximos dos años.
Las razones de este fenómeno, que se ha agravado de manera muy significativa desde la invasión rusa de Ucrania, son múltiples y apuntan a factores como el encarecimiento de los fertilizantes, los problemas de oferta en determinados productos y la subida de precios de determinados bienes y servicios que impactan directamente sobre los costes de producción de la industria alimentaria, que este año acumulan un encarecimiento del 21%.
La situación ha llegado a un punto que parece haber forzado finalmente al Gobierno a actuar. Tras varios meses de mucho ruido, como el generado por la idea de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar los precios de determinados alimentos básicos, y ninguna medida, el presidente del Gobierno deslizó el martes de manera informal la intención del Ejecutivo de incluir alguna medida de alivio a los hogares en el decreto de medidas de lucha contra la inflación que debe aprobarse antes de final de año para impedir que determinadas medidas hoy en vigor, como la bonificación sobre los precios de los carburantes o las rebajas fiscales en el recibo del gas y la electricidad, acaben caducando.
Aparcada la idea de establecer un tope a los precios de los alimentos, las fuentes políticas y empresariales consultadas por ABC sitúan encima de la mesa dos opciones esenciales: la primera, menos probable, pasaría por abordar alguna rebaja fiscal; la otra, más posible, por habilitar alguna ayuda directa focalizada en los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
El Gobierno tiene reducido el margen de maniobra en el ámbito fiscal. La posibilidad de rebajar el IVA de determinados productos alimenticios de consumo común, planteada por el PP, chocaría frontalmente con las directrices marcadas por la Comisión Europea y otros organismos internacionales, que ya le han leído la cartilla a España por el carácter poco focalizado y el excesivo coste de las medidas puestas en marcha hasta ahora para combatir la inflación, como la bonificación de 20 céntimos al combustible o las rebajas del IVA a electricidad y gas, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya advirtió, además, que beneficiaban a las rentas más altas.
Por ese mismo motivo, la aprobación de algún tipo de ayuda directa a los hogares más vulnerables, para los que la cesta alimentaria supone el 20% de sus costes mensuales, es mencionada por las fuentes consultadas como la opción más probable, ya que sería limitada y focalizada en los colectivos más afectados por la inflación.
Menos cargas fiscales
Desde la industria alimentaria (que facturó 139.000 millones en 2021 y genera casi medio millón de empleos), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) sí considera que medidas fiscales como rebajar el IVA a los alimentos y bebidas o una moratoria de un año en la entrada en vigor del nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables, cuyo impacto cifran en 690 millones de euros, podría contribuir a controlar la evolución de los precios de los alimentos. En su opinión, la situación de alza de precios «se va a prolongar» y, por este motivo, instan a que «el Gobierno no adopte medidas que puedan perjudicar al sector»,
Desde la distribución atribuyen la deriva de los precios de los alimentos al encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas. La patronal de las grandes empresas del sector, Anged, asegura que la electricidad se ha disparado un 282% entre enero de 2021 y julio de 2022, mientras que el gas lo ha hecho un 395% en
el mismo periodo. Como consecuencia, los cereales son un 170% más caros y materiales como el vidrio o el cartón han subido un 120%.
Por este motivo, entienden que el Gobierno debe garantizar un acceso mejor a la energía, en línea con el de las industrias electrointensivas, lo que permitiría rebajar los costes de producción de la industria, que acumulan un alza del 21% en el último año, por encima de la subida de los precios de venta al público de los alimentos. Anged señala también a los costes regulatorios y recuerda que el Gobierno ha aprobado «una treintena de medidas que encarecen los costes por distintas vías», como la subida de IVA a las bebidas azucaradas, la obligación de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, los nuevos requisitos en materia de etiquetado (lenguas cooficiales, más información al consumidor...) y algunos aspectos de la Ley de la Cadena Alimentaria.