Piden al TSJA que haya un plan para la Colecor en medio año
El incidente de ejecución de sentencia pone coto al retraso municipal
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene ya encima de la mesa la petición de la empresa Proyectos Urbanísticos Aguilar para que ordene a la Gerencia Municipal de Urbanismo el desarrollo de un nuevo planteamiento para el plan especial de suelo no urbanizable de la Carretera de Palma. Que en Córdoba se conoce por la edificación más famosa y con menos papeles que existe en todo su ámbito de influencia: las naves de Colecor.
Los abogados de la empresa han formalizado el incidente de ejecución de sentencia con el objetivo de que el Ayuntamiento de Córdoba saque del cajón un plan especial que se encuentra anulado en sus partes más relevantes, los artículos 14 y 20 de las ordenanzas. Esos artículos son los que fijan qué usos se pueden realizar en las construcciones de la zona y cómo se reparten los metros cuadrados de cada propietario. En el último documento, la propiedad de las naves de Colecor salía claramente beneficiada del ‘reparto’ por encima de cualquier otro dueño de suelos de la zona.
Una de las curiosidades del procedimiento es que la sentencia que anuló por segunda vez el plan de la Colecor data de 2017 pero nadie, nunca, pidió que se ejecutara la sentencia. Diez días después de emitirse, el órgano administrativo aludido, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, tiene que recibir una notificación del juzgado para que se lleve a la realidad la sentencia. En este caso, entraba en vigor el plan especial menos dos artículos que, en buena lógica, había que reformular. El escrito presentado ante el TSJA explica que no constan en las actuaciones seguidas ninguna advertencia al Ayutamiento de Córdoba.
La posibilidad de que un juzgado ordene a Urbanismo que lleve a cabo un proyecto de este tipo en seis meses sería bastante novedosa. Básicamente, la reformulación del plan especial tiene unos tiempos concretos. Además, el Consistorio sabe que lo que toca en Colecor es un replanteamiento mucho más amplio que lo que alcanzan dos artículos por muy estratégicos que fuesen.
Sí puede servir para que acabe el desinterés político por solventar la situación. El Ayuntamiento de Córdoba ha esquivado durante muchos años entrar en Colecor porque es un avispero político. La última vez que se planteó la legalización de las naves se hizo con un acuerdo político que dividió al PSOE y que suponía el derribo de unos 15.000 metros cuadrados de la construcción irregular.