Casi 1.300 entidades de Bancos de Alimentos y Cruz Roja se quedan fuera
▶ El sistema propuesto desde Madrid afectaría también a los comedores sociales
El modelo ideado por el Gobierno central para el reparto de estos alimentos básicos a los más vulnerables tiene otras víctimas colaterales, y no son irrelevantes una vez que se agote el último reparto del programa FEAD en marzo de 2024. Se trata de cerca de 1.300 entidades de reparto atendidas por los Bancos de Alimentos y la Cruz Roja en Andalucía que están llevando estos alimentos a 330.158 personas. La cifra no ha parado de aumentar además debido a la inflación y al encarecimiento de la cesta de la compra.
La Consejería de Inclusión Social de la Junta sale en defensa de dichas entidades y de la impagable labor que han realizado «en los momentos más difíciles de estos últimos años. Han demostrado ser un valioso aliado implementando eficazmente programas extraordinarios de atención a las necesidades básicas de la población más vulnerable y el nuevo modelo las está abocando a la desaparición. Una desaparición que Andalucía no puede tolerar», sostiene.
Por ello, reconoce que alberga «una honda preocupación» por las consecuencias que para Andalucía pueden suponer los términos en que finalmente quede reformulado el Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España, y exige al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Derechos Sociales la reformulación del mismo.
En concreto pide la habilitación de una vía dual para la provisión de la ayuda, de modo que junto a la modalidad indirecta a través de un sistema de tarjetas puedan proporcionarse alimentos y asistencia material básica directamente a las personas más desfavorecidas a través de las entidades de distribución, tal como se ha venido gestionando hasta ahora.
También reclama la modificación de la definición de los principales grupos destinatarios, de modo que la intervención no se concentre exclusivamente en familias con menores a su cargo y se permita a las comunidades autónomas adaptar el perfil de las familias destinatarias en función de sus propias singularidades.
El director general de Protección Social y Barriadas de esta consejería, Antonio Huertas, reconoció en declaraciones a ABC la gravedad de la situación que se avecina si el Gobierno no reconsidera sus planes: «El actual modelo, dada la extensión del territorio y la singularidad de Andalucía, nos permite llegar a una población muy amplia con este reparto y con comedores sociales. Ahora se quiere hacer con tarjetas o vales y sólo para familias con menores. Se nos van a quedar fuera muchísimas personas que necesitan estos alimentos básicos. Es algo que no podemos permitir».
«Es necesario encontrar soluciones porque esto condicionará la capacidad de atención de Andalucía a la población vulnerable a lo largo del próximo lustro», sentencia la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.
La Consejería de Inclusión sale en defensa del trabajo «impagable» de estas organizaciones, que define como un «valioso aliado»