La corrupción y los escándalos judiciales contaminan la campaña electoral en Portugal
Los candidatos se enfrentan a un ciclo de 30 debates televisivos con compañeros envueltos en causas en los tribunales
Un elefante no sale de una cristalería sin romper la mejor vajilla. Así son los escándalos judiciales que atormentan la campaña electoral para las elecciones legislativas del 10 de marzo en Portugal. Si las elecciones anticipadas se desencadenaron por la dimisión del primer ministro António Costa, acusado de tráfico de influencias, que derribó un gobierno con mayoría absoluta, el lastre de la corrupción persigue al Partido Socialista, con la condena por el Tribunal de Apelación de Lisboa del ex primer ministro José Sócrates para responder por 22 delitos de corrupción, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Todo ello después de que el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa sólo hubiera validado seis delitos ante la fiscalía.
Los socialdemócratas comenzaron su campaña envueltos en un aura de ética republicana, pero «los primeros carteles que puso el PSD eran de lucha contra la corrupción y hubo que quitarlos», explica a ABC Paulo Baldaia, exdirector de la radio TSF y del ‘Diário de Notícias’. Pues bien, no fue suficiente que el elefante rompiera la porcelana de los socialistas y, cuando menos se esperaba, un avión de la Fuerza Aérea con cerca de 200 inspectores de la Policía Judicial aterrizó en Madeira para detener al socialdemócrata Pedro Calado, alcalde de Funchal, e imputar a Miguel Albuquerque, presidente del Gobierno Regional de Funchal y representante de Luís Montenegro en la campaña electoral, por corrupción activa y pasiva, entre otros delitos asociados al ejercicio de cargos públicos.
Así, la justicia entró con fuerza en la política, incluso antes de la campaña electoral, «contribuyendo al cambio de dos gobiernos, con elecciones anticipadas en la República debido a la Operación Influencer y en Madeira, donde hay que esperar hasta el 24 de marzo para ver si también se disuelve la Asamblea Regional», añade Baldaia, periodista y analista político. Si en la República el presidente Rebelo de Sousa se apresuró a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, la disolución de la Asamblea Regional de Madeira sólo puede producirse seis meses después de las últimas elecciones regionales.
Según Baldaia, la evolución del caso Marquês ya tiene menos peso en la opinión pública, a pesar de que perjudicó al PS en las elecciones de 2015, cuando, a pesar de la derrota del Partido Socialista, António Costa formó un gobierno apoyado en el Parlamento por los partidos de izquierda.
Tres casos judiciales
Estos tres casos judiciales que han adquirido notoriedad en los últimos dos meses, a saber, la Operación Influencer contra António Costa y el exministro de Infraestructuras João Galamba, el caso Marquês contra José Sócrates y algunas de las personalidades más influyentes de la sociedad portuguesa, y la megaoperación judicial en Madeira contra Albuquerque y Calado, se suman a los casos acumulados por exministros y secretarios de Estado del Gobierno saliente. «Aunque la Fiscalía no hubiera hecho público el párrafo (que divulga la investigación contra el primer ministro), el dinero en el escritorio del jefe de gabinete habría forzado su dimisión», añade Baldaia.
Entrevistado por ABC, el eurodiputado Nuno Melo, número dos de la coalición preelectoral Alianza Democrática y presidente del CDS-PP, es inequívoco al afirmar que «los socialistas han sumado fracasos de gobierno a escándalos políticos y judiciales, que acabaron en una crisis política irresoluble tras los registros judiciales en la residencia oficial del primer ministro. El fracaso del Gobierno se puede medir por las 14 decisiones en un par de años».
La baza de Ventura
Ahora, tanto Nuno Santos, líder de los socialistas, como Montenegro, de los socialdemócratas, se enfrentan a un ciclo de 30 debates televisivos con compañeros envueltos en causas judiciales. Esta es la baza de Ventura, líder de la extrema derecha, que nunca ha estado en el Gobierno pero afirma priorizar la lucha contra la corrupción.
La edición 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción revela que la lucha contra esta lacra sigue sin avanzar y deja al descubierto la falta de integridad de la política en Portugal, que ocupa el puesto 34 de 180, por debajo de los países de Europa Occidental.
Según el informe de Transparencia Internacional (TI), el hecho de que la Operación Influencer sumiera al país en una crisis política tras la detención del jefe de gabinete de António Costa y la incautación de 75.000 euros de su oficina es un ejemplo de cómo persisten los escándalos de integridad política.
TI subraya la necesidad de reforzar las normas sobre conflictos de intereses y transparencia en los cargos públicos e insta a Portugal a dar prioridad a la legislación sobre los grupos de presión. El estudio ‘El coste de la corrupción en la Unión Europea’, del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, publicado en 2018, estima que la corrupción equivale al 8-10% del Producto Interior Bruto de Portugal, unos 20.000 millones de euros.
«Los primeros carteles que puso el PSD [en la campaña] eran de lucha contra la corrupción y hubo que quitarlos»