La juez ordena a la Guardia Civil eliminar las imágenes sexuales del ‘WhatsApp de los narcos’
Malestar entre los abogados, a los que exige que entreguen sus ordenadores para destruirlos
La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha dictado un auto en el que ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que proceda al expurgo del sumario de una causa por narcotráfico que contiene un centenar de imágenes sexuales y conversaciones íntimas, como desveló ABC.
Se trata de imágenes íntimas de decenas de mujeres que ni siquiera están investigadas en la causa y en las que se ven sus rostros y sus cuerpos en actitud sexual. Las fotos se acompañan con cientos de conversaciones de texto de índole sexual y personal, en la que hablan incluso de asuntos de salud y otros que competen a menores. Todo el material, incluidas también fotografías e identidades completas de policías colombianos de la lucha contra el narcotráfico, fue incorporado al sumario y puesto a disposición de más de diez abogados, personados en la operación Walnut, y procede de la intervención de los servicios de mensajería Sky y Encrochat, conocidos como ‘el WhatsApp de los narcos’.
Uno de los letrados puso los hechos en conocimiento del juzgado, ante lo que la magistrada ha dado tres instrucciones. La primera de ellas es acordar «el expurgo inmediato de todos los datos que no tengan interés para la presente investigación», tarea que debe realizar la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que lleva la causa.
La segunda es la más polémica, pues requiere a las partes –los abogados de los encausados– para que en el plazo de cinco días «depositen en la secretaria de este juzgado los soportes que contengan información sensible y que no tengan relación con la causa para proceder a su destrucción». Los abogados acceden a la documentación que se va incorporando al sumario conectándose con sus claves a la plataforma Lexnet, del Ministerio de Justicia.
Asombro entre las defensas
Cuando lo hicieron en el marco de esta causa y descargaron el material disponible, para articular la defensa de sus clientes, descubrieron, para sus asombro, una colección de imágenes
sexuales y conversaciones que nada tenían que ver con la investigación por narcotráfico. De hecho, fue uno de ellos quien lo puso en conocimiento del juzgado, pidió el expurgo y la apertura de una investigación. Los letrados descargaron el material en sus ordenadores de trabajo que, según el auto de la juez, emitido a finales de febrero y al que ha tenido acceso ABC, tendrían que ser entregados para su destrucción completa.
Recurrir la orden
Según las fuentes consultadas por ABC, esta decisión ha provocado un hondo malestar en las defensas, que no son responsables de la filtración de material íntimo y que lo descargaron como hacen habitualmente con un auto, una providencia o un informe policial. Como no están dispuestos a entregar los ordenadores para su destrucción por un asunto en el que carecen de responsabilidad, decidieron recurrir la decisión de la magistrada.
En cuanto a la tercera medida ordenada en el auto por la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, se refiere a la prohibición de publicitar el material sensible al que han tenido acceso: «Se requiere a las partes para que se abstengan de difundir cualquier tipo de dato en relación a estas informaciones que nada aportan a las presentes actuaciones».
Por otro lado, la juez ha rechazado, en el mismo auto, investigar la filtración masiva «de carácter sensible». Argumenta, en línea con la Fiscalía, «que de estimar que se ha incurrido en algún tipo de infracción administrativa o ilícito penal, la parte podrá ejercitar las acciones que a su derecho interese ante el órgano competente».
Es decir, la magistrada descarta llamar a declarar a varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trataron el material, así como a los responsables de la investigación, entre otras diligencias, y remite a los abogados defensores a interponer una querella, si así lo consideran, fuera de estas diligencias.
La juez rechaza investigar a guardias civiles y policías por la difusión del material porque las partes pueden denunciar en otro juzgado