Los inspectores de Hacienda avisan de que el cupo catalán aumentaría el fraude fiscal
Rechazan la propuesta por «inconsitucional», y aseguran que tendría «graves consecuencias» en el control tributario
Rechazo frontal de los inspectores de Hacienda a la propuesta del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para conseguir su «plena soberanía fiscal». Consideran que la iniciativa que presentó la semana pasada el Ejecutivo de Pere Aragonès es «inconstitucional», incumpliría los principios de igualdad, solidaridad y justicia, aumentaría el fraude fiscal y deterioraría los servicios al ciudadano, al mismo tiempo que fraccionaría la Agencia Tributaria.
Así se desprende del análisis realizado ayer por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que alerta de que el modelo propuesto supondría la desaparición de la AEAT en Cataluña. Los inspectores de Hacienda han estudiado la propuesta de reforma de la financiación catalana del Ejecutivo de ERC, que se inspira en los modelos fiscales vasco y navarro (contemplados en la disposición adicional primera de la Constitución), y que pretende que Cataluña pueda liquidar, gestionar e ingresar el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio. El 20% del PIB que representa Cataluña choca con el 6-7% de País Vasco y Navarra: «El agujero sería mucho mayor», afirmó el vocal y portavoz de la asociación, José María Peláez.
«La cesión del cien por cien de los tributos a Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), ni en las normas de desarrollo», apuntó Peláez, que analizó en la presentación las consecuencias jurídicas y económicas de la pretendida soberanía fiscal de Cataluña: «Si esta comunidad, que representa el 20% del PIB, deja de dotar de fondos al Estado, las comunidades autónomas van a recibir menos importe y los ciudadanos van a estar peor financiados, va a haber menos servicios…», enumeró.
Según los cálculos incluidos en la propuesta la Generalitat, detalló Peláez, «la recaudación pasaría a 52.000 millones, duplicando el volumen de ingresos al que llegan actualmente». «Si Cataluña se queda con el 100% de los impuestos, estaría privando al Estado de dotar los fondos para lograr una cohesión social y territorial, entre todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos del territorio nacional», dijo, insistiendo en que el modelo propuesto por Cataluña establece
CONSECUENCIAS DE LA «PLENA SOBERANÍA FISCAL» Un sistema de información incompleto
A juicio de los inspectores de Hacienda, el sistema de información tributaria es uno de los principales activos de la AEAT y está reconocido «internacionalmente» como ejemplo de eficacia y eficiencia. La lucha contra el fraude fiscal se fundamenta, dicen, en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible
Gestión de las retenciones afectada
La propuesta de la Generalitat podría afectar a la gestión de las retenciones –más del 80% de los ingresos de IRPF de 2022 fueron retenciones de trabajo y actividades profesionales–. Si se fraccionara, se establecerían más obligaciones a los contribuyentes y existirían dificultades para la gestión de devoluciones de contribuyentes con rendimientos en diferentes CC.AA.
Riesgo de no controlar las actividades económicas
Los inspectores de Hacienda consideran que, para una «mínima eficacia» en la lucha contra el fraude, es preciso que una misma Administración tributaria efectúe el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas, debido a la fuerte interrelación entre las mismas (IS, IRPF, IVA).
Problemas en la recaudación tributaria
Los expertos insisten en que, en el ámbito de la recaudación tributaria, la cesión generaría graves problemas, porque se verían perjudicadas actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación, que afectan a todo el territorio nacional.
Una plantilla de trabajadores en el aire
De los casi 26.00 trabajadores de la AEAT en España, 5.000 prestan sus servicios en Cataluña. La cesión del cien por cien de los impuestos supondría traspasar a todos los funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, provocando «graves perjuicios» personales y familiares.
La Agencia Tributaria, moneda de cambio
Los inspectores piden al Gobierno que la AEAT no se convierta en «moneda de cambio»; su fraccionamiento, dicen, supondría la quiebra de la trayectoria de la Agencia desde su creación, iniciando un camino sin retorno «en sentido contrario»
la desaparición de la AEAT en la comunidad y contempla el «traspaso» de los medios materiales, humanos y económicos a la agencia catalana. Un traspaso del que los inspectores de Hacienda en esta comunidad, 5.000 funcionarios, tampoco tienen información.
Trabas para detectar fraude
El posible aumento del fraude fiscal y la imposibilidad de perseguirlo preocupa también a estos expertos. La vicepresidenta de los inspectores de Hacienda, Teresa Benito, considera que la separación de Cataluña del sistema actual pondría también en riesgo «el gran activo» de la Agencia Tributaria, que es, a su juicio, el sistema de información y la base de datos que permite que la lucha contra el fraude «sea mucho más eficaz».
Para garantizar una «mínima eficacia», consideran los inspectores, es preciso que una misma Administración tributaria «efectúe el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas, debido a la fuerte interrelación» entre las mismas (IS, IRPF, IVA). La lucha contra el fraude «se basa en un sistema de información tributaria unificado lo más completo posible. Romper este sistema iría en deterioro de todos los ciudadanos», alertó Benito, detallando que, «si se fracciona la Hacienda catalana, perderíamos toda la información de las empresas que están ahí». Según los datos que manejan los inspectores, Hacienda recauda unos 15.000 millones de euros anuales en actuaciones de control: «La tendencia en Europa es totalmente contraria a la fragmentación de la inspección».