Garantía de democracia
NO es en absoluto exagerado decir que, para España, las próximas elecciones europeas del 9 de junio son las más importantes de todas las que se han celebrado hasta ahora. Por razones nacionales, primero: vivimos una grave crisis política e institucional, y escuchar la voz de la ciudadanía es esencial. Y por razones europeas, después: la batalla por el Estado de derecho en la Unión, que ha estado en primera línea en la legislatura que acaba, va a seguir siendo vital, y España es uno de los países en los que se libra esa batalla.
Saber estar en el Parlamento y utilizar bien las herramientas que tenemos los eurodiputados es garantía de que nuestras democracias van a ser defendidas.
Vamos al grano: en el Comité de Asuntos Jurídicos se ha logrado el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para poder ser juzgados en España por sedición y malversación. Y no se pueden imaginar las presiones del entorno independentista y, lo que es peor, la connivencia del Gobierno de Sánchez con los exdirigentes fugados, eliminando, por ejemplo, el delito de sedición y abaratando la malversación. El trabajo del Comité ha sido respaldado por la inmensa mayoría del Parlamento y, finalmente, por el Tribunal General de la UE, que ratificó en sentencia la corrección del procedimiento y la actuación de la presidencia, cuestionada por la defensa de Puigdemont.
El Comité ha rechazado la adquisición fraudulenta del acta de diputado por parte de Puigdemont, Comín y Ponsatí, concedida en diciembre de 2019 a pesar de no haber cumplido con los requisitos que la ley española fija a tal efecto (acatamiento de la Constitución). La concesión de la plena condición de diputados podría haber sido revocada por la Justicia europea si el Gobierno de España hubiese recurrido la decisión. La decisión final está pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pues la sentencia del Tribunal General (TGUE) fue recurrida en apelación y no es firme.
En su calidad de responsable para las relaciones con la Justicia europea, el Comité ha mantenido sesiones de trabajo con el TJUE y el TGUE, en particular a través de las visitas de la presidencia del Comité a Luxemburgo. Ambas instituciones reforzaron su compromiso con este valor fundacional de la UE, lo que resulta clave para España en el actual contexto político, en el que el Gobierno está a punto de sacar adelante una amnistía pactada con los delincuentes que venderá impunidad penal a cambio de siete votos.
El Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior es otra de las piedras angulares de la arquitectura europea en materia de defensa de la democracia y el Estado de derecho. Desde ahí se ha impulsado el debate sobre si la amnistía propulsada por el Gobierno se ajusta al acervo comunitario desde el punto de vista de los derechos democráticos y de la malversación y la corrupción. Además, ha sido clave a la hora de plantar cara al Gobierno de Orban en Hungría y al anterior Gobierno polaco, que han sido los primeros en poner en peligro las bases fundacionales de nuestra Unión.
Por todo ello, el Parlamento Europeo que salga de las urnas de junio va a ser clave. Nos esperan retos vitales para nuestro futuro. De la fuerza de cada familia política y de las alianzas que se establezcan dependerá que se afiancen más o menos las democracias basadas en leyes y valores que forman la Unión; dependerá que se pueda derrotar la deriva iliberal y populista que nos amenaza desde los extremos políticos del continente.
Y en esa próxima legislatura va a ser fundamental que haya eurodiputados españoles en los comités mencionados, comprometidos con la democracia y el imperio de la ley. Ahí es donde se defiende el Estado de derecho y la separación de poderes. Ahí es donde se vigila el respeto a la independencia judicial y las libertades y derechos de los ciudadanos. Ahí es donde España, y también Europa, se la juegan.