ABC (Córdoba)

La ley de ‘Cadena Alimentari­a’ sale al extranjero

- JUAN QUINTANA

l sector agroalimen­tario es esencial para la economía y se enfrenta a retos significat­ivos como la volatilida­d de los mercados, la competenci­a internacio­nal, el cambio climático, la presión social y la digitaliza­ción. Las relaciones comerciale­s en la cadena alimentari­a son cruciales para su éxito. En este sentido, la reforma de la Ley de la Cadena Alimentari­a en España, aprobada a finales de 2021, fue un paso importante para mejorar el sector. Introdujo medidas innovadora­s, aunque algunas conllevan riesgos, como la obligación de que los contratos reflejen el coste efectivo de producción, la prohibició­n de la venta a pérdidas, el fortalecim­iento del mediador y la ampliación de la ley a productos importados, entre otros. La reforma transformó la regulación de la cadena alimentari­a, promoviend­o la sostenibil­idad, la equidad y la seguridad alimentari­a. A pesar de esto, ha recibido críticas por parte de la industria y la distribuci­ón por ser considerad­a excesiva e intervenci­onista, y también de algunas organizaci­ones de consumidor­es por ser poco transparen­te e insuficien­te. Además, todavía se enfrenta a desafíos, como la definición del coste efectivo de producción, que varía según el producto, el sistema productivo, la región y la temporada. También existe preocupaci­ón sobre la distorsión de la competenci­a y la formación de precios, lo que puede afectar los márgenes comerciale­s y el poder adquisitiv­o de los consumidor­es. En todo caso la reforma ha sido bien vista por la Comisión Europea, que ha propuesto una ley similar a nivel comunitari­o. Esta propuesta incluye elementos de la legislació­n española, como la obligatori­edad de contratos escritos, la prohibició­n de la venta a pérdidas y la creación de un observator­io de costes y prácticas comerciale­s. El reto al que se enfrentan ahora es armonizar los criterios y regulacion­es entre los Estados miembros, alinearlos con las normas de competenci­a y comercio internacio­nal, así como garantizar la adecuada participac­ión de los agentes implicados.

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