Armengol usurpa las funciones del Pleno para despachar al Senado

▶La Cámara Alta rechaza que la Mesa del Congreso tenga legitimidad para responder al choque institucional ▶El PP recuerda que es el Tribunal Constitucional el que debe decir si es procedente o no el requerimiento

Suenan las alarmas en el Senado, inmerso en la mañana de ayer en un simulacro de evacuación que casaba a la perfección con el incendio que se estaba produciendo a nivel institucional. El pitido constante coincidió con el anuncio de la Mesa del Congreso de rechazar el requerimiento realizado por el Pleno de la Cámara Alta el pasado miércoles. Una respuesta que, lejos de cerrar la herida entre instituciones, sirvió para enconar más el conflicto, al entender la Presidencia del Senado que la respuesta debía llegar vía Pleno y no a través del órgano de control, al que acusó de querer usurpar sus funciones a los diputados.

Es la misma interpretación que hicieron los miembros del PP en la Mesa del Congreso, donde volvieron a batallar en solitario, sin éxito, contra la mayoría que ostentan en este órgano el PSOE y Sumar. Sorprende la celeridad con la que la Cámara Baja ha dado respuesta al Senado, dejando ahora en manos de los populares tomar la decisión de si acuden ya al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva el conflicto entre ambas cámaras legislativas o si exploran otras vías, a la espera de que la ley de amnistía, la causa de todo, sea aprobada y recurrida ante el órgano de garantías.

La propuesta de acuerdo de los letrados del Congreso sobre el requerimiento del Senado, filtrada ya anteayer, antes de la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, era desestimar la petición de la Cámara Alta por «improcedente» y no solo no retirar la ley de amnistía, como pedía esta, sino instarle a tramitarla con normalidad. Las anotaciones jurídicas, un anexo en el índice rojo de cara a la cita del órgano rector del Congreso, distaban mucho del criterio emitido por sus homólogos del Senado. Pero los populares ni siquiera entran en el fondo, sino que cuestionan el procedimiento al entender que el que debía responder al conflicto planteado por la mayoría de senadores era el Pleno del Congreso.

«La Mesa se ha extralimitado», lamentaban ayer fuentes del PP con asiento en este órgano, donde intentaron convencer a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que convocase un pleno extraordinario para que se pronunciasen todos los grupos parlamentarios. Los populares se refieren a dos artículos del Reglamento de la Cámara Baja para cimentar sus argumentos: el 31, donde no se cita entre las competencias de la Mesa la retirada de una proposición de ley; y el 129, que recoge expresamente que una iniciativa tomada en consideración por el Pleno solo la puede retirar este.

Es decir, el PP entiende que, al pedir el Senado la retirada de la ley de amnistía, solo el Pleno del Congreso tiene la capacidad de tomar esa decisión o la contraria y no la Mesa del Congreso. «Se ha extralimitado –añaden estas fuentes– considerando improcedente el conflicto. En el caso de que el Senado tome la decisión de plantearlo, será el Tribunal Constitucional quien diga si es procedente o no».

En la reunión de la Mesa, el PP preguntó al letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, si había algún precedente en el que el órgano de control de la Cámara Baja despachase un asunto de esta entidad sin evacuarlo al Pleno. El secretario general citó uno del año 2016, relativo a un veto presupuestario del Gobierno, pero en aquella ocasión se trataba de una decisión que había emanado exclusivamente de la Mesa. Ahora, al contrario de lo argumentado en las anotaciones jurídicas del Congreso, el Senado no recurría la mera calificación de la ley, un paso que aprueba la Mesa, sino toda la tramitación: en ponencia, en comisión y en pleno. Es por ello por lo que los populares defienden que es el conjunto de sus señorías, y no solo la Mesa, el que tenía que responder al conflicto.

Hurto de funciones

La rapidez del Congreso a la hora de responder al requerimiento del Senado, inesperada, estaba también prevista en la hoja de ruta de la Cámara Alta. De hecho, no hay nada fuera de control en el plan orquestado contra la amnistía durante meses en la plaza de la Marina. Cuando llegue oficialmente, la respuesta de la Mesa de la Cámara Baja será rechazada, pues se entiende que no tiene competencias para contestar al requerimiento. Un asunto que «solo compete al Pleno», según una nota elaborada por la Presidencia del Senado desvelada ayer por ABC. Un documento de cuatro páginas en el que se justifica la ilegitimidad del órgano de control y la necesidad de que sean todos los diputados los que estudien, debatan y contesten al requerimiento: «No puede entenderse que la Mesa de la cámara posea la atribución de contestar al planteamiento de un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado ante el TC. Muy al contrario, la regulación del conflicto entre órganos constitucionales se establece en el artículo 73 de la Ley Orgánica del TC, en que se remite al Pleno como órgano competente para la adopción de acuerdos en relación con este proceso».

Se recalca que solo el Pleno está autorizado a retirar una proposición de una ley orgánica y que la Mesa no puede atribuirse competencias que no ostenta. «No cabe el ejercicio de competencias que estén atribuidas a otro órgano específico, como el Pleno, pues no existen como tales competencias compartidas o concurrentes», apunta el escrito, que ahonda más en esta cuestión, al entender que «fue el Pleno de la Cámara Baja el que hizo suya la iniciativa de la amnistía mediante la votación del 14 de marzo y solo a él compete su retirada o el pronunciamiento relativo a este punto, sin que la Mesa pueda hurtar esta función del órgano que ostenta la competencia y la representación por antonomasia de la institución».

La nota de la Presidencia del Senado hace referencia al artículo 120 del Reglamento de la Cámara Baja, en el que se apunta que «aprobado un proyecto de ley por el Congreso, su presidente lo remitirá, con los antecedentes

del mismo y con los documentos producidos en la tramitación ante la Cámara, al presidente del Senado». En ese sentido, el informe en el que se apoyará la respuesta del órgano presidido por Pedro Rollán (PP) señala que «el artículo se refiere al Congreso, en cuanto órgano que aprueba las iniciativas legislativas, sin que pueda entenderse que el término Congreso, en este contexto, equivale a la Mesa». Se pone también de manifiesto que «las que se alegan como invadidas en el conflicto que plantea el Pleno del Senado no son las competencias de la Mesa del Congreso, sino las del Pleno de esta cámara, que vota en sesión plenaria la versión final en el Congreso».

La nota es muy contundente en sus argumentos y uno de ellos desmonta la legitimidad del órgano de control de la Cámara Baja aduciendo que «no representa al pueblo español y ni siquiera representa al Congreso de los Diputados debido a su composición y el Pleno del Senado sí lo hace». «Debe hacerse notar que en ella ni siquiera están representados todos los grupos parlamentarios», insiste en su argumentación para deslegitimar la respuesta de la Mesa del Congreso.