Hacienda carga a las clases medias un castigo de hasta 600 euros por no revisar el IRPF con la inflación
«La Administración está haciendo trampas a los contribuyentes», lamenta el REAF El castigo fiscal a las rentas medias por no deflactar el IRPF
Dejar sin tocar las tarifas y los mínimos personales y familiares del Impuesto sobre la Renta (IRPF) durante la escalada inflacionista, mientras los gastos de las familias se disparaban y la mejora de sus ingresos no alcanzaba a recomponer su poder adquisitivo, pero sí en ocasiones a desplazar a los contribuyentes a un tramo más gravoso del impuesto ha tenido sus consecuencias.
Según una proyección realizada por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) y difundida ayer, la no adecuación de las cifras clave del IRPF a la fuerte subida de los precios tras la guerra de Ucrania le ha cargado a los contribuyentes de clase media una factura en forma de más impuestos que oscila entre los 232,56 euros en el caso de los contribuyentes con rentas declaradas de 30.000 euros; los 403,98 euros para los que declaran 45.000 euros; y de hasta 611,74 euros para las de 70.000 euros durante el periodo 2021-2023.
Estas cifras aproximan en concreto el ahorro fiscal que habrían obtenido los contribuyentes en el caso de que el Ministerio de Hacienda hubiera actualizado las tarifas –que se supone que gravan de manera creciente las mejoras en el poder de compra de los contribuyentes– y los mínimos –que sobre el papel calculan los recursos mínimos individuales o familiares que el Estado debe proteger– del Impuesto sobre la Renta en función del 16,1% acumulado que se incrementaron los precios en ese trienio.
Pero el ejercicio también estima cuál sería el ahorro que habrían obtenido los contribuyentes en otros escenarios menos ambiciosos, pero que sí han sido tenidos en cuenta por algunos gobiernos autonómicos. De haber deflactado de cara a la declaración de la Renta de 2023 la tarifa con el 5,4% del incremento salarial medio registrado durante el ejercicio, el ahorro fiscal habría oscilado entre los 78 y los 274,13 euros en ese tramo de rentas medias que va entre las 30.000 y los 70.000 euros. Y si se hubiera optado por actualizar el impuesto con el IPC medio del 3,2%, el alivio para los contribuyentes habría estado entre los 46 y los 162.
El ahorro fiscal que habrían obtenido los contribuyentes equivale a los ingresos extra reales que se ha embolsado la Hacienda Pública con su inmovilismo y con su decisión de no contener los costes implícitos para los contribuyentes de no retocar el IRPF.
El núcleo duro del IRPF
El Ministerio de Hacienda decidió en su momento concentrar sus medidas de alivio fiscal contra la inflación en las rentas inferiores de 21.000 euros, lo que dejó fuera al 80% de los contribuyentes y, singularmente, a los ochos millones de rentas medias de entre 21.000 y 60.000 euros a los que la inflación también ha erosionado de forma significativa sus ingresos, pero que suponen cerca del 60% de la recaudación del IRPF, lo que convierte en extraordinariamente costoso para Hacienda actuar ahí.
«La Administración está haciendo trampa a los autónomos y a los contribuyentes de renta, que han sufrido cómo la inflación ha alterado su capacidad de pago y además se han visto obligados a pagar más impuestos», lamentaba ayer el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich. «Es una decisión política de difícil justificación. Sorprende que el Estado y las comunidades autónomas no hayan deflactado de forma generalizada las tarifas, en una situación económica que ha afectado tanto al poder de compra de los contribuyentes».
No es la única situación en que el Registro de Asesores Fiscales observa que se han puesto por delante las necesidades recaudatorias del Estado y no el interés de los contribuyentes.
Critican, por ejemplo, que Hacienda presuma de incrementar del 5% al 7% el porcentaje del rendimiento neto de las actividades económicas que los profesionales se pueden desgravar en concepto de gastos de difícil justificación, mientras se mantiene en 2.000 euros al año la cuantía máxima de esa desgravación, lo que limita enormemente su radio de acción. El presidente del REAF recordó ayer que ese límite lleva sin actualizarse desde 2007 y que de haberlo hecho estaría en 2.800 euros, dando un margen extra de 800 euros para deducir gastos.
Algo similar ocurre con los vales de comida, exentos de tributación, anclados regulatoriamente desde hace años en los 11 euros y que se han quedado obsoletos en un contexto en que el menú medio se sitúa, según las estimaciones del REAF en el entorno de los 13 euros. De haberse actualizado con la inflación la exención debería estar en los 12,80 euros.