La familia del soldado muerto en Cerro Muriano pide que se investigue al general
El abogado amplía así la responsabilidad de los cuatro superiores imputados
Luis Romero, el abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado 21 diciembre junto al cabo Jiménez Andújar en unas maniobras en la Base de Cerro Muriano; anunció ayer que recurrirá el auto emitido por el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla inhibiéndose en la investigación del caso en favor del Juzgado Togado Central, al objeto de incluir en la causa al general de brigada Ignacio Olazábal.
En un comunicado, este abogado penalista y doctor en Derecho mostró de nuevo su «satisfacción» y la de la familia del difunto soldado Carlos León ante dicha decisión del Juzgado Togado Militar derivada de la detección de indicios de posible delito respecto a mandos que ostentan los rangos de teniente coronel, coronel y comandante; esgrimiendo que había pedido investigar a tales mandos ante dicha instancia y previamente en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba.
«Desde el día siguiente a la fecha del accidente doblemente mortal dijimos y pusimos por escrito en la denuncia que no solamente eran responsables penales de la grave negligencia el teniente y el capitán, sino que era responsable toda la cadena de mando, incluido el general de brigada Ignacio Olazábal», enfatizó. Ahora avanza que recurrirá no obstante dicho auto, «por entender que también se deriva responsabilidad penal de la conducta del general de brigada, ya que es el máximo responsable de los jefes subordinados a su mando».
Del mismo modo, adelantó otro recurso ante el Tribunal Militar Central contra el auto del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla que le impone «una sanción de apercibimiento por haber revelado las actuaciones a los medios de comunicación», al entender que dicha medida vulnera su derecho constitucional a la libertad de expresión, opinión y de información y «contradice» otro auto que descarta «responsabilidad penal» o disciplinaria por su parte respecto al delito de revelación de secretos.
Sobre este aspecto, Romero dijo ayer que pedirá amparo al Colegio de Abogados de Sevilla y presentará ante el mismo quejas contra los abogados defensores del capitán y el teniente, por supuestas infracciones del Estatuto de la Abogacía y el Código Deontológico en cuanto al respeto, así como una demanda de conciliación previa a querella por delitos de injurias y calumnias contra el letrado del capitán. La citada instancia judicial expone en el auto que de lo actuado sobre el fallecimiento de los dos militares en la maniobra del cruce de un lago artificial en la base Cerro Muriano, «en principio se pudiera considerar que el fatídico resultado producido tuvo su origen en que las medidas de seguridad empleadas en orden a la correcta realización del ejercicio programado no cumplieron la función pretendida».
A tal efecto, recuerda que las diligencias en cuestión se dirigen contra el capitán Ignacio Zúñiga, el teniente Jaime Tato y el sargento Gustavo Álvarez, en cuanto posibles responsables penales de un presunto delito contra la eficacia en el servicio del artículo 77 del Código Penal Militar.
Dos posibles delitos
Como avanzó ayer ABC, el togado militar territorial de Sevilla, Rafael Román, ve indicios de dos posibles delitos en el caso de los cuatro superiores aforados y pertenecientes al Regimiento La Reina 2, a los que se ha señalado en este último auto. Por un lado, un presunto delito de omisión y otro contra los deberes del mando. El juez castrense entiende que, en base a un manual de adiestramiento de 2014 que recogía de manera específica medidas de seguridad para la prueba de un cruce de lago —como es el caso—, niel capitán como director del ejercicio ni sus mandos superiores como supervisores tuvieron en cuenta estas protecciones.
Anuncia una demanda de conciliación previa a querella por injurias y calumnias contra el letrado del capitán