«Los mandos deben correr la misma suerte que el capitán Zúñiga»
El letrado de la familia del cabo Jiménez dibuja el posible horizonte penal para los imputados
Francisco José Pérez Romero es el letrado de la acusación ejercida por los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez que murió durante una maniobr en Cerrro Muriano el pasado 21 de diciembre junto al soldado sevillano Carlos Léon. Sus padres lo eligieron a él porque era amigo de su hijo desde el colegio y en su etapa de juventud en Adamuz. Este letrado cumplió 34 años en diciembre, los mismos que una semana antes había cumplido el cabo Jiménez, para el que ahora busca que se haga justicia.
—La instrucción del caso abierto por la muerte de estos dos militares ha pasado en cuatro meses del juzgado ordinario al juzgado militar territorial y ahora el Tribunal Militar Central. ¿Cómo valora este recorrido?
—Nos parece lo correcto; es lo que veníamos defendiendo desde el principio. Porque investigar sólo al sargento, al teniente y al capitán habría sido insuficiente porque hay presuntas responsabilidades superiores. De quien tenía la responsabilidad de supervisar el perfecto desarrollo de las maniobras con las garantías y seguridad adecuadas. Por eso consideramos muy positivo que la competencia la haya asumido el Tribunal Militar Central. Para conocer la verdad, hacer justicia y defender el honor de aquellos que murieron en acto de servicio.
—¿En qué podría favorecer o no este cambio de juzgado en este caso?
—Favorece a la instrucción y por tanto a la Justicia, porque permite investigar donde existen presuntas responsabilidades que no es sólo en los mandos inferiores, sino también en la oficialidad.
–Las advertencias del juez togado al abogado de la familia del soldado fallecido por revelación de secretos y la amonestación, ¿le parece un hecho inédito?
—No es nada común. Porque además no se decretó secreto de sumario y es obvio que el ‘caso Cerro Muriano’ es de interés público. El derecho de los ciudadanos a la información debería haber primado.
—¿Considera acertada la decisión del juez y la fiscal militar de llamar a declarar a cuatro mandos además del capitán, el teniente y el sargento investigados?
—Sí, es totalmente acertada y así lo veníamos reclamando las acusaciones hasta este momento. Porque los mandos superiores tienen una obligación supervisora que presuntamente incumplieron y que debe ser juzgada.
—En el caso de este último, su imputación tras prestar declaración ante el togado militar y reconocer que él mismo fue uno de los afectados tras entrar en el lago congelado, ¿considera que ha quedado muy disuelta?
—Aún queda mucha instrucción pendiente de realizar, contando con que muchas declaraciones aún no se han realizado. Quedan diversas pericias que practicar, por lo que creo que aún estamos en un momento inicial como para considerar que la responsabilidad de un militar investigado en hechos tan graves ha quedado disuelta.
—El juez militar que hasta ahora llevaba el caso dice en su auto de inhibición al Tribunal Central que se dejaron pasar «aspectos muy importantes» como el punto de cruce del lago, la distancia, profundidad o si era necesario nadar… ¿qué opinión le merece este apunte?
—Que el instructor ha podido observar en muy poco tiempo, por su dedicación y por la evidencia de los hechos acaecidos, la total negligencia existente en el ejercicio por parte de aquellos que debían de supervisar su buen hacer, la total falta de medios de seguridad, el desprecio a las circunstancias periféricas existentes, … que no podían augurar sino una desgracia como esta.
—¿En qué punto de la instrucción nos encontramos?
—En la actualidad, y debido a la cantidad de pruebas existentes y la mínima que se ha practicado en sede judicial, creo que aún nos encontramos en un momento ‘embrionario’ o inicial.
—¿Por qué delitos se les investigaría a estos últimos cuatro mandos?
—Los delitos del Código Penal Militar (CPM) en los que podría estar enmarcada la responsabilidad de los últimos cuatro mandos son el de comisión por omisión (art. 77 CPM), y delito contra los deberes de mando (art. 63 CPM).
—¿Cree que han sido suficientes las diligencias de la Guardia Civil?
—El atestado de la Guardia Civil es muy completo, con testificales de los principales actores; queda por determinar la responsabilidad ‘in vigilando’ de la oficialidad, que es un asunto, entendemos, ajeno al atestado.
—¿Ha actuado con diligencia el Ministerio de Defensa al apartar de su cargo al capitán investigado cuatro meses después? ¿Cree necesario tomar alguna medida cautelar más?
—Creemos que ha actuado bien, aunque tarde y debido a las exigencias de las acusaciones particulares. Obviamente, y siguiendo el mismo criterio, que es el recogido en el artículo 111.1 de la Ley de la Carrera Militar, creemos que los nuevos investigados deben de correr la misma suerte que el capitán Zuñiga en relación con el desarrollo de su actividad profesional militar.
—¿A qué penas se podrían enfrentar los investigados de ser culpables?
—Deberían de ser apartados de su cargo de manera cautelar y eventualmente expulsados del Ejército y condenados a indemnizar a las víctimas en caso de ser declarados culpable.
Inhibición
«Ha sido muy positivo que pase al Tribunal Central para conocer la verdad, hacer justicia y defender el honor de los fallecidos»
—¿Dónde están las claves del caso?
—La falta de medidas de seguridad, de auxilio, control y supervisión por parte de las superioridad en relación con la ejecución de las actividades, el total desprecio a la comprobación de las condiciones y actitudes físicas de los aspirantes, sin olvidar que estábamos en un período básico de instrucción. La falta de control sobre el frío, estado del agua o la falta de empatía, cuidado y guarda, de la superioridad en relación con el pelotón.
Instrucción «Creo que aún nos encontramos en un momento ‘embrionario’ o inicial del caso»