Desde multas para clientes a contratos laborales para ellas
Las discusiones sobre la prostitución en el Parlamento Europeo llevan años bloqueadas por las distintas visiones excluyentes de cada uno de los países a la hora de aceptar o perseguir esta actividad. En Alemania, Austria, Países Bajos, Grecia y Letonia la prostitución es legal y la regulan en determinados espacios. Enfrente se encuentran Suecia y Noruega, que la prohíben, pero no a través de la oferta, sino que los perseguidos son los clientes. En Croacia, Malta y Lituania se castiga tanto a los usuarios como a las prostitutas. Pero en la mayoría de países tiene un estatuto alegal o al menos ha sido despenalizada. Bélgica, sin embargo, constituye un caso en el que el ejercicio de esta profesión se desarrolla con las mismas reglas que cualquier otra actividad económica, con contratos laborales, derecho al desempleo, seguridad social y cotizaciones para la pensión de jubilación.
Desde 2022, el belga es el segundo país del mundo después de Nueva Zelanda en aplicar las reglas laborales generales a esta actividad concreta de modo que las prostitutas tienen derecho a la seguridad social o a los permisos de maternidad, como cualquier otro trabajador. Pueden tener horarios, vacaciones, días libres y convenios colectivos y también la obligación de pagar impuestos. Lo que está prohibido es el proxenetismo y la trata.
Es un paso más allá de lo que se practica en la vecina Holanda, donde la prostitución no está perseguida y de hecho es uno de los atractivos turísticos más conocidos de Ámsterdam, a pesar de que sus autoridades llevan décadas tratando de reconvertir el famoso Barrio Rojo y sus escaparates.
En Italia el mercado de la prostitución –legal entre adultos que dan su consentimiento, pero ilegal toda actividad colateral como los burdeles– es un gran negocio, con casi 5.000 millones de euros de facturación al año, según el Instituto Nacional de Estadística. «Ni siquiera durante el Covid se interrumpió la actividad. Italia cuenta con tres millones de clientes y más de 90.000 trabajadoras estables cada año, para una facturación que en 2021 ascendió a 4.500 millones de euros», afirma Codacons, la principal organización de consumidores del país.
Un caso parecido es el Reino Unido, donde la prostitución en sí misma no es ilegal, pero muchas actividades asociadas con ella sí están criminalizadas. En Inglaterra y Gales, la ley prohíbe la administración de burdeles, el proxenetismo y la oferta y demanda de servicios en lugares públicos, como las calles o incluso dentro de un vehículo. Escocia tiene regulaciones similares, criminalizando también actividades relacionadas mientras permite la prostitución en sí, y las leyes penalizan dura
mente cualquier forma de explotación o tráfico de personas, así como cualquier tipo de coerción, control o abuso de las trabajadoras sexuales. Irlanda del Norte, en cambio, adoptó en 2015 un modelo más estricto, castigando con multas e incluso cargos criminales a los clientes que compran servicios sexuales con el fin de reducir la demanda y proteger a las trabajadoras sexuales.
En Grecia es legal y está regulada desde 1999, pero el país heleno prohíbe el ejercicio de la prostitución en la calle, hoteles o en las casas particulares y establece que los prostíbulos estén ubicados a más de 200 metros de distancia de iglesias, escuelas y guarderías, centros juveniles, polideportivos, plazas o parques infantiles. Desde 2016, Francia, por su parte, permite la prostitución, pero castiga a los clientes con penas de 1.000 a 3.750 euros. En su día, esta legislación fue presentada como «un avance significativo de los derechos de la mujer». En la práctica, sin embargo, prostíbulos y meretrices siguen siendo relativamente «visibles», en París y ciudades de provincias, en lugares muy concurridos.
Certificados de registro
Alemania legalizó la prostitución en 2002, y permitió a las prostitutas nacionalizadas gozar de contratos laborales. Sin embargo, durante la celebración del Mundial de Fútbol de 2006, las mafias procedieron a un traslado masivo de unas 40.000 prostitutas extranjeras ilegales y a las que no asistía ningún derecho, lo que le valió a Berlín el apodo de «burdel de Europa».
Todo ello motivó una reforma legal que no llegó hasta 2017 y por la que las empresas dedicadas a la prostitución están obligadas a obtener certificados de registro válidos durante dos años, tras someterse al asesoramiento sanitario prescrito.
En Portugal no está penalizada y aunque no está regulada, es ilegal que una persona la fomente o facilite. La prostitución organizada, como los burdeles, los grupos de prostitución u otras formas de proxenetismo, está prohibida. A pesar de ello, en el barrio de lujo de Lisboa, en torno al Marquês de Pombal, se encuentran algunas de las casas más famosas que ofrecen servicios que van desde la prostitución hasta el estriptis. Esto ha provocado que se dispare el turismo sexual en Lisboa.
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