Europa culmina la liberalización total del sector ferroviario
Dentro de 6 años las licitaciones de servicios públicos serán abiertas Cambio legislativo
No será este año ni el que viene, pero a medio plazo podríamos ver operar con normalidad en el transporte de pasajeros en España a compañías ferroviarias de otros países, compitiendo con Renfe en trayectos atractivos para los viajeros. Según la nueva reglamentación que ha sido aprobada esta semana en el Parlamento Europeo, el llamado «cuarto paquete ferroviario», los contratos públicos de suministro de servicios ferroviarios en la UE tendrán que ser licitados entre todas las compañías que cumplan los requisitos técnicos, sin entrar en su origen nacional. El voto del pasado miércoles en Estrasburgo del paquete legislativo ya aprobado por el Consejo marca el fin de los monopolios ferroviarios nacionales.
Desde 2009 hay numerosas compañías privadas que operan en el mercado ferroviario en algunos países como Italia, Austria o Portugal o en trayectos internacionales entre Holanda, Bélgica y Francia. Según esta nueva legis- lación, la entrada de nuevas compañías ferroviarias en un determinado mercado se podrá hacer a través de dos caminos, o bien participando en las subastas de prestación de servicios públicos o abriendo líneas en condiciones de igualdad con las ferroviarias locales, pagando el alquiler de las infraestructuras. Las compañías ferroviarias podrán ofrecer nuevos servicios comerciales en líneas nacionales a partir del 14 de diciembre de 2020. Y la licitación abierta a todas las compañías deberá ser el método generalizado para la adjudicación de nuevos contratos de servicio público a partir de diciembre de 2023.
Esta reforma es el paso que sigue a la separación efectiva entre la infraestructura y la prestación del servicio a los viajeros que la UE ha impuesto en los últimos años para permitir a medio plazo introducir la competencia en un mercado tradicionalmente estanco en los nichos nacionales. En España esto se tradujo en la división de la antigua Renfe en dos compañías, Adif que es la propietaria de las infraestructuras ferroviarias y Renfe propiamente dicha que es la operadora de servicios. La nueva reglamentación requerirá, en efecto, que la licitación abierta y accesible a todas las compañías que lo deseen se convierta progresivamente en el procedimiento normal en este campo. Es decir que Adif podrá trabajar con Renfe o con cualquier otra compañía ferroviaria que ofrezca el proyecto de transporte más atractivo y conveniente para los pasajeros. Ya se hace con transporte de mercancías, lo que esta legislación favorece es que se pueda extender la fórmula al mercado del transporte de pasajeros.
A partir de ahora, cuando las autoridades nacionales adjudiquen contratos públicos para el transporte ferroviario de pasajeros, la licitación ha de ser abierta y accesible a todos los operadores ferroviarios de cualquier país de la UE y esa fórmula debe convertirse progresivamente en el procedimiento estándar para seleccionar a los proveedores de servicios.
En estos contratos de servicios público, es decir, cuando las autoridades consideran que determinado trayecto tiene que ser ofrecido a los ciudadanos y que representan dos tercios de los servicios ferroviarios en la UE, se considera que la presencia de distintas compañías en la licitación las animará a centrarse en la atención al cliente y redundará en reducción de costes para los contribuyentes. La reforma legal prevé que las autoridades nacionales podrán seguir adjudicando contratos directamente, sin concurso, pero deberán aportar entonces mejoras sensibles a los pasajeros o aumentar la eficiencia económica del servicio. Además de las líneas consideradas como servicio público, cualquier compañía ferroviaria podrá ofrecer sus servicios en otros mercados de transporte ferroviario de pasajeros de la UE si encuentra una fórmula de rentabilidad, igual que ahora sucede por ejemplo en determinados trayectos aéreos de especial interés, como el «puente aéreo» Madrid-Barcelona.
A los gobiernos nacionales les queda la opción de restringir el acceso de nuevos operadores a ciertas líneas si desean mantener un contrato público, siempre que logre demostrar que es la única solución.
Toda esta serie de garantías han sido pactadas con todas las fuerzas políticas y no ha sido fácil porque los grupos de izquierda o de ultraderecha nacionalista se han opuesto con fuerza. En todo caso, los operadores deberán cumplir con las mismas obligaciones en materia de derecho social y laboral del país donde operen.