ABC - Empresa

La administra­ción pública del futuro «perderá» sus papeles

Los expertos avisan de que la digitaliza­ción del sector público en España aún esta lejos del estándar europeo

- J. PAGOLA

Las diferentes administra­ciones públicas, al igual que el tejido empresaria­l o el conjunto de la sociedad, tienen que subirse ya al tren que les transporte, a alta velocidad y por ancho de vía europeo, al futuro digital. Según cálculos de la UE, los costes en el sector público podrían reducirse hasta un 20% si se completa con éxito esta transforma­ción.

Un informe de la Asociación Multisecto­rial de Empresas de la Electrónic­a, las Tecnología­s de la Informació­n y la Comunicaci­ón, de las Telecomuni­caciones y de los Contenidos Digitales –Ametic– propone una serie de medidas para que la revolución 4.0 se instale también en las diferentes estructura­s del Estado. El director general de esta patronal, Benigno Lacort, considera «urgente y prioritari­o conseguir una administra­ción sin papeles como paso necesario, pero no suficiente, para disponer de una administra­ción totalmente digital». Recuerda que en los últimos años se han elaborado distintos planes con este objetivo, pero no se han cumplido. Así que «ésta debe ser una prioridad inaplazabl­e dentro de esta legislatur­a». Una transforma­ción que, en su opinión, habrá de aplicarse también a las administra­ciones autonómica­s y locales, y en cada una de las cuales el proceso tendrá que contar con un plan específico.

«Chief digital officer»

Entre las medidas que propone Ametic figuran un incremento de la inversión en I+D+i; elevar la deducción fiscal por proyectos de innovación tecnológic­a; reducir el IVA de los contenidos digitales culturales y educaciona­les; limitar el peso del criterio precio en las licitacion­es para contratar servicios... Aconseja también habilitar a corto plazo, en todas las administra­ciones públicas, la figura del «chief digital officer» para impulsar esa revolución. Su papel debería ser «promover y dirigir la transforma­ción digital interna, haciendo uso de los beneficios de la tecnología como herramient­a para mejorar el servicio al ciudadano y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponible­s», afirma Lacort. Y con «un perfil tecnológic­o y conocimien­tos de gestión». Una de sus principale­s funciones sería «impli- car a todos los órganos directivos con el proceso transforma­dor».

El informe plantea asimismo otras herramient­as: fomentar la inversión en infraestru­cturas de banda ancha ultrarrápi­da, cloud computing, big data analytics, planes de smart city... Benigno Lacort da especial importanci­a a aquellos medios destinadas a mejorar la formación y el desarrollo del talento digital, que «es un aspecto imprescind­ible para la interacció­n del ciudadano con la Administra­ción».

¿ Cuál será el perfil del futuro funcionari­o? «Va a estar más en contacto con la tecnología y esto será un factor que le ayudará a desempeñar su trabajo». En opinión del director general de la patronal de empresas tecnológic­as, «la transforma­ción digital contribuir­á a aportarle flexibilid­ad, autogestió­n y visibilida­d con el resto de la organizaci­ón». Y contribuir­á también a «aumentar la satisfacci­ón laboral del funcionari­o ampliando su ámbito de capacidade­s».

Pero, ¿ello supondrá una reducción del número de funcionari­os? Frente a quienes opinan que la digitaliza­ción supone un riesgo para el empleo, Ametic cree que, antes al contrario, contribuir­á a la generación de puestos de trabajo, también en la administra­ción pública. De los principale­s rankings hechos a nivel internacio­nal, se desprende que en España la conciencia­ción sobre la necesidad de acometer la transforma­ción digital «es aún insuficien­te». Según el último informe del Digital Economy and Society Index, España está por debajo de la media europea y, lo que puede ser más inquietant­e, registra un crecimient­o muy lento. Así, en el apartado de « capital humano», que puntúa las competenci­as básicas y avanzadas de los ciudadanos, nuestro país está en la posición 18, « lo cual nos da una referencia de lo mucho que hay que mejorar » , advierte Lacort.

En el escenario mundial, la situa- ción de España no es muy diferente. Nuestro país ocupa el puesto 35 en digitaliza­ción, de acuerdo con el ranking de Network Readiness Index. La clasificac­ión está liderada por Singapur, seguida de Finlandia, Suecia, Noruega y Estados Unidos. Un índice que penaliza a nuestro país muy especialme­nte en lo que respecta a formación tecnológic­a de los empleados.

Aunque, en el caso concreto de la Administra­ción, España está un poco mejor que el ámbito empresaria­l. Así se desprende del apartado «servicios públicos digitales», del mencionado informe de Digital Economy and Society Index. Pero, «nos queda camino por delante para disponer de una administra­ción pública plenamente digital». Así que, «esto debería considerar­se como una prioridad a corto plazo para lo que hay que elaborar un plan ambicioso», sentencia Lacort.

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital declinó valorar la situación en la que actualment­e se encuentra la Administra­ción Central en este proceso. El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el Plan de Transforma­ción Digital, que incluye una serie de actuacione­s. El objetivo es alcanzar una administra­ción plenamente digital para 2020. Para ello propone, entre otras metas, desarrolla­r el

El funcionari­o del futuro estará más en contacto con la tecnología, lo que le ayudará en su trabajo

Expertos indican que la transforma­ción en el sector público debe ser una prioridad en esta legislatur­a

puesto de trabajo digital; proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnología­s; mejorar la satisfacci­ón del usuario en el uso de los servicios públicos digitales; promover la innovación en la prestación de servicios; proveer de manera compartida servicios comunes; disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones; gantizar la seguridad de los sistemas de informació­n de la Administra­ción...

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La digital administra­ciones transforma­ciónde las públicas debe ser una prioridad para esta legislatur­a. Así que la acumulació­n de papeles en los despachos pasará a ser imagen del pasado
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