CON PERMISO
ndan «algo» airados, por calificarlo con suavidad, en el Ministerio de Energía a cuenta de la independencia de la que ha hecho gala la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en todo lo que rodea a las ofertas de compra de Abertis. Cierto será pues que el presidente del organismo supervisor, Sebastián Albella, advertirá un notable aliento gélido en la espalda ante tanta crítica semiescondida por parte de algunos miembros del Gobierno en este asunto que cruza fronteras políticas –italiano-españolas para más datos– por haberse mostrado independiente (pero ¿no se trata precisamente de serlo?) al no dar la razón a aquellos que confiaron en él para sentarle en el sillón presidencial de la Comisión. Ahora bien, la cosa no queda ahí porque igual de poco cálido estará el ambiente en la sede del supervisor por otras cuestiones relacionadas con los entresijos del panorama financiero español. Y en este caso hablo de Banco Popular.
En definitiva, ambas son situaciones derivadas de la eterna polémica de las puertas giratorias que implica la incompatibilidad en los cargos públicos una vez que se ha estado «al otro lado». Hablo de la independencia absoluta al frente de instituciones públicas. ¿Existe? ¿Candidatos políticos, empresariales...? ¿ Supervisor... supervisado? Dudas recurrentes que siempre planean en la elección de cargos cuando el país cambia de Gobierno y toca renovarlos.
El caso es que la CNMV –como otras instituciones cuando toman tal o cual decisión que afecte a compañías españolas, léase Banco de España, CNMC, ICO, SEPI...– está entre la espada y la pared estos días tras sus últimas decisiones. También en cuestión a cuenta de sus decisiones... independientes.
Por un lado, Albella ha contrariado a dos Ministerios españoles – Energía y Fomento– volcados ambos en bloquear y «dinamitar» prácticamente la opa de los italianos de Atlantia sobre la española Abertis. Estrenando prácticamente el nuevo año, la CNMV decidió ignorar las peticiones del Ejecutivo español tras anunciar que mantenía la autorización dada el pasado octubre a la opa de la italiana sobre la española, pese al requerimiento realizado desde Energía y Fomento para que la re-
ASebastián Albella, presidente de la CNMV vocara por no haber solicitado autorización del Ejecutivo para la operación. El supervisor consideró finalmente que el folleto de la oferta de Atlantia «reúne todos los requisitos exigidos en la legislación sobre opas ».
Y... estupor por doquier es lo que provocó la decisión del equipo de Albella en lugar de reconocimiento y satisfacción en contra de aquellos que dieron el sí a presidir el supervisor ( con los votos de PP y de Ciudadanos). Contrariedad tanto los que querían que la Comi- sión cediese a las exigencias de los ministros como a los que no veían con buenos ojos esa, digamos, intromisión en las decisiones del supervisor.
Porque incluso en el seno del Gobierno no existe una posición unánime en torno a esta cuestión. Frente a la postura de Álvaro Nadal (Energía) e Íñigo de la Serna (Fomento), el ministro de Economía, Luis de Guindos, que valoró positivamente en su día la decisión de la CNMV aprobar el folleto de la opa de Atlantia. En su opinión, la postura del supervisor demostraba ampliamente su carácter de independiente.
Si bien en la cabeza de cada cual... sus «cosas». En la memoria de Nadal, por ejemplo, dos grandes enfrentamientos con el Gobierno italiano. El primero de ellos, la opa de la italiana Enel sobre Endesa en 2007. Una operación en la que los italianos iban de la mano de Acciona pero que 18 meses después se rompió porque Enel compró los títulos de la compañía española y se hizo con el 92% de las acciones de Endesa. El segundo, la frustrada fusión entre Abertis y la que era la anterior Atlantia, Autostrade, en 2006. Un acuerdo que contaba con el beneplácito de los consejos de administración, las juntas de accionistas y Bruselas. Entonces el Gobierno de Romano Prodi decidió oponerse a la fusión. En la cabeza del titular de Economía, quizás, otras urgencias para él ante su inminente posible salida hacia el sillón de vicepresidente del BCE, con el apoyo no solo de los alemanes sino también... de los italianos.
Y mientras se cuestiona la independencia de la CNMV en este asunto transfronterizo salta otra vez la alarma: Albella dice estar investigando si hubo o no irregularidades en la gestión de Banco Popular durante la etapa de Ángel Ron en la presidencia. Entonces, ¿podría estar ordenando investigarse a sí mismo? Lo digo por su pasado más inmediato como socio en Linklaters. El Popular trabajaba con el despacho internacional y pidió a Albella que explicase en consejo del 25 de mayo de 2016 las bonanzas de la ampliación de capital decisiva para la solvencia de la entidad –esa que tanto dolor de cabeza está causando ahora–, lo que trasluce la necesidad del asesor por conocer «al dedillo» las entrañas del Popular. El propio Albella ha explicado estos días ese posible conflicto de intereses lo mismo que en junio pasado cuando se cuestionó su cargo por idéntica cuestión: «en todas las decisiones que se han adoptado sobre el Banco Popular durante el proceso me he abstenido».
Raro –que no digo justo– no sería pues que a pesar de su independencia en casos como Abertis, a Albella le pase factura tanta inhibición siendo el presidente del supervisor. Más fácil sería evitar esta eterna polémica si, a priori, decidimos ya quién debe estar al frente de nuestras instituciones públicas. No, a posteriori. No aprendemos. Los reguladores, mejor sin mochila.