Los efectos secundarios de la medicina impositiva del Gobierno de Sánchez
Los expertos avisan del impacto en la actividad empresarial, la inversión y el consumo y creen que el cliente final acabará pagando la factura
Solidarios. Así es como la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo que serán los bancos cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez les imponga nuevos impuestos. Y no solo serán ellos los destinatarios del afán recaudatorio, aunque el gravamen a las entidades financieras se fijará en una fase posterior. El plan del Gobierno es aumentar «lo antes posible» –en palabras de la ministra de Hacienda– la tributación del diésel, de las tecnológicas y el impuesto de Sociedades para las grandes empresas. Además, unido a la intención de destopar las cotizaciones sociales de los empleados. Todo ello con el objetivo de sufragar el incremento del gasto social, en su mayoría destinado a las pensiones. En suma, lograr liquidez para revertirlo en los ciudadanos, o al menos esa es la teoría. En la práctica, el efecto será el contrario.
«Acabarán repercutiendo en el cliente final y las empresas no soportarán ese aumento de costes», explica Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade. Una consecuencia no solo sostenida por los expertos sino que ya apuntó hacia ella el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, a finales de junio: «Creo que un impuesto a la banca probablemente acabaría incrementando el coste de los créditos, bajando la remuneración de los depósitos e incrementando las comisiones», dijo entonces.
La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, de hecho, emitieron esta semana un comunicado en el que señalaron su rechazo a esta medida. «No constituye una solución adecuada, porque sería injusta y conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía», dice el texto, que continúa con que esto afectaría «de forma muy negativa a la solvencia» de la banca.
Desde las tecnológicas, Pedro Mier, presidente de la patronal Ametic, carga también contra esta medida. «Puede tener efectos peligrosos, como el freno a la innovación, a la inversión y la generación de empleo » , señala, para acto seguido confirmar que ya han enviado una carta al presidente del Gobierno para alertarle de los riesgos de una decisión como esta. Una postura también sostenida por el sector del diésel, en el que sus patronales avisaron también de las «graves consecuencias» que tendrá sobre el empleo, la industria y la recaudación de impuestos, en caso de que se cumpla la amenaza de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien afirmó que este tipo de carburante tiene «los días contados».
CEOE, en voz de Bernardo Aguilera, su director de Asuntos Económicos y Europeos, clama contra la incertidumbre de un anuncio que califica como un «globo sonda» que solo crea «inseguridad jurídica» ya que los anuncios sobre estos impuestos llegan con cuentagotas, sin perjuicio de que el objetivo del Gobierno es su implantación en 2019.
El anuncio del Gobierno de Sánchez pone en tela de juicio la fortaleza de la recuperación empresarial, la cual se ha traducido en aumento de ingresos por Sociedades. Mientras que en 2011 se tocó fondo con tan solo 16.610 millones de recaudación tributaria por este impuesto, en 2017 la cifra ya alcanzaba los 23.143 millones. En consonancia, la patronal alerta de que más gravámenes afectarán al empleo y los salarios. «Pretender que aumentar los costes no afecte a las empresas es una falacia», detalla Aguilera en referencia al impacto en el empleo, quien pide al Gobierno mejorar la fiscalidad, concretamente del impuesto de Sociedades, simplificar las figuras impositivas, garantizar la estabilidad legislativa y rigor a la hora de comunicar las cifras. Asimismo, desde el Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, su secretario general, señala que estas decisiones pueden perjudicar la recuperación, la competitividad y poner en riesgo elementos ya pactados como la subida salarial, al igual que anunció esta semana CEOE.
«Subir impuestos siempre tiene un efecto contractivo sobre la economía», afirma María Jesús Fernández, analista de Funcas. Asimismo, pone el foco sobre el riesgo que esto supone para la inflación y el consumo: «El impuesto sobre los carburantes puede subir la inflación unas tres décimas y reduciría la capacidad de consumo», asegura, para acto seguido reseñar que la competitividad también se verá amenazada por los efectos colaterales de una subida de impuestos en sectores tan concretos. La experta de Funcas explica que estas medidas suponen «castigar» a aquellos colectivos que por otro lado «decimos que queremos incentivar».
Actividad económica
Juan Carlos Martínez Lázaro, economista del IE Business School, comparte esta visión, hasta el punto de señalar que el mayor riesgo es un frenazo «a la actividad económica», aunque no cree que estas decisiones vayan a suponer un impás preocupante en la economía.
Todo esto contrasta con el avance que dio esta semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre la digitalización, un compromiso de todos los gobiernos que no termina de materializarse. La ministra anunció que dedicarán una partida «generosa» a este concepto para la industria y los servicios.
Otro de los efectos colaterales de una
subida de impuestos se encuentra en un apartado esencial para todo Gobierno: la inversión extranjera. En España, ésta camina con paso firme. Tal es así que en 2017 marcó un nuevo récord desde el año 2008 con 36.122 millones de euros, lo que supuso un 0,7% más con respecto al año anterior. Este ejercicio, en el primer semestre, según cifras de KPMG, el volumen de dinero inyectado en España por inversores extranjeros ha aumentado un 185% interanual. Unas cifras que invitan al optimismo pero que encuentran una piedra en el camino: la política fiscal de Pedro Sánchez. Fuentes financieras apuntan a un frenazo en la inversión en España a causa de una previsible subida de impuestos. Las tecnológicas, a la vanguardia en I+D+i, serían uno de los colectivos de empresas que más dudas tendría sobre su exposición en España.
Los expertos, incluso, temen ya movimientos futuros. Aunque la ministra de Hacienda confirmó que el PSOE no tirará hacia arriba del IRPF y que estas medidas no afectarán a autónomos y pymes, el dinero es cobarde, tanto en manos de los ciudadanos como de las empresas. «Esto puede frenar las inversiones, más que por lo que grava, por lo que puede llegar a gravar en el futuro. Si el inversor no tiene claro el tratamiento fiscal, decide otro destino alternativo o pospone la inversión», explica Pedro Aznar, de Esade.
Desde CEOE y el Círculo de Empre- sarios sostienen esta misma tesis de que aumentar los impuestos afectará a la inversión debido a las dudas que genera en la economía una situación como la actual. Así, el director de asuntos económicos y europeos de la patronal explica que las empresas pueden optar por «aplazar decisiones» ya que lo que antes podía cuadrar en las cuentas, ya no resulta viable con una nueva política fiscal.
Asimismo, fuentes financieras ponen el foco en una consecuencia a medio plazo que haría peligrar el futuro económico de nuestro país. Con España bajo el procedimiento de déficit excesivo de Bruselas, un freno al consumo, inversiones y empleo podría ralentizar el alza de los ingresos, con una deriva que estas fuentes temen más que cualquier política fiscal: el regreso a cifras mayores de déficit e incumplimientos de objetivos recurrentes.
Por ello, los expertos consultados califican de «disparate» aumentar el gasto público en la situación actual y sufragarlo con impuestos cuando España tiene en la deuda y el déficit su mayor problema estructural. Desde el IE Business School, Esade y Funcas focalizan su preocupación por que Sánchez abogue por más impuestos para financiar el alza del gasto en lugar de destinar esos ingresos al déficit, frente a lo cual los analistas opinan que «se ha hecho bastante poco los últimos años».