El Gobierno quiere que los municipios financien el nuevo gasto social con superávit
Los expertos piden que se acompañe de más recursos para no atentar contra la lealtad institucional
El municipalismo ha llegado, tras años de capa caída. En el epicentro de la crisis, las corporaciones locales fueron objeto de críticas por sus números rojos: la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011 llegó a fijar que no pudieran tener déficit –algo inédito, y más riguroso que al resto de administraciones– y dos años después el propio Gobierno de Rajoy aprobó la Ley de Racionalización para limitar sus competencias sociales en favor de las comunidades y fomentar fusiones. Los ayuntamientos estaban entonces en el punto de mira.
No obstante la aplicación estricta de la regla de gasto, que impide que el desembolso crezca por encima de una tasa ligada al crecimiento potencial, provocó que desde 2012 fueran la única administración en cosechar superávit año tras año desde entonces. Los ayuntamientos incluso han ido engordando el excedente aparcado en cuentas bancarias que Hacienda no les deja gastar hasta los 24.299 millones de euros: un 2,1% del PIB superior al agujero de la Seguridad Social. España ha cumplido los objetivos de Bruselas gracias al colchón de los ayuntamientos que han permitido enjugar los números rojos de otras administraciones.
El nuevo Gobierno de Sánchez quiere devolver protagonismo a las corporaciones locales. El Ejecutivo ha decidido desempolvar sus viejos planes de recuperar la gestión de competencias sociales como Educación o Dependen- cia para los ayuntamientos, limitando así la Ley de Racionalización 27/2013. La ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se reunieron esta semana para acercar posturas y anunciar nuevos encuentros en los próximos días.
Como explicó Batet y señalan desde su Ministerio, el objetivo es suavizar la regla de gasto para permitir que los ayuntamientos lo gasten en servicios públicos. Si bien no se excluye nueva financiación, la medida que está sobre la mesa ahora mismo es que dediquen su superávit a estas nuevas competencias de gestión mediante la relajación de la regla de gasto, inciden.
La Ley 27/2013 limitaba a la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» el papel social de los ayuntamientos. Ello también excluía la profundización de la Dependencia.
Aclarar competencias
Sin embargo, la no aprobación de la reforma de la financiación territorial en 2014, la dispar situación de las regiones con los municipios –unas con déficit, otros con superávit– y la proximidad de los ayuntamientos al ciudadano ha provocado que buena parte de las competencias no hayan sido absorbidas por las comunidades. «El problema fundamental es la ausencia de una delimitación precisa de las competencias asumidas por cada nivel territorial. Esto ha originado que en el proceso de conformación de las comunidades en España, estas hayan ido asumiendo competencias que antes correspondían a la Administración Central y que, en algunos casos, por delegación desarrollaban los Ayunta- mientos», explica el catedrático de la Universidad de Castilla- La Mancha, Juan José Rubio, quien abunda que al asumir las regiones gastos de sanidad, educación y, desde 2008, dependencia, los ayuntamientos han seguido desarrollando competencias por delegación de las comunidades.
«En algunos casos hasta el 30% de los presupuestos municipales se han destinado a financiar estas competencias, generalmente sin compensación financiera de las comunidades o del Estado lo que ha situado a algunos ayuntamientos en situación financiera precaria», abunda Rubio.
Precisamente, la proximidad de las administraciones locales al ciudadano hace que en los países de nuestro entorno el gasto social y en Educación de las corporaciones municipales sea muy superior al de España. El 5,51% del gasto total en servicios sociales de la Administración Local en España supone la mitad que en Francia (10,04%) o diez veces menos que en Dinamarca (58,29%). «Temas como atención domiciliaria, asistencia, lo más lógico es que las presten las entidades locales. No había que centralizar hacia las comunidades sino descentralizar a los ayuntamientos», reflexiona Javier Suárez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.
La Autoridad Fiscal sugirió que los 3.000 millones de euros en ayudas a la dependencia que están a la espera para 300.000 personas por parte de las regiones, podrían ser asumidas por las corporaciones locales que, también insinuó, podrían gestionar una futura renta mínima si se aprueba. Es decir, utilizar su superávit para elevar su asunción de gasto social.
No obstante, los expertos piden nueva financiación para los consistorios a través de una participación en los ingresos de las regiones –como ya ocurre en ciertos casos con las llamadas PICA– y destacan la diferencia de tamaño de los municipios. «Creo que traspasar competencias sin financiación asociada entre Administraciones no es una buena praxis de lealtad institucional. Por otro lado, dado el minifundismo local en España, con el 87% de los municipios con menos de 5.000 habitantes no permite una transferencia de competencias generalizada dada la capacidad de gestión limitada de ayuntamientos pequeños», sentencia Alfonso Utrilla, profesor de Hacienda en la Universidad Complutense de Madrid.