Los últimos pozos de carbón, condenados por la «transición energética» de Sánchez
Σ En tres décadas, España ha pasado de tener 46.000 mineros a a poco más de 2.000
En 1989, las minas españolas de carbón daban trabajo a más de 46.000 personas; ahora no quedan ni 2.200 mineros, y la mitad están a sueldo del sector público porque trabajan en la histórica Hunosa (Hullera del Norte), perteciente al cien por cien a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Hace décadas que el carbón entró en un declive profundo y acelerado, ininterrumpido. Desde hace años, esa decadencia transita por una agonía que parece sin remedio. Y, ahora, el yugo impuesto a las centrales térmicas que queman carbón autóctono pone el resto, puntilla letal que acelerará la muerte de las minas de carbón en España.
La «transición energética» que da nombre al ministerio de nuevo cuño incubado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado al carbón en el precipicio definitivo. La apuesta del Ejecutivo ha puesto fecha de cierre a la mitad de las centrales térmicas que hay en España. Y, sin ellas, extraer carbón dejará de tener sentido.
Este tipo de centrales proliferaron al calor de las cuencas mineras españolas. Térmicas y pozos de carbón han acostumbrado a compartir vecindad por una elemental cuestión de reducción de costes – evitarse el gasto de transportar el combustible a quemar para producir electricidad–. De ahí que sin centrales en las que quemarlo, el carbón autóctono no se seguirá extrayendo. Por eso el ecologismo abanderado por el Gobierno de Sánchez con las térmicas supone la puntilla a la minería del carbón en España.
Promesas que no convencen
El asunto genera revuelo político, tensiones dentro del propio PSOE, porque compromete a «barones» socialistas que gobiernan regiones con térmicas y minas de carbón –caso de Aragón y Asturias–. En esas zonas, la anunciada «transición energética» está generando quejas crecientes y mucha incertidumbre.
Los que apuestan por el fin del carbón tratan de calmar los ánimos de los directamente afectados prometiendo planes, inversiones y ayudas para la re- conversión económica de esos municipios que se enfrentan a un futuro complicado sin las minas o las térmicas –o ambas dos–. Pero esas promesas son las mismas que llevan escuchando desde hace treinta años en las cuencas mineras españolas, idéntica música de una partitura a la que no dan crédito alguno. La desconfianza está justificada: los planes de reconversión puestos en marcha hace tres decenios no han servido realmente para generar actividades productivas alternativas; el cierre de las minas de carbón no se ha visto compensado, y en las cuencas mineras lo que predomina es el declive económico y demográfico.
Desiertos económicos
Desde 1990, los sucesivos gobiernos han mantenido líneas permanentes de ayudas ligadas a la reconversión minera. Parte fueron para invertir en infraestructuras con las que hacer más atractivas esas comarcas y atraer in- versiones productivas con las que suplir a las minas. Otra parte son ayudas a la extracción de carbón. Y las ha habido también para fomentar prejubilaciones.
Entre todas esas líneas de ayuda, se calcula que en 30 años, hasta el ejercicio pasado, se llevaban gastados unos 28.000 millones de euros de dinero público para alimentar esos planes de la minería del carbón. A simple vista, la desproporción es enorme entre ese caudal consumido y el resultado obtenido. Pese a tanto dinero, allí donde de- sapareció el carbón lo que suele abundar es el declive, cuando no el desierto económico y demográfico.
De esto saben bien en las zonas mineras de Teruel. En esta provincia, el carbón da nombre a una de sus comarcas, la de las Cuencas Mineras. Esta zona tiene su capital en Utrillas, una localidad que en medio siglo ha perdido al 65% de su población. Cierre de minas y sangría demográfica han ido de la mano, pese a tanta promesa, tanto plan y tantos millones públicos para la reconversión.