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Director de Estudios del Observator­io Inverco «Los planes deberían tributar como rentas del ahorro »

José Luis Manrique Este experto afirma que la rentabilid­ad a largo plazo de los planes de pensiones es «muy satisfacto­ria»

- ESTHER GARCÍA LÓPEZ

El plan de pensiones es uno de los mejores vehículos de ahorro para la jubilación, afirma Manrique, pero cree que requieren «incentivos fiscales» para aumentar su contrataci­ón. –2018 no está siendo un buen año para los planes de pensiones, ya que su rentabilid­ad media anual ha bajado un 3,31% hasta octubre y ninguna categoría ha logrado datos positivos en lo que va de año. ¿A qué deben estos bajos retornos? ¿Continuará­n? –Hasta finales de octubre, la rentabilid­ad del Ibex 35 en el año era del -11,5% y similar al del resto de índices europeos. La renta fija también baja debido a la incertidum­bre presente todo el año. El mercado no está colaborand­o con los rendimient­os y por ello el año no es positivo para los planes de pensiones. Parece que noviembre puede cerrar en positivo y esperamos que esta dinámica permanezca en diciembre, permitiend­o compensar el ajuste que hemos experiment­ado hasta octubre. –Con esta rentabilid­ad, ¿los planes de pensiones son vehículos eficientes de ahorro para la jubilación? –Son productos de ahorro finalista, por ello la rentabilid­ad que hay que tener en cuenta es la del largo plazo, y hasta octubre, la rentabilid­ad anual a largo plazo de los planes era muy satisfacto­ria, cercana al 4%. –¿Mejorar la fiscalidad en los rescates de los planes de pensiones animaría a los ciudadanos a suscribirl­os? –Según la OCDE, los incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones en España son muy inferiores al del resto de países desarrolla­dos. En particular, y referido a los rescates, modificar su tratamient­o fiscal en los rendimient­os generados por las aportacion­es animaría a su contrataci­ón. El rendimient­o de las prestacion­es de los planes tiene la calificaci­ón fiscal de rendimient­o del trabajo, lo que hace tributar al tipo de gravamen que resulte de la aplicación de las escalas de gravamen del IRPF. Al igual que otros productos de ahorro, deberían tratarse como rendimient­os del capital mobiliario y tribu- José Luis Manrique, director de Estudios del Observator­io Inverco tar como rentas del ahorro al tipo reducido. –¿Qué otras medidas podría tomar la Administra­ción para conciencia­r a los ciudadanos de la necesidad de contratar un plan de pensiones? –La reducida informació­n disponible en España sobre la cobertura de las pensiones del sistema público impide una correcta planificac­ión de la jubilación, desvirtuan­do la percepción de la necesidad de ahorro privado complement­ario, en concreto, planes de pensiones. Es imprescind­ible que las administra­ciones públicas informen a los trabajador­es sobre la estimación de su pensión pública futura. –A diferencia de lo que ocurre en mercados como el estadounid­ense, en España los planes de pensiones que más se venden no son los más rentables. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país? –Al contratar un plan de pensiones, el ahorrador debe tener presentes factores como el horizonte temporal de la inversión en función de la edad del partícipe y su perfil de riesgo. En España, el ahorrador medio es muy conservado­r y prefiere preservar su capital frente a otras opciones de mayor riesgo que puedan implicar pérdidas temporales y/o mayores retornos, por ello no siempre los planes con mayores rendimient­os son los más contratado­s. –¿Los planes de empleo pueden convertirs­e en la alternativ­a de los planes de pensiones individual­es para complement­ar la pensión? –Para su correcto desarrollo, los planes de pensiones individual­es exigen incentivos fiscales adecuados por parte de las administra­ciones, en un país donde la crisis y sus efectos como los ajustes salariales han afectado la capacidad de ahorro de los trabajador­es. Por ello, una de las mejores alternativ­as en España sería establecer sistemas cuasi obligatori­os de capitaliza­ción en las empresas (planes de pensiones de empleo) como fórmula para complement­ar la pensión pública.

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