DE CIERRE
ada sociedad enfrenta la difícil tarea de ofrecer respaldo a la gente mayor que ya no trabaja más. En otra época, los jubilados vivían con sus hijos adultos, cuidando de los niños y ayudando en las tareas de la casa. Pero esos días quedaron atrás. Tanto los jubilados como los hijos adultos por igual prefieren vivir de manera independiente.
En un mundo económico racional, los individuos ahorrarían durante sus años laborales y acumularían suficiente dinero como para comprar una renta vitalicia que financie un nivel de vida cómodo al momento del retiro. Pero eso no es lo que hace la mayoría de la gente, ya sea por una visión corta o por los incentivos creados por los programas de seguridad social del gobierno.
Los gobiernos europeos desde Otto von Bismarck y los gobiernos estadounidenses desde Franklin Roosevelt, por lo tanto, han mantenido sistemas de pensiones de retiro con régimen de reparto (PAYG por sus siglas en inglés). Más recientemente, Japón ha adoptado un sistema similar.
Sin embargo, ofrecer beneficios para respaldar un nivel de vida confortable para los jubilados con apenas una tasa modesta de impuestos a la población en edad laboral depende de que exista una pequeña cantidad de pensionados en relación con el número de contribuyentes. Eso era válido en los primeros años de esos programas, pero mantener los niveles de prestaciones se volvió más difícil cuando más trabajadores vivían el tiempo suficiente como para jubilarse y más tiempo después del retiro, lo que aumentó el ratio entre jubilados y población de contribuyentes.
La expectativa de vida en Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado de 63 años en 1940, cuando comenzó el programa de Seguridad Social de Estados Unidos, a 78 años en 2017. En 1960, había cinco trabajadores por jubilado; hoy, hay sólo tres. De cara al futuro, los actuarios
Cde la Administración de Seguridad Social pronostican que la cantidad de trabajadores por jubilado caerá a dos en 2030. Eso implica que la tasa impositiva necesaria para alcanzar la estructura de prestaciones actual ten- dría que aumentar del 12% hoy al 18% en 2030. Otros países de gran tamaño enfrentan un problema similar.
Si no es políticamente viable aumentar la tasa impositiva para sustentar a los futuros jubilados con la estructura actual de beneficios, existen solo dos opciones para evitar un colapso de todo el sistema. Una opción es desacelerar el crecimiento futuro de las prestaciones para que se puedan financiar sin un incremento sustancial de los impuestos. La otra es virar de un sistema único de reparto a un sistema combinado que complemente los beneficios fijos con retornos de inversiones financieras.
Un ejemplo en Estados Unidos muestra cómo desacelerar el crecimiento de las prestaciones podría funcionar de una manera políticamente aceptable. En 1983, la edad en la que uno se volvía elegible para recibir los beneficios plenos de la Seguridad Social pasó de 65 a 67 años. Esta reducción efectiva de las prestaciones fue políticamente posible porque el cambio recién comenzó después de una demora sustancial y porque, desde entonces, se ha hecho de manera gradual durante varias décadas. Es más, los individuos todavía son elegibles para recibir prestaciones a los 62 años con un ajuste actuarial.
Desde que se implementó ese cambio, la expectativa de vida de alguien entre sesenta y setenta años ha aumentado unos tres años, siguiendo un patrón de incrementos de longevidad de un año por década para alguien de esa edad. Algunos economistas, entre los que me incluyo, hoy defienden la idea de aumentar la edad para recibir prestaciones totales otros tres años, hasta los 70, y luego indexar la edad futura para beneficios totales para mantener sin modificar la expectativa de vida de los beneficiarios.
Consideremos la segunda opción: combinar el sistema PAYG con inversiones financieras. Los sistemas de pensión operados por compañías privadas logran beneficios a un costo menor al invertir en carteras de acciones y bonos. Una típica pensión privada en Estados Unidos tiene el 60% de sus activos en acciones y el restante 40% en bonos de alta calidad, lo que ofrece una tasa de retorno real (ajustada por inflación) de aproximadamente el 5,5% en períodos prolongados. Por el contrario, los impuestos recaudados para un sistema PAYG producen una tasa real de retorno de alrededor del 2% sin invertir en activos financieros, porque los salarios reales y la cantidad de contribuyentes aumentan.
Sería posible reemplazar los sistemas PAYG existentes de manera gradual por un sistema basado exclusivamente en inversiones que produzca el mismo nivel esperado de prestaciones con una tasa impositiva mucho más baja. Desafortunadamente, los beneficios producidos por esa tasa de contribución conllevarían un riesgo significativo de que las prestaciones estén sustancialmente por debajo del nivel esperado.
La investigación que hemos realizado demuestra que un sistema mixto que combine el sistema PAYG existente con un componente pequeño basado en inversiones puede alcanzar un nivel de beneficios esperados más alto con poco riesgo de menores niveles de prestaciones.
La estructura actual de los sistemas de pensiones en la mayoría de los países desarrollados no se puede sostener sin recortar sustancialmente los niveles de beneficios o sin introducir impuestos mucho más altos. Un cambio a un sistema mixto que combine la estabilidad de los beneficios de PAYG con un retorno mayor de inversiones basadas en el mercado les permitiría a los países no tener que elegir.