VULNERABILIDADES MUY PRESENTES
Que Pedro Sánchez logre la abstención de ERC para la investidura es difícil pero no imposible, aunque requerirá que logre un equilibrio entre la promesa del PSOE de dar pasos políticos para reanudar el diálogo con Cataluña y las demandas de ERC de liberar a los políticos catalanes encarcelados y reconocer el derecho de la región a la autodeterminación.
Sin embargo, incluso si se llega a un acuerdo y se evita la repetición electoral, tal arreglo alimentaría aún más la división política del país y daría lugar a un gobierno de coalición multipartidista débil que dependería del apoyo de otros partidos para sacar adelante cualquier ley, comenzando por los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Un gobierno minoritario encabezado por PSOE y Unidas Podemos probablemente tendría un poder político limitado para llevar a cabo las costosas reformas necesarias para hacer frente a los retos estructurales pendientes, que siguen estando cubiertos por un crecimiento superior a la media de los países de la Eurozona y por los beneficios de unos tipos de interés en mínimos históricos. Además, todavía no está claro qué prioridades de política económica y fiscal perseguiría en última instancia un gobierno minoritario, ya que el acuerdo preliminar entre las dos partes sigue teniendo poca sustancia.
Los retos económicos subyacentes de España incluyen una deuda pública aún elevada, estimada en alrededor del 96% para 2019; una tasa de desempleo estructural de alrededor del 14% ( la más alta de la zona euro); el uso generalizado de contratos temporales (alrededor del 22% de todos los contratos, frente a una media del 14% en la zona euro); un desempleo juvenil que duplica con creces el de la Eurozona; y una productividad total de los factores por debajo de la media, todo lo cual restringe la calificación de España en el actual nivel A-.
Prevemos una ralentización del crecimiento económico del 1,5-1,7% en los próximos años, desde alrededor del 2% este año y el 2,4% en 2018, que sigue estando por encima del crecimiento de la zona euro en torno al 1%. La demanda interna, respaldada por la mejora de la situación financiera de los hogares y las empresas, así como por la facilidad de las condiciones financieras derivadas de la política monetaria acomodaticia del BCE, seguirá sosteniendo una economía en crecimiento.
Sobre esta base, y a falta de un cambio político sustancial, el Banco de España estima que el déficit público descenderá a alrededor del 2,1%, frente a alrededor del 2,5% este año (igual que en 2018), y que seguirá disminuyendo hasta situarse en torno al 1,4% del
PIB en 2022. Sin embargo, esta mejora se debe exclusivamente a los efectos favorables del ciclo económico y a la reducción del coste medio de la deuda, dados los bajos tipos de interés actuales. Por lo tanto, no hay una mejora estructural de las finanzas públicas españolas. De hecho, el déficit estructural sigue siendo el más elevado de la Eurozona, en torno al 3%.
Es probable que el déficit presupuestario de España de 2019 esté en línea con el de 2018, en torno al 2,5%, a pesar de un crecimiento favorable, lo que detendrá la reducción constante del déficit desde 2012. Esto se debe al aumento de la remuneración de los empleados y de las prestaciones sociales, así como a un crecimiento más modesto de los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades, ya que la elevada recaudación de 2018 no se repetirá este año. El déficit del 2,1% previsto para el próximo año es 0,3 puntos porcentuales superior al estimado anteriormente por el Banco de España, impulsado principalmente por la revisión de la hipótesis sobre la revalorización de las pensiones. Sobre la base del proyecto de plan presupuestario del Gobierno, se estima que las pensiones aumentarán con la inflación para el período 2020-2022 en torno al 1,4%, en lugar de la revalorización del 0,25% en vigor. En consecuencia, es poco probable que la ratio deuda/PIB de España disminuya mucho. Las proyecciones del FMI muestran que durante el período 201424 sólo disminuirá de alrededor del 100% al 91%, muy por debajo de la reducción de la deuda de Portugal (BBB/Positivo), de alrededor del 131% al 99%.
La actual parálisis política tras las cuartas elecciones en otros tantos años, la fragmentación parlamentaria, así como la cuestión divisoria y no resuelta de la independencia de Cataluña, son obstáculos para que los líderes políticos de España formen un gobierno estable y orientado a las reformas para hacer frente a las restantes vulnerabilidades económicas y fiscales del país.
En ausencia de tal gobierno, el coste de la inacción, y posteriormente la presión a la baja sobre el rating A- de España con perspectiva estable, seguirá aumentando.
Evolución del número de autónomos menores de 35 años
Total trabajadores a septiembre de cada año
436.113 412.875 397.104 375.659 358.691
e acaba de celebrar la Cumbre del Clima, que ha enfatizado la importancia de este asunto para empresas y organismos públicos. No me cabe duda de la necesidad de actuar y movilizar recursos financieros con carácter inmediato. Pero creo que hay cierta confusión en algunas propuestas en relación con la política monetaria y el sector bancario, así como oportunismo en los anuncios de algunas empresas energéticas.
Lagarde ha incorporado la sostenibilidad y el cambio climático a la agenda del BCE, al igual que otros bancos centrales. Es un acierto porque se trata de un peligro potencialmente sistémico que implica cambios económicos estructurales y riesgos financieros y macroeconómicos que no se consideraban excesivamente hasta ahora, quizás por plantearse en un largo horizonte. Y está claro que, a la hora de diseñar la política monetaria, deben tenerse en cuenta todos esos efectos sobre el crecimiento a largo plazo y sobre la estabilidad financiera. Pero una cosa es esa y otra diferente poner la ejecución de la política monetaria al servicio de la lucha contra el cambio climático. Exagerando, solo nos faltaba otro «whatever it takes» («haré todo lo necesario») como el de Draghi pero ahora
« climático » . No me parecería justificada ni una eventual QE verde ni tampoco interferir en los mercados ( aunque sea cierto que el cambio climático es un fallo de mercado). En cualquier caso, creo que deberían ser los gobiernos los que afrontasen el desafío principal a través de la regulación y la política fiscal, mientras el BCE se centra en sus competencias, que también incluyen la supervisión bancaria, lo que nos lleva al siguiente punto.
Porque este asunto afecta de lleno a las entidades financieras. La mayor frecuencia de los desastres naturales aumenta el riesgo bancario, sector que presenta en su activo muchos riesgos susceptibles de ser seriamente afectados por el cambio climático (el 25% de los créditos a empresas en España según BdE). Además, las entidades financieras tienen que contribuir a la financiación de los proyectos necesarios para mitigar los efectos del cambio climático. Aunque es necesaria una taxonomía adecuada – todavía no disponible– para evitar que se califique como sostenible o verde cualquier cosa. Así que la regulación y la supervisión de las entidades finan
Scieras se van a ver, sin duda, afectadas. Pero me parece poco afortunado que se hable de cuotas de crédito (algún país las ha puesto) para sectores prioritarios «verdes» (que suena a los antiguos coeficientes de inversión, que nunca creí que volveríamos a imitar). O que el BCE estudie reducir la exigencia de capital a los bancos que financien productos sostenibles (hasta un 25% menos). Porque aquella debiera guardar relación sólo con el grado de riesgo de la exposición, no con su carácter más o menos verde. Y es que no me parece apropiado que ser políticamente correcto sirva para cumplir las ratios. En todo caso, exíjase más capital a los activos «marrones» si su riesgo es más elevado. Mencionaba también al principio las actuaciones oportunistas. Viene esto a cuento, sobre todo, del anuncio de Repsol sobre un ajuste en resultados, de casi 5.000 millones netos ( bastante más antes de impuestos), precisamente el día que empezaba la Cumbre del Clima (antes lo hicieron otras empresas como Naturgy o Endesa). Es, sin duda, un saneamiento absolutamente necesario por la pérdida de valor de algunos activos « marrones » . Pero me llama la atención la forma en que se ha presentado (y parece que, casi, convencido al mercado, vista la evolución de la cotización). Porque nos lo han «vendido» como algo positivo y una adaptación a la economía verde. Y se intenta tranquilizar a los accionistas diciendo que sólo es un ajuste contable que no influye en la caja (disculpa poco válida que suelen emplear algunas empresas al contabilizar fuertes pérdidas). Cuando, en realidad, lo que probablemente ponen de manifiesto esos cargos es un desenfoque en la estrategia previa, que obliga ahora a actuar a contracorriente. Como contraste, otras empresas energéticas estuvieron mucho más clarividentes apostando por lo verde hace años y una española es líder mundial en energías renovables…
Mala decisión «No me parecería justificada ni una eventual QE verde ni tampoco interferir en los mercados»
1.964,90
Ingresos por ventas loterias y apuestas
Beneficio antes de impuestos
Beneficio neto (tras impuestos) 2.368,70 2.484,40
Tras el clásico negocio de la lotería –la diferencia entre lo que se recauda y lo que se abona en premios– hay otra fuente de ingresos también multimillonaria para el Estado: la que depende del descuido o el despiste de quienes han comprado un décimo que resulta agraciado pero no lo cobran, bien porque lo han extraviado, se les ha roto o no son conscientes de que ha sido premiado. Lejos de lo que puede parecer, eso es mucho más que un fenómeno anecdótico en el cómputo global del negocio lotero.
La cifra es contundente: cada año, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas (Selae) se embolsa más de 50 millones de euros gracias a esos premios que no llega a abonar porque el que tenía el décimo agraciado no acude con él a cobrarlo.
El importe de ese « negocio del despiste» es tremendo para el Fisco, que al final es el que se nutre de los rendimientos que obtiene la Selae, empresa pública que está adscrita al Ministerio de Hacienda. La cifra, esos más de 50 millones anuales, habla por sí sola. Pero es más relevante si se compara con otros epígrafes de la cuenta de resultados de la Selae. Baste un dato: con lo que gana gracias a los décimos extraviados, esta empresa pública tiene para pagar los sueldos de sus más de 600 empleados durante casi dos años. En 2018, el gasto de personal de la Selae ascendió a 30,6 millones de euros, mientras que obtuvo unos 55 millones de euros gracias a los premios que se ahorró porque no se presentaron al cobro décimos y boletos agraciados en los distintos juegos que gestiona Loterías y Apuestas del Estado.
En 2017, la Selae dedicó a abonar décimos y boletos premiados un total de 5.709 millones de euros, y 5.802 millones en 2018. Pero entre los dos años se ahorró 109 millones de euros, por los extravíos de papeletas agraciadas y no cobrados.
En dos años, la Selae se ha ahorrado 109 millones por boletos premiados y perdidos