Más allá del control de las cuentas

Esta semana hemos conocido que el Ministerio de Hacienda impide a la Junta de Andalucía salir a los mercados a emitir deuda, para obligarle, de este modo, a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y poder así seguir de cerca sus políticas fiscales. Es cierto que Europa tiene la obligación de controlar que los Estados miembros cumplen sus objetivos de déficit público, y del mismo modo, los Estados tienen que vigilar ese cumplimiento por parte de los gobiernos autonómicos. Pero lo que pretende hacer el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con el Ejecutivo andaluz de PP y Cs me da la ligera impresión de que va bastante más allá de ese mero control que exigen las reglas europeas y la ley de estabilidad española.

En primer lugar, no deja de ser paradójico que el castigo venga por incumplir un presupuesto diseñado y ejecutado prácticamente en su totalidad por el Ejecutivo socialista de Susana Díaz, unas cuentas ejecutadas, además, al menos durante seis meses por María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y hoy ministra de Hacienda del Gobierno español. No se ha tenido en cuenta, además, que las cuentas recientemente aprobadas para 2020 ya prevén desterrar los números rojos de Andalucía, al marcarse el objetivo de déficit cero.

Tampoco tiene mucho sentido que se obligue a Andalucía a recurrir al FLA para financiarse, cuando los mercados están dispuestos a prestarle dinero y con un coste reducido, como ya han hecho a lo largo de este último año. El FLA se creó en plena crisis económica y de deuda cuando los mercados estaban cerrados para la mayoría de las comunidades autónomas y la única manera de evitar su quiebra era que fuera el Tesoro español quien pidiera el dinero a los inversores y luego se lo prestara a las autonomías. Fue una buena fórmula para apoyar financieramente a las regiones y permitirles seguir hacer frente a sus pagos, a la vez que se controlaba que las cuentas se iban saneando. Pero no parece que esta sea la situación actual.

Sinceramente solo se me ocurre una razón para que el Gobierno de Sánchez actúe así, y no es precisamente que no tenía otro remedio que cumplir estrictamente la norma, o que esté muy preocupado por las cuentas andaluzas. Más bien parece que quiere hacer un control estricto de la política fiscal de las autonomías que no están en manos socialistas y que quieren bajar los impuestos. Si con estas advertencias y las exigencias de ajustes impiden que entren en vigor las supresiones del Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio que el nuevo Ejecutivo andaluz de PP y Cs ha aprobado, quizás les resulte más fácil realizar la armonización fiscal que pretenden entre las autonomías, y que no es otra cosa que impedir al centro-derecha aplicar una política fiscal alternativa a la que PSOE y Podemos quieren imponer en toda España. De momento, el Gobierno de Sánchez ya ha hecho daño a Andalucía, al sembrar la duda entre los inversores sobre sus cuentas.

Las cifras. Andalucía cerró finalmente 2018 con un déficit del 0,51%, una décima por encima del objetivo fijado para todas las autonomías, que fue del 0,4%. Andalucía cerró en un principio el año 2018 con un déficit del 0,41%. Sin embargo, a lo largo de 2019 se declararon gastos que se imputaron a 2018, relacionados con varias sentencias contrarias a la Junta por sobrecostes, por ejemplo, de las obras del metro de Sevilla.