Una fórmula con futuro _

Este instrumento de promoción pública puede impulsar y fortalecer mercados en la región, como la salud, la educación, la construcción o la ingeniería

H ay un nuevo instrumento de financiación de la I+ D que promete revolucionar el sector. Se trata de la Compra Pública Innovadora (CPI), un sistema que promueve la Unión Europea y el Ministerio de Economía y Competitividad y que busca fomentar la innovación tecnológica en las empresas a partir de la demanda de las administraciones públicas. El compromiso del Gobierno es que esta fórmula llegue a alcanzar el 3% anual de la contratación pública, lo que supondría cerca de 4.900 millones de euros para I+D+i.Los sectores en los que esta fórmula tiene más recorrido son aquellos en los que ha descendido la inversión pública, como ocurre en sanidad, educación o ingeniería de procesos.

Para el doctor Francisco J. Fernández se trata de una nueva forma de mecenazgo, como detalla en su «Informe sobre compra pública innovadora en Andalucía», donde explica que se trata de que «el verdadero promotor de proyectos sea la Administración Pública, como patrocinadora o cooperadora de las iniciativas empresariales, para luego utilizarlas en beneficio de sí misma o para explotarlas en el mercado».

Con esta fórmula se persigue dar mejor utilidad a los fondos europeos que llegan a España destinados a innovación y a las partidas del Ministerio de Economía y Competitividad dirigidas a I+D, con el fin de que repercutan de forma más clara en la sociedad, ya que lo habitual es que esas inversiones no lleguen de forma nítida al mercado. Así se apuesta por proyectos concretos y se impulsa a las empresas para que puedan desarrollar sus ideas con cierta garantía y que estas repercutan en la sociedad. De hecho, el Con- sejo sobre Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial ha adelantado que esta opción de colaboración público-privada de contratación va a desempeñar un papel «clave» en el futuro del desarrollo tecnológico a nivel internacional. No obstante, este instrumento no tiene fácil su consolidación en el mercado, pues ya lleva algunos años en funcionamiento y son varios los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente. Para Francisco J. Fernández en Andalucía esas dificultades son el desconocimiento de las características y requisitos de esta fór-

mula por parte del sector privado, la falta de decisión por parte de las Administraciones inversoras y la coordinación poco eficaz entre el sector privado y el público en la creación de sinergias de trabajo.

Casos de éxito en Andalucía

A pesar de estos y otros aspectos, en Andalucía ya se han puesto en marcha operaciones bajo el manto de la Compra Pública Innovadora, como la construcción de la dársena del Puerto de Málaga, y la innovación en tecnología robótica qui- rúrgica por parte del Hospital Reina Sofía y la Universidad de Córdoba. En el caso del primero, los trabajos se han centrado en la mejora de la dársena exterior del Puerto (San Andrés) con una tecnología con mayor resistencia al oleaje y el segundo, con una financiación de 9,2 millones de euros, ha desarrollado tres novedosos proyectos de biomedicina de la mano del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.

Otra de las iniciativas de CPI en la región es el proyecto «PPI4Waste», centrado en el ámbito de la gestión y tratamiento de residuos urbanos, y financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Está coordinado por el Instituto Andaluz de Tecnología ( IAT) y participan otros siete socios de cuatro países de la Comunidad Europea. «Probis» es el nombre que recibe otro proyecto cuyo objetivo general es fomentar e implantar la CPI en el ámbito de la construcción sostenible. Está financiado por la Comisión Europea e involucra a 13 socios europeos, y está desarrollando acciones coordinadas de compra para lanzar tres licitaciones, por un importe global de cuatro millones de euros en Italia (Turín) y Suecia (Borlange). La Fundación Medina es otro caso de éxito de este instrumento en Andalucía. Se trata de un consorcio público-privado entre MSD España, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, que a través de la inversión en I+D, ha garantizado la creación del Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores para responder a necesidades médicas no cubiertas en enfermedades infecciosas.