HOJA DE RUTA PARA LA REFORMA PENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA

La Junta pone en marcha un plan de reestructuración de sus 63 agencias, consorcios, fundaciones y empresas públicas para evitar duplicidades y mejorar su eficacia, aminorando la factura que soporta el contribuyente

Cerca de 30.000 empleos públicos dependen del sector ‘empresarial’ de la Junta de Andalucía, una red compuesta por 63 agencias, consorcios, observatorios, fundaciones y sociedades mercantiles (con una participación autonómica mayoritaria) creadas en las últimas tres décadas para prestar determinados servicios por encargo de las distintas consejerías. Este entramado burocrático paralelo —que ha ido engordando a medida que se asentaba la autonomía— busca zafarse del doble estigma del enchufismo y la ineficiencia que ha cristalizado en el imaginario popular. Fraudes como el de los ERE, Invercaria o la extinta fundación de empleo Faffe, que han afectado de lleno a empresas públicas, han proyectado dudas sobre hasta qué punto son eficaces los controles administrativos. A forjar esta mala reputación han contribuido el hecho de que algunas de ellas hayan servido para brindar un trabajo para toda la vida a personas allegadas a los políticos que las crearon y desarrollaron, sin pasar por el enojoso trámite de preparar unas oposiciones. «Hay que dejar claro es que esas prácticas pertenecen al pasado», aclara la secretaria general para la Administración Pública, Ana Vielba. Para despejar sospechas, el Gobierno ha creado un acceso a través del Portal de Transparencia de la Junta para consultar todas las ofertas de empleo de estos entes.

Uno de los compromisos recogidos en el programa pactado por los socios del gobierno PP y Ciudadanos con Vox ha sido limitar el tamaño de la denominada «Administración paralela» para hacerla más útil y reducir la carga que tiene que soportar el contribuyente. Ese objetivo marcó el arranque de la legislatura. El primer

Consejo de Gobierno andaluz presidido

por Juanma Moreno, tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, encomendó a la Intervención General de la Junta auditar doce agencias públicas empresariales. Aquella primera prueba de contraste confirmó lo que se barruntaba: hay duplicidad de funciones y no siempre son el medio más idóneo para prestar servicios.

El paso siguiente fue contratar, en julio de 2020, a consultoras privadas para realizar auditorías con las que aportar luz al mapa de entidades públicas. La radiografía abarca 54 entes que dan empleo a 29.485 personas y manejan 5.359 millones de euros, que en su mayoría provienen de las cuentas autonómicas.

El Gobierno andaluz anda con pies de plomo a la hora de meter el bisturí. Pesa el recuerdo de la última e impopular reordenación acometida al amparo de la contestada ley 1/2011, bautizada por los funcionarios como «ley del enchufismo», que desgastó al Ejecutivo de José Antonio Griñán. La norma facilitó a los empleados de los consorcios y fundaciones disueltas integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como si se tratara de una sucesión em

SELECCIÓN Los casos de enchufismo «pertenecen al pasado» y ahora se publican las ofertas de empleo

FUSIÓN La nueva agencia Trade aspira a ser el único interlocutor de la Junta con los empresarios

presarial, conservando sus derechos y sueldos, en muchos casos, más elevados que los de los funcionarios. Según el inventario del Ministerio de Hacienda, antes de la crisis, en 2010 operaban en la comunidad 369 entes instrumentales de distinto tipo, hoy reducidos a 253. Andalucía es la segunda región con el sector público más mastodóntico después de Cataluña, que tiene 359, pero suma más entes que la Comunidad Valenciana y Galicia juntas.

Segunda reforma

Una década después, el sector público andaluz se somete a su segunda revisión a fondo de la historia de la autonomía. Para trazar su hoja de ruta, el Ejecutivo regional va a recurrir a un grupo multidisciplinar de expertos que, entre otros pormenores del proceso, le prestará asesoramiento jurídico sobre su impacto en el personal afectado. La Intervención General de la Junta está revisando los informes entregados por los auditores. «Hay que ser tremendamente escrupulosos con los procedimientos», advierten desde el Ejecutivo andaluz. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha explicado que los resultados se publicarán de aquí al verano. Entre tanto, distintas consejerías han empezado a mover ficha suprimiendo organismos menores deshabitados de personal, como la Fundación Mediara, la Agencia de Evaluación Educativa o el Consorcio del Guadalquivir, que llevaba ocho años sin actividad.

En paralelo, la Junta ha emprendido distintas fusiones de entidades que hasta ahora funcionaban por separado. La Consejería de la Presidencia ha iniciado el trámite para integrar tres de sus fundaciones de carácter cultural: Barenboim-Said, Tres Culturas del Mediterráneo y El Legado Andalusí, que aglutinan unos 70 trabajadores y manejan casi 4 millones de euros de presupuesto. A la consejería que dirige Elías Bendodo (PP) también queda adscrita la nueva Agencia Digital de Andalucía, que aglutina la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel) y el Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento Fernando de los Ríos.

La transformación de la «administración paralela» encuen

tra su máximo exponente en la Consejería de Salud y Familias. Jesús Aguirre ha puesto a funcionar el reloj para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) absorba a las cinco agencias públicas empresariales que gestionan 21 hospitales comarcales y de alta resolución: Emergencias Sanitarias –que engloba el 061 y Salud Responde–, Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir. Las agencias gestionan centros sanitarios en «zonas de difícil cobertura». «Presentan una gran dificultad para atraer a profesionales a sus hospitales, tanto por tener unas condiciones laborales menos ventajosas como por la preferencia de los mismos por los hospitales» del SAS, explicó el consejero Aguirre. Además de igualar condiciones y sueldos, la fusión facilita los traslados del personal. Con dos regímenes jurídicos distintos, eso ahora es imposible.

Esta consejería, sometida a una dura prueba de estrés por la pandemia, también proyecta crear el Instituto Andaluz de la Salud, un émulo Instituto Carlos III del Ministerio a escala regional. Escampada la tormenta laboral que generó su anuncio, Salud ha retomado la idea de fundir la Secretaría General de I+D+i, la Fundación Progreso y Salud, y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que conservaría su sede en Granada.

Agencia Trade

El plato fuerte en la reordenación del sector público lo representa la nueva Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), que aspira a ser el motor que propulse la actividad económica de la comunidad. Bajo el mismo paraguas se concentrarán cuatro entes, con 1.381 trabajadores, que ahora funcionan de manera independiente: Extenda, la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Agencia IDEA. «Trade representa la apuesta de este Gobierno para aunar todos sus instrumentos al servicio de la economía andaluza. Se produce, además, en un momento donde dar respuesta rápida y eficiente a las necesidades empresariales es más necesario que nunca por la grave crisis a la que nos enfrentamos», enfatizó la viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, Lorena García de Izarra. «El empresario, los emprendedores, los inversores, el mercado, van a tener un único interlocutor, una ventanilla única a la que dirigirse. Ahora nos trasladan su desconcierto al no saber a dónde acudir para llevar cabo sus gestiones. Es evidente, además, que existen algunas duplicidades», admite.

Trade es el siguiente paso en un proceso que comenzó con otras reformas de calado encaminadas a eliminar burocracia, simplificar trámites y profesionalizar la gestión de los entes instrumentales.