La Audiencia frustra un nuevo intento de anular el caso Gürtel
La Fiscalía rebajará su acusación a Correa si ayuda a esclarecer la financiación ilegal
Con sus habituales argumentos, los acusados de la trama Gürtel trataron ayer de anular el juicio por la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, una vista que celebró su primera sesión en la Audiencia Nacional. Las defensas solicitaron la nulidad del proceso por la supuesta ilegalidad de las escuchas originarias del caso, y denunciaron que los delitos enjuiciados han prescrito por el paso del tiempo.
Con contundencia respondió el juez José María Vázquez Honrubia, el único enjuiciador de esta vista. «Son ustedes muy pertinaces. Exponen las cuestiones previas una y otra vez», manifestó el magistrado a última hora de la sesión, cuando rechazó todas las cuestiones previas, de forma, planteadas por las defensas. Habrá juicio, se examinará el fondo del asunto, y se analizarán todas las pruebas y delitos colocados sobre la mesa de la investigación, que apunta a la era en la que Francisco Camps, del PP, gobernó como un rodillo la Comunidad Valenciana.
El juez lamentó que los acusados de Gürtel –liderados por Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el «Bigotes»– hayan planteado la nulidad hasta en tres ocasiones, chocando siempre contra el muro judicial, tanto en la primera sentencia contra la trama, por amañar contratos de la feria Fitur de Valencia, como en la vista por la primera época de la red. La Justicia avala la legalidad del caso.
El capo de la trama, Francisco Correa, se desmarcó y no apoyó estas peticiones. El cabecilla ha reconocido los hechos en busca de un pacto con la Fiscalía, que ayer avanzó que suavizará su acusación si Correa colabora.
Con ese debate técnico comenzó la primera vista que examina si el PP se financió con dinero negro. Diecinueve personas –empresarios, antiguos altos cargos del PP de Valencia y miembros de la Gürtel– se sientan en el banquillo, acusados de delitos electorales, falsedad y delitos fiscales. El juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, Vázquez Honrubia, resolverá si el PP valenciano burló la ley para financiar las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y de las generales de 2008. Anticorrupción considera que la Gürtel, a través de Orange Market, pagó al menos 2,035 millones de euros por medio de empresas beneficiarias de contratos públicos.
El camino a la condena ha sido allanado por la confesión de nueve empresarios –entre ellos Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino–, quienes reconocieron durante la investigación los pagos irregulares al PP. Estos empresarios exigieron ayer a la Fiscalía que respete el acuerdo firmado, que incluía sustituir por una multa las penas de prisión. Ellos abrirán hoy el turno de los interrogatorios. Solo un empresario, Ramón Blanco Balín, niega la acusación y rebatirá este relato.
La confesión complica la defensa de los antiguos hombres fuertes de Camps Ricardo Costa o Vicente Rambla, cuyos abogados se esforzaron ayer sin éxito en convencer al juez de la prescripción de los hechos. Se enfrentan a siete años y nueve meses de cárcel, y seis años y medio, respectivamente.