Pánico tras quebrar un gigante de la construcción en el Reino Unido
Con el Brexit, crece el temor a que surja un efecto contagio entre las grandes empresas
La quiebra por sorpresa del grupo británico Carillion, que se dedica a la construcción y a los servicios, con una deuda de 1.500 millones de libras (unos 1.700 millones de euros), ha supuesto un terremoto económico y político en el Reino Unido. Este grupo, que se formó hace 200 años, es la segunda mayor constructora británica y la encargada, entre otros grandes proyectos, de la puesta en marcha de la línea de alta velocidad que unirá Londres con Birmingham, Manchester y Glasgow.
La bancarrota se produce tras la imposibilidad de un acuerdo con sus acreedores y con el Gobierno para llevar a cabo un rescate que mantuviera la empresa a flote. La quiebra pone ahora en riesgo los 43.000 puestos de trabajo del consorcio (casi 20.000 en el Reino Unido), además de los muchos proyectos que tiene en marcha .
No quedaba más remedio, vino a decir la propia empresa en un comunicado: la única opción posible era «entrar en liquidación de forma inmediata». Una crisis que deja en una posición muy comprometida al Gobierno británico, que tendrá que hacerse cargo ahora de los servicios públicos que gestionaba esta empresa que trabajaba en áreas estratégicas como defensa, sanidad o transportes.
El Gobierno tuvo que llamar a la calma tras las varias voces que se han alzado augurando un efecto contagio en otras grandes empresas británicas, sobre todo ante la delicada situación que se prevé tras el Brexit. El Ejecutivo se ha tenido que defender de mala manera ante el aluvión de críticas que le ha llegado, tanto de quienes le recriminan haber dejado caer a una empresa estratégicas y de tan gran dimensión como de los que le acusan de haber estado intentando mantener sin éxito a flote a Carillion adjudicándole contratos en los últimos meses.
Investigación
Entre estos últimos se encuentra el partido laborista de Jeremy Corbyn, que solicitó una investigación sobre la actuación del Gobierno de Theresa May con la empresa. Desde la oposición señalan que «esta compañía presentó tres avisos de malos resultados en los últimos seis meses y, a pesar de esas alertas, el Gobierno continuó premiándola con contratos públicos».
Tuvo que ser el nuevo viceprimer ministro británico, David Lidington, el que aportó un poco de tranquilidad a los empleados de la empresa asegurando que el Gobierno se hará cargo de algunos de los contratos que le había adjudicado y por tanto salvando la situación, al menos por el momento. Queda, no obstante, el temor a la pérdida de empleos, a la espera de cómo se desarrollará la situación en los próximos meses. Según el propio Lidington «todos los empleados deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo y seguirán recibiendo su sueldo. El personal que participa en contratos del sector público todavía tiene que realizar un trabajo importante». No es este el único problema que tendrá que acometer el Gobierno, ya que miles de empleados y exempleados tienen dinero en los fondos de pensiones de Carillion, de los que se tendrá que hacer cargo el Fondo de Protección de Pensiones.
Empleos en peligro Se teme la pérdida de empleos en un consorcio estratégico que da trabajo a 43.000 personas