Eliminar el copago farmacéutico de los jubilados costará 550 millones más al año
Sanidad promete una «hoja de ruta» para anular la reforma del PP, pero sin dar plazos ni estimar costes
Tarjeta sanitaria para todos y menos copago farmacéutico. Esta es la «hoja de ruta» que la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, se ha marcado para esta legislatura aunque estas dos medidas aún no tienen plazos para su ejecución ni se ha cuantificado el coste que tendrá para las comunidades autónomas.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, fue la primera en anunciar que se devolverá la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, pero sin dar más detalles. Ayer, en declaraciones a los periodistas, antes del acto de toma de posesión del nuevo equipo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Montón garantizó que también tiene previsto eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas, otra de las medidas polémicas que incluía la reforma sanitaria que hizo el PP en 2012.
El Gobierno está con la voluntad «de recuperar todos y cada uno de los derechos arrebatados», explicó. «La idea es volver al punto de origen» antes de la reforma, aunque admitió que su eliminación «nos va a llevar más tiempo». La prioridad del Gobierno es recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud. «Es lo más básico porque una sociedad decente no deja a nadie detrás», dijo haciendo suyas las palabras de la portavoz del Gobierno tras anunciar la primera medida de Sánchez. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional falló que la reforma sanitaria del PP se ajustaba a los derechos reconocidos en la Carta Magna.
Vuelta al origen
Montón evocó ayer la época del exministro de Sanidad Ernest Lluch «cuando yo aún era una niña». Si se vuelve al sistema de aquella época, los parados de larga duración podrían volver a tener que pagar un porcentaje de los medicamentos consumidos.
La reforma sanitaria del Partido Popular puso a los pensionistas, por primera vez, un copago del 10 por ciento de sus medicinas con un tope de gasto mensual de 8 euros para las rentas
Efecto llamada El ministerio debe explicar cómo evitará el efecto llamada y el turismo sanitario
más bajas. Pero también eliminó esta aportación para las personas sin trabajo y sin acceso al subsidio de desempleo. Y obligó a las rentas más altas –con ingresos superiores a 100.000 euros– a sufragar el cien por cien de sus medicinas. Según fuentes consultadas por ABC, la factura farmacéutica podría elevarse unos 550 millones anuales si los copagos farmacéuticos se dejaran como estaban hace seis años y se anulara el modelo actual.
La universalización de la sanidad es un gesto público porque, en la práctica, la gran mayoría de los residentes eran atendidos en todas las comunidades autónomas sin mirar documentación. Y la ley avala la asistencia de todas las personas a través del sistema de urgencias –sea cual sea la dolencia–, las enfermedades infecciosas y el tratamiento de menores y mujeres embarazadas en las mismas condiciones que se atiende a los ciudadanos españoles.
La clave está en el coste de la factura de farmacia, que deberá discutirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también médico de formación como Montón. Con ella, Montón espera dejar de hablar del gasto en sanidad para considerarla una inversión. El Ministerio aún debe explicar cómo será la tarjeta sanitaria de esa Sanidad universal que se proporcionará a los «sin papeles» para evitar el efecto llamada. Ahora este documento es mucho más que una tarjeta identificativa, también puede convertirse en la llave de acceso al sistema sanitario de cualquier país europeo, pero con coste a España. El Tribunal de Cuentas ya detectó en 2012 un uso «abusivo y deliberado» del sistema sanitario español por parte de extranjeros, en un informe de fiscalización sobre la atención sanitaria a personas no españolas. Se detectó a rumanos que volvieron a su país tras su paso por España y utilizaban la tarjeta sanitaria europea gracias a la expedida en España. La factura la pagaba el Gobierno español.
El Tribunal de Cuentas también recogía con sorpresa cómo podía emitir Alemania un 700% más de facturas contra España por atender a ciudadanos con tarjeta sanitaria española, pese al turismo germano. O que ocurriera lo mismo con Marruecos, cuando una gran parte de la población marroquí utiliza los servicios de los hospitales cercanos de Ceuta y Melilla.
Turismo sanitario
El «efecto llamada», que preocupa, no es solo el de los inmigrantes sin recursos como los que han llegado en el barco Aquarius, sino el de ciudadanos de países ricos a los que puede compensar tratarse en España con cargo a la sanidad pública. O que los países que ahora financian la factura sanitaria de sus ciudadanos en nuestro país dejen de pagarla si entienden que la sanidad es gratuita en nuestro país.
El control que se estableció en 2012 anuló la tarjeta sanitaria de casi un millón de extranjeros. De ellas, más de la mitad estaban en manos de extranjeros que no vivían en España. Pertenecían a ciudadanos que en algún momento habían vivido en nuestro país y no la habían dado de baja o la habían obtenido con la ayuda de familiares que sí residían en España. A estos últimos les bastaba con empadronarse en el domicilio de un familiar para conseguirla. Viajaban para ser atendidos de forma gratuita y una vez recibido el tratamiento regresaban a su país de origen.