Un pacto social digital
La trascendencia que ha alcanzado internet está fuera de toda duda. Aun asumiendo la existencia de una brecha digital por cuestiones sociales, económicas, culturales, o incluso generacionales, los últimos datos del INE muestran cómo el 80% de los españoles han utilizado internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses, llegando este porcentaje en los jóvenes entre 16 y 24 años a superar el 96%.
En las sociedades contemporáneas, cualquier instrumento con este potencial y por normas promulgadas por el poder legislativo a través de los mecanismos democráticos instituidos. Sin embargo, por el carácter transnacional de la sociedad digital, que dificulta la aplicación del principio de territorialidad de la ley o por la tradición liberal en el ámbito de las libertades comunicativas –que ha considerado toda intervención como injerencia o incluso censura–, el ámbito de la regulación de internet está caracterizado por la sustitución de modelo clásico de gobierno por el de gobernanza. Ello implica un sistema multiagente en el que cada cual tiene poderes parciales, sin que nadie tenga el monopolio del poder global sobre el sistema. Este modelo ha sido enormemente positivo para el desarrollo de internet, pero en la actualidad, quizá requiera de un revisión.
La posición dominante de las grandes compañías de internet (con Google como ejemplo con un 92% de cuota de mercado), produce un desequilibrio en este modelo de gobernanza.
Es por ello que quizá sería importante plantear la necesidad de un nuevo pacto social digital que suponga la participación de todos los actores que intervienen en este nuevo entorno social mediatizado por la tecnología.
Las políticas públicas y privadas (con las condiciones de uso o términos de servicio de las aplicaciones como principal norma reguladora de nuestra actividad en internet) deben garantizar el acceso igualitario a la Red y el aseguramiento de los diversos derechos que ejercitamos a través de internet (con la neutralidad de la Red y el respeto a la privacidad de los individuos).
Deben articularse nuevas formas de gobernanza que impliquen un mayor equilibrio entre los derechos digitales de los ciudadanos, la acción regulatoria estatal, así como los legítimos intereses de las empresas.