Malas noticias en María Pita
No han sido semanas fáciles para el gobierno populista de La Coruña. En los despachos del Palacio de María Pita se amontonan los frentes abiertos que cuestionan la capacidad de la Marea Atlántica para la gestión —pasados tres años de su llegada al poder— y dejan en muy mal lugar las relaciones entre el equipo de Xulio Ferreiro y algunos de sus simpatizantes.
El caso más notorio es el de la compra de dos inmuebles a un firmante del manifiesto fundacional de la Marea, por los que recibió un montante aproximado de 140.000 euros de dinero público. El proceso comenzó el pasado mes de enero, cuando el Ayuntamiento anunció a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la compra de seis inmuebles destinados a ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad. De esos seis, dos pertenecían a la misma persona, un asesor en consumo de varias instituciones catalanas que colaboró en la génesis de la formación de Ferreiro.
El escándalo se fue desmenuzando a cuentagotas, al saber que los inmuebles adquiridos tenían un difícil encaje en las bases del concurso. Así, hasta que el pasado septiembre llegó la puntilla. El Consello Consultivo detectó indicios de nulidad en la operación por incumplir algunos de los «requisitos esenciales» y por suponer una «quiebra clara y evidente» del reglamento del proceso. Acto seguido, el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, puso su cargo a disposición del alcalde. Ferreiro no se la aceptó. Peor suerte corrió la jefa de Vivienda del Ayuntamiento: renunció y se convirtió hasta el momento en la única víctima política del escándalo.
«Proxecto Cárcere»
La otra gran polémica que envuelve a la Marea se refiere a la encomienda de gestión de la antigua cárcel. Hace escasos días. el Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña abrió diligencias para investigar un supuesto caso de prevaricación administrativa en la cesión de uso del edificio a la plataforma «Proxecto Cárcere». El colectivo enseguida pasó a ser conocido por haber contado con simpatizantes de la Marea entre sus filas, e incluso con miembros de su gobierno, como el propio Xiao Varela o el jefe de gabinete del alcalde, Iago Martínez.
La decisión del juzgado es el resultado de una denuncia de la Fiscalía, en la que además se solicita una investigación contra la concejal de Participación, Claudia Delso. El Ministerio Público entiende que hubo un interés en ceder el inmueble a la asociación «por encima del cumplimiento estricto de la legalidad». Una de las asesoras de Delso, Natalia Balseiro, también figuraba en el listado de componentes de «Proxecto Cárcere».
Para Ferreiro, no obstante, el paso dado por la justicia es «lo normal». No es ninguna sorpresa, entra dentro de lo esperable en una actuación ordinaria del juzgado», llegó a explicar ante la prensa.
Al Ayuntamiento también se le exigieron explicaciones cuando anuló un concurso convocado para organizar un evento gastronómico. Paradójicamente, el mismo que horas antes había denunciado el grupo municipal del PSOE en María Pita. Los socialistas alertaban de que la empresa que organiza el Forum Gastronómico había anunciado ya los preparativos de la feria en su página web; y todo ello mientras el plazo de presentación de propuestas se mantenía abierto. Para la formación, además, existían indicios de que los pliegos de concurso se habían diseñado a medida de un solo adjudicatario.
Mientras tanto, el gobierno local intenta salir paso abrillantando su política social, el eje principal de su discurso, junto a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, hace una semana, el ejecutivo informó de que 204 familias percibían el dinero la «Renta Social Municipal», pensada para cubrir sus «necesidades básicas» y fomentar «su autonomía».
El «error» de la alfombra
Y así fueron pasando las hojas del calendario hasta el último quebradero de cabeza para Ferreiro y los suyos. Nada más y nada menos que una alfombra floral, fabricada con mimo por la Asociación Faro de Monte Alto en honor a las fiestas de la Virgen del Rosario, y barrida con torpeza por los servicios municipales de limpieza.
Las protestas se hicieron oír en el último plano. Un enfado tal que, según testigos presenciales, provocó episodios de tensión. En uno de ellos un vecino quiso entregar a Ferreiro flores para su «tumba». La explicación del Concello, una vez más, fue la del «error». Ajeno. Ferreiro habló de un fallo de coordinación entre los trabajadores y la concesionaria.