El Gobierno recurre la resolución contra el Rey: «No queda más remedio»
Defiende una respuesta política al Parlament, pero insiste en mantener la vía de diálogo
Tras varios días de debate sobre cómo afrontar la respuesta a la resolución aprobada la pasada semana por el Parlamento de Cataluña que abogaba por la abolición de la Monarquía, finalmente el Gobierno ha optado por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo confirmó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo: «Iremos al TC como fuimos hace un par de meses», resumió la número dos de Sánchez. El Gobierno llevará el viernes al Consejo de Ministros este planteamiento amparándose en que un parlamento autonómico «no puede intentar trazar la forma de este país».
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, lo explicaba mejor horas más tarde: lo que aprobará el próximo Consejo de Ministros es la solicitud del preceptivo informe al Consejo de Estado, «que nos dará la vía jurídica» para presentar el recurso. Batet aseguró que «no fue un acierto presentarla y votarla», en referencia a la resolución impulsada por los comunes de Ada Colau porque hay que «mantener la Jefatura del Estado al margen de la pugna política».
Hace dos meses Sánchez expresó su deseo de no abrir «ni una vía judicial más», en esa voluntad de normalización que persigue el presidente del Gobierno. Pero ayer Batet reconoció que el Gobierno no tiene otra alternativa: «Si insisten en mociones que escapan al marco normativo no queda más remedio que garantizar ese marco normativo», aseguró Batet durante un almuerzo en el Club Siglo XXI, insistiendo, eso sí, en que esta respuesta «no cierra la puerta al diálogo».
El Gobierno ha debatido en los últimos días cómo responder a esa votación porque entendían que se trataba de una mera resolución declarativa sin ningún alcance jurídico. «Esto no tiene ningún sentido jurídico pero sí tiene que tener una respuesta jurídica», dijo ayer Calvo.
El Ejecutivo contestó con mucha rapidez a esa votación de la pasada semana, con un comunicado y un mensaje del presidente anticipando «las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado». Pero luego ha tardado unos días en anunciar la decisión. Un tiempo fruto de las consultas jurídicas, aseguran fuentes de La Moncloa.
En el seno del Gobierno ha habido debate. Prueba de ello es que en los tradicionales corrillos del Palacio Real del pasado 12 de octubre el presidente restaba importancia a la cuestión tildándola de «propuesta declarativa, sin fuerza jurídica». Y para quitarle más importancia, añadía que hubo una proposición no de ley similar durante el mandato de Mariano Rajoy y que su Gobierno «no la recurrió». Todo parecía indicar que el Gobierno se pondría de perfil con esta cuestión. Pero en esa misma recepción la vicepresidenta Calvo mantenía las opciones abiertas indicando que «seguramente» se presentaría el recurso.
Al final el Gobierno ha optado por esta vía. Fuentes del entorno de Sánchez niegan cualquier retraso en la toma de la decisión. «Se reaccionó de inmediato, luego se ha dejado pasar el día de la Fiesta Nacional y la rueda de prensa del plan presupuestario que se iba a mandar a Bruselas», explican. Se pone en valor la «reacción rápida» que solo se ha pospuesto por la necesidad de buscar el asesoramiento con los servicios jurídicos de La Moncloa, la secretaría de Relaciones con las Cortes y la Abogacía del Estado. Pero defienden que no hubo duda en la decisión política de «no dejar pasar ni una en lo que respecta a los ataques contra el orden constitucional». Se justificaba la demora, que en La Moncloa no se considera tal, en que se trataba de recurrir un texto sin valor jurídico que «se centraba en impugnar el discurso del Rey el 3 de octubre de 2017 y había que analizar si tenía el mismo valor» que otras votaciones recurridas al TC. Esta es la segunda vez que el Gobierno de Sánchez recurre ante el TC una votación en el Parlamento catalán, después de hacerlo por primera vez en el mes de julio cuando se votó recomponer las leyes que rompían la Constitución y el Estatuto y la unidad territorial».