El PP cambia su estrategia sobre la lista más votada
Tras el rechazo del Congreso a su reforma, buscará pactos aunque pierda las elecciones
El Congreso vivió ayer un punto de inflexión importante ante las próximas citas electorales. El PP llevó al Pleno, de nuevo, una iniciativa para reformar la ley Electoral y establecer que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Es decir, para impedir pactos de perdedores que se hagan con el poder y dejen fuera al ganador de las elecciones, como ocurrió, por ejemplo, en Madrid con Manuela Carmena. El Parlamento volvió a decir «no» al PP. Fue un rechazo tajante, rotundo, apenas suavizado por la abstención de Ciudadanos. Los populares se quedaron solos y Pablo Casado dijo basta. O el PP acepta que no variará la ley y cambia de estrategia, o participará en las próximas elecciones con una mano atada a la espalda. La decisión estaba tomada: a partir de ahora, el PP buscará los pactos que hagan falta para conseguir gobiernos y alcaldías, aunque no sea la lista ganadora.
Casado tenía mucho interés en que el Grupo Popular llevara al Pleno la Proposición para reformar la ley electoral, y obligar así a que todos se retratasen. Una vez rechazada su propuesta, el PP se siente con las manos libres, y con autoridad, para buscar pactos, sobre todo con Ciudadanos, aunque pierdan en las urnas. El PP lo intentará en Andalucía, pero también en las municipales y autonómicas de mayo.
En el Pleno, la diputada Ana Isabel Alós defendió con ímpetu la necesidad de premiar al candidato ganador en las municipales para que pueda gobernar. «¿Quién tiene que ser alcalde? ¿El que gana o el que pierde? ¿El que deciden los ciudadanos o los partidos? ¿El que ha tenido más votos o el que ha tenido menos votos?»
La reforma del PP incluye una segunda vuelta si es necesario, todo para bonificar al partido ganador y que los perdedores no puedan desplazarle. Así, habría una primera vuelta en la que si un candidato tiene mayoría absoluta, o alcanza el 35 por ciento de los votos con cinco puntos de distancia respecto al segundo, o mayoría simple con el 30 por ciento de votos y 10 puntos de diferencia con el segundo, obtendría automáticamente la mayoría de los concejales y el resto se distribuiría entre los demás. Si no se cumplen esas condiciones, se iría a una segunda vuelta entre los que obtuvieran al menos un 15 por ciento de votos. El que ganara con más del 40 por ciento y una distancia mínima de 7 puntos respecto al segundo, obtendría la mayoría de concejales. Si nadie lo consigue, se repartirían los concejales según el sistema actual, en función del resultado de la primera vuelta.
La Proposición, como aclaró el PP, era negociable. Pero los demás partidos la rechazaron de plano. Solo UPN tendió la mano a sus socios electorales para hablar del asunto. El resto dio un portazo al Grupo Popular, que guardará en un cajón una idea que, según recordó la diputada, incluye en su programa desde 2003, y que intentó aprobar en 2008, 2011 y en 2014. En ese último año, Rajoy decidió aparcarla, pese a tener mayoría absoluta, porque no veía bien aprobarla en solitario.
Justo en este momento, cuando el PSOE se entiende tan bien con Podemos, pero también con los separatistas, con el PNV e incluso con Bildu, era evidente que una proposición así no iba a gustar a ninguno de ellos, pues lo vieron como un intento del PP de arreglar con una ley su pérdida de poder. Ciudadanos tampoco se unió a los populares. El partido de Rivera quiere reformar la ley para que se imponga «el principio de igualdad de voto». La reforma del PP, en ese sentido, no le interesa.