La Iglesia española endurece su protocolo para prevenir abusos sexuales a menores
Los obispos «no creen» que haya un problema de encubrimiento como en otros países
os obispos españoles quieren llegar a la reunión con el Papa Francisco el próximo mes de febrero con los deberes hechos. Al menos en la forma. Por ello, han decidido poner en marcha una comisión de trabajo para «revisar y actualizar» los protocolos de actuación de la Iglesia española ante los casos de abusos sexuales que puedan cometer sacerdotes o religiosos contra menores de edad o personas vulnerables. La decisión se dió a conocer ayer pero fue tomada el pasado 13 de septiembre por el Comité Ejecutivo, un día después de que Francisco convocara en el Vaticano un encuentro privado con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para frenar esta lacra en el seno de la Iglesia.
Las directrices que están actualmente en vigor en la Iglesia española son del año 2010 y sirven de guía práctica a los prelados sobre cómo actuar ante una denuncia sobre pederastia. Con la creación de esta comisión, los obispos pretenden ahora poder adaptar esta instrucción a la nueva legislación española y al último «Modelo de Directivas» redactada por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en diciembre de 2016. Esta directiva vaticana está más enfocada en las víctimas.
Entre los cambios previstos, según pudo saber ABC, está la de incluir lo que establece la ley del Menor de 2015. Esta norma obliga a poner en conocimiento de la Fiscalía los posibles delitos de los que pueda ser víctima un menor de edad. El protocolo por el que se guía actualmente la Iglesia solo sugiere al obispo que «invite a la familia de la víctima a que denuncie el caso ante las autoridades civiles». «Aunque no lo diga el protocolo, los obispos ya denuncian los
Lcasos ante la Fiscalía», explicaron a ABC fuentes episcopales.
La nueva comisión, según precisó ayer la Conferencia Episcopal a través de una nota, tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico y estará integrada por juristas de la propia Casa de la Iglesia, del Tribunal de la Rota, de la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y del servicio jurídico civil. Después de actualizar los protocolos, la comisión tiene previsto trabajar «de manera interdisciplinar» en la redacción de una nueva normativa para la prevención de estos delitos.
La Conferencia Episcopal «no cree que en la Iglesia española haya un problema de encubrimiento de casos de abusos sexuales como se ha dado en otros países», según explicó ayer el secretario general y portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo. Y por ello una buena parte del Espiscopado considera que esta nueva medida es proporcional y adecuada. «La pederastia no es el problema de la Iglesia en España. Por eso no vamos a investigar por las dudas cuán culpable somos», aseguró ayer a ABC otra fuente eclesiástica.
Los obispos de cada diócesis han sido hasta ahora los que han llevado con más o menos acierto las investigaciones sobre denuncias de pederastia. En algunos casos han recibido ayuda de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal. Algunas diócesis, como Alcalá de Henares, incluso llegó a anunciar en 2015 la creación de una comisión para atender a las víctimas, pero tres años después «no se ha materializado», admitieron ayer.