La guerra legal de los Franco
Los herederos de Carmen Franco, la hija del dictador, se encuentran a las puertas de un complejo frente judicial para intentar retener las joyas de su patrimonio en Galicia: el Pazo de Meirás y las estatuas centenarias de Abraham e Isaac, realizadas por el Maestro Mateo. Las administraciones públicas han abierto distintas vías para reclamar la propiedad del inmueble y las esculturas, y serán los tribunales los que acaben por dirimir si la familia Franco puede conservar estos bienes, sobre los que pesa la oscura sombra del expolio y la expropiación durante la dictadura.
La primera batalla de ese frente se está librando ya en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, donde el Ayuntamiento de Santiago defiende que las mencionadas esculturas son suyas, para lo que ha acreditado no solo un título de propiedad, sino incluso el expediente de adquisición de las mismas, datado en 1948. Entonces, el consistorio compostelano las compró por 60.000 pesetas de la época a los herederos del Conde de Ximonde, quien se había hecho con ellas en el siglo XVIII.
El relato de los hechos en el escrito presentado en el juzgado que hace el Ayuntamiento es que «Carmen Polo se encaprichó de las esculturas en los actos de la ofrenda al Apóstol del año 1954 y que el señor alcalde, y como si de una caja de bombones se tratase, ‘complace’ a la esposa del jefe del Estado ‘regalándole’ las figuras». Concretamente, el Consistorio relata el «interés muy insistente» de Carmen Polo al entonces regidor, «sugiriéndole de forma inequívoca su deseo de poseerlas». La siguiente noticia que se tuvo de las estatuas es que formaban parte de la decoración del Pazo de Meirás, del que salieron por vez primera en noviembre de 2016 rumbo al Museo del Prado, dentro de una exposición dedicada al Maestro Mateo.
Estatuas de anticuario
Los Franco niegan esta «rocambolesca e increíble» versión que presenta el consistorio, a pesar de la documentación legal que acreditaría la propiedad de las efigies. Según su propio escrito —avanzado este lunes por Europa Press—, el dictador y su mujer habrían adquirido las estatuas «a un particular a través de un anticuario». El alcalde de Compostela, Martiño Noriega, tiene claro que «no se aportó ni se va a aportar ningún tipo de documentación que ratifique que no hubo usurpación»
Las dos partes estaban citadas este pasado lunes en Madrid para la vista preliminar de este proceso civil, pero los siete hermanos se descolgaron alegando que todavía no habían recibido la herencia de su madre, Carmen Franco, fallecida el pasado 29 de diciembre, y contra quien se dirigía la demanda original del Ayuntamiento. Ante esta situación, la juez que instruye la causa aplazó la vista hasta el próximo 19 de noviembre, y pidió una «aclaración» respecto a la situación patrimonial.
Noriega alegó este lunes que se trata de una «estrategia dilatoria». De hecho, en las últimas semanas, Francis Franco, el primogénito de Carmen Franco, iniciaba los trámites para intentar vender su parte tanto de las estatuas como de Meirás a su propia empresa, Pristina S. L., una acción que solo se entendería si la herencia hubiera sido ya recibida. A pesar de que consideran que el proceso judicial les acabará dando la razón, Noriega no
Meirás, a la espera
El segundo frente que se les avecina a los Franco es el Pazo de Meirás. Los obstáculos e incumplimientos en la apertura de la residencia de verano del dictador a las visitas públicas a las que estaban obligados por una ley gallega derivaron en que las administraciones públicas giraran en su discurso político y abrieran la puerta a una posible recuperación del inmueble. A Meirás lo rodeó desde el primer día la sombra de una adquisición opaca, revestida de donación y posterior compraventa por parte de los Franco a un conjunto de notables de La Coruña.
La Diputación de La Coruña primero, y la Xunta de Galicia después, constituyeron sendos grupos de expertos para explorar las distintas fórmulas de recuperación del Pazo a manos públicas. La institución provincial sostuvo en su informe que la operación por la que Francisco Franco adquirió el inmueble fue una venta «simulada», y que, por tanto, un acto así sería nulo y no habría prescrito. La prescripción es una de las alegaciones que recurrentemente hacen los Franco para mantener este patrimonio, el transcurso de los suficientes años como para que no se puedan emprender acciones judiciales para reclamarlo.
Por su parte, el comité de la Xunta aportó otra aproximación: Meirás fue utilizado como residencia oficial del jefe del Estado durante más de treinta años, fue rehabilitado con cargo a fondos de la Diputación y el Gobierno, y por tanto cabe ser reclamado como Patrimonio público, al nivel del Palacio del Pardo. Igualmente, al tratarse de un bien de dominio público, las acciones del Estado para reclamar su titularidad no prescribirían nunca.
Los expertos de una y otra comisión coinciden sin duda en un punto: el único legitimado para la reclamación del Pazo de Meirás sería el Gobierno de la Nación. ¿Y qué dice el Ejecutivo central? En un primer encuentro a comienzos de verano entre el ministro de Cultura, José Guirao, y el conselleiro Román Rodríguez quedó de manifiesto que el Gobierno no tenía el tema en su agenda, en la que sí figuraba de manera prioritaria la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Pero no ha sido hasta comienzos de este mes de octubre cuando, según informó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, el Ejecutivo ha encargado a la Abogacía del Estado un tercer informe para ver cómo proceder. Y una vez más, este era un requiebro en una posición anterior, ya que apenas unos días antes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, había condicionado la recuperación de Meirás a una modificación de la Ley de Memoria Histórica.
El camino de Meirás a manos públicas todavía se antoja más largo que el de Abraham e Isaac de vuelta a la Plaza del Obradoiro.