Todo o nada para Pilar de Lara
Durante años, muchos de los señalados injustamente por Pilar de Lara en sus múltiples causas contra la supuesta corrupción en Galicia —injustamente porque, tiempo después, se demostró su nula relación con la causa investigada— se lamentaban de que nadie les devolvería la honra, el buen nombre o, como el caso del exalcalde lucense José López Orozco, su cargo, al que tuvo que renunciar por sus múltiples imputaciones —más de la mitad ya archivadas—. Incluso arrastraban la losa de la resignación de que no habría justicia que exigiera responsabilidades a quien les llevó a ese mal trago: veían imposible que De Lara rindiera cuentas por sus controvertidos modos de instrucción. Cuando esta semana el Poder Judicial anunciaba la incoación de un expediente sancionador, muchos recuperaban un leve halo de esperanza.
El movimiento del CGPJ no es casual ni apresurado. Es la germinación del malestar que en amplios sectores de la judicatura gallega ha ido creciendo desde hace años —tanto jueces como fiscales— por los modos de la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, por ese aura de «juez estrella» que tanto molesta a muchos compañeros togados, que acaba resumiéndose en mucho ruído, en ocasiones insoportable, pero escasas nueces. Durante demasiado tiempo se dejó hacer, se concedió margen para que De Lara saliera de su propio laberinto, pero la paciencia parece haber tocado a su fin.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la Fiscalía de Lugo avalara durante años el crecimiento exponencial de macrocausas como la «Pokemon», que empezó en esa ciudad, se extendió a Orense, Santiago o La Coruña, pero acabó desmadejada en Cataluña, Murcia o el Levante, en una deriva desautorizada este año por la Audiencia Provincial alegando que De Lara no es competente fuera de su jurisdicción. Y de paso, anulándole toda las pruebas, con el consiguiente desperdicio de tiempo y dinero por parte de los cuerpos policiales empleados para investigar.
¿A qué se expone Pilar de Lara? Dos son los cargos que contra ella pone encima de la mesa el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Por un lado, desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales, para lo que cita tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el 417.9, el 418.11 y el 419.3), en función de si se gradúa como leve, grave o muy grave la comisión de esta presunta falta. Por otro, la supuesta adopción de decisiones con manifiesto abuso procesal que generen incrementos ficticios del volumen de trabajo (art. 418.16 de la LOPJ), catalogada como de carácter grave.
Las sanciones que podría proponer el promotor de la acción disciplinaria —una vez finalice el proceso de instrucción del expediente— van desde la advertencia o la multa de hasta 6.000 euros (lo más suave) hasta el traslado forzoso, la suspensión por tres años o la separación de la carrera judicial y la pérdida de la condición de juez.
Fuentes del proceso consultadas por ABC estimaron improbable que se llegue a plantear esta última sanción, pero consideran que las faltas por las que habrá de responder serán graves o muy graves. En todo caso, la última palabra corresponderá a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, de la que por cierto formó parte el abogado que defenderá a De Lara en este procedimiento, Agustín Azparren.
¿Qué se juega Pilar de Lara? Todo, evidentemente. Un proceso que remate en una sanción grave como un traslado o una suspensión temporal sería el varapalo definitivo para la juez, que