ABC (Galicia)

Todo o nada para Pilar de Lara

- JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SANTIAGO

Durante años, muchos de los señalados injustamen­te por Pilar de Lara en sus múltiples causas contra la supuesta corrupción en Galicia —injustamen­te porque, tiempo después, se demostró su nula relación con la causa investigad­a— se lamentaban de que nadie les devolvería la honra, el buen nombre o, como el caso del exalcalde lucense José López Orozco, su cargo, al que tuvo que renunciar por sus múltiples imputacion­es —más de la mitad ya archivadas—. Incluso arrastraba­n la losa de la resignació­n de que no habría justicia que exigiera responsabi­lidades a quien les llevó a ese mal trago: veían imposible que De Lara rindiera cuentas por sus controvert­idos modos de instrucció­n. Cuando esta semana el Poder Judicial anunciaba la incoación de un expediente sancionado­r, muchos recuperaba­n un leve halo de esperanza.

El movimiento del CGPJ no es casual ni apresurado. Es la germinació­n del malestar que en amplios sectores de la judicatura gallega ha ido creciendo desde hace años —tanto jueces como fiscales— por los modos de la titular del Juzgado de Instrucció­n nº1 de Lugo, por ese aura de «juez estrella» que tanto molesta a muchos compañeros togados, que acaba resumiéndo­se en mucho ruído, en ocasiones insoportab­le, pero escasas nueces. Durante demasiado tiempo se dejó hacer, se concedió margen para que De Lara saliera de su propio laberinto, pero la paciencia parece haber tocado a su fin.

Solo así se entiende, por ejemplo, que la Fiscalía de Lugo avalara durante años el crecimient­o exponencia­l de macrocausa­s como la «Pokemon», que empezó en esa ciudad, se extendió a Orense, Santiago o La Coruña, pero acabó desmadejad­a en Cataluña, Murcia o el Levante, en una deriva desautoriz­ada este año por la Audiencia Provincial alegando que De Lara no es competente fuera de su jurisdicci­ón. Y de paso, anulándole toda las pruebas, con el consiguien­te desperdici­o de tiempo y dinero por parte de los cuerpos policiales empleados para investigar.

¿A qué se expone Pilar de Lara? Dos son los cargos que contra ella pone encima de la mesa el promotor de la acción disciplina­ria del CGPJ, Ricardo Conde. Por un lado, desatenció­n o retrasos injustific­ados en la instrucció­n de causas penales, para lo que cita tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el 417.9, el 418.11 y el 419.3), en función de si se gradúa como leve, grave o muy grave la comisión de esta presunta falta. Por otro, la supuesta adopción de decisiones con manifiesto abuso procesal que generen incremento­s ficticios del volumen de trabajo (art. 418.16 de la LOPJ), catalogada como de carácter grave.

Las sanciones que podría proponer el promotor de la acción disciplina­ria —una vez finalice el proceso de instrucció­n del expediente— van desde la advertenci­a o la multa de hasta 6.000 euros (lo más suave) hasta el traslado forzoso, la suspensión por tres años o la separación de la carrera judicial y la pérdida de la condición de juez.

Fuentes del proceso consultada­s por ABC estimaron improbable que se llegue a plantear esta última sanción, pero consideran que las faltas por las que habrá de responder serán graves o muy graves. En todo caso, la última palabra correspond­erá a la Comisión Disciplina­ria del CGPJ, de la que por cierto formó parte el abogado que defenderá a De Lara en este procedimie­nto, Agustín Azparren.

¿Qué se juega Pilar de Lara? Todo, evidenteme­nte. Un proceso que remate en una sanción grave como un traslado o una suspensión temporal sería el varapalo definitivo para la juez, que

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ABC La jueza de Lugo, Pilar de Lara, en una imagen de archivo

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