Crece la presión contra el régimen cubano por «tráfico humano»
que les fueron embargados». Los profesionales sanitarios cobraban el 10,5% de los 4.276,25 dólares que pagaba por ellos: 450 dólares en mano (400 para ellos y 50 para sus familias), mientras el Gobierno cubano retenía otros 550 dólares durante tres años, hasta que volvieran a Cuba.
Menéndez y Rubio consideran además que el Departamento de Estado de EE.UU. debe endurecer la clasificación de Cuba en su informe anual sobre trata de personas.
Crimen de lesa humanidad
La segunda acción la ha promovido la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), una plataforma disidente que ha logrado agrupar a más de 3.000 personas en la Isla y que está coordinada por el opositor y expreso de conciencia, José Daniel Ferrer. Unpacu anunció el pasado mes de noviembre su intención de llevar al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI) por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentra el trabajo forzoso o esclavitud moderna.
Para ello cuentan con la colaboración de Archivo Cuba, una ONG, dirigida por María Werlau, que lleva años registrando todos los casos en los que el régimen cubano vulnera los derechos humanos de sus ciudadanos –muertes y desapariciones–. Su documentación servirá de base para la denuncia que se presentará ante La Haya. «Llevamos años documentando los atropellos de Cuba, pero sin posibilidad de ir más allá ante la falta de recursos», explica a ABC Werlau, que elogia la participación en esta iniciativa del abogado español Jesús Imbroda, que la llevará ante la CPI, donde actualmente también defiende la demanda de la exfiscal Luisa Ortega contra el régimen chavista.
Javier Larrondo, representante de la Unpacu ante la Unión Europea, fue quien se puso en contacto con el Archivo Cuba. «Nosotros les propusimos que incluyeran el tráfico de personas o de exportación de fuerza laboral cubana en el exterior, que es un atropello a los derechos humanos y que cualifica como crimen de lesa humanidad porque es la definición misma de esclavitud».
Un tema estratégico para el régimen pues es la «principal fuente de ingresos de Cuba por delante del turismo», indica Werlau. Según información del Gobierno de Cuba, en 2018 había 65.000 trabajadores destacados en más de 60 países. La mayoría va como parte de «misiones internacionalistas» de médicos docentes y entrenadores deportivos, aunque también se exportan arquitectos, geólogos, músicos, obreros de la construcción, entre otros profesionales. En Cuba existirían al menos 85 empresas estatales «que venden estos servicios de exportación», indica. Unos servicios que devengaron alrededor de ocho mil millones de dólares, en 2016, el último año del que hay datos. Su pico habrían sido los años 2012, 2013 y 2014 con más de diez mil millones de dólares. Según esta misma organización, el 75% del PIB cubano procedería de estos servicios de exportación.
Sin embargo, la iniciativa de Unpacu se enfrentaba a un gran escollo, la CPI solo puede juzgar crímenes cometidos por estados que son parte del organismo y Cuba no lo es. «Pero sí comete el crimen en algunos países que son parte, como es el caso de Brasil –puntualiza Werlau–. Cuba tiene misiones en países que son democracias de izquierda, como Uruguay y Portugal, este último está en la UE».
No somos desertores
Esta iniciativa para llevar al régimen cubano ante la CPI –las denuncias serían nominales contra Raúl Castro y el actual presidente, Díaz-Canel, entre otros– contará también con la colaboración de «No somos desertores». La plataforma está integrada por miles de profesionales y técnicos cubanos, residentes en diversas partes mundo, que son víctimas de las represalias del Gobierno cubano que les niega la entrada a Cuba y el derecho a ver a sus familias por abandonar los convenios laborales en el exterior, al considerarlos desertores. El castigo: impedirles la entrada al país durante ocho años y un día.
«Por eso muchos se echan atrás a la hora de denunciar, por miedo. A los familiares, aunque tengan visa, no los dejan salir; y los hijos sufren represalias en los colegios. A los hermanos y esposas los echan de los trabajos. Por eso se ha demorado tanto que saliera a la luz esta situación», lamenta Werlau, aunque se muestra esperanzada porque un tanto por ciento de estos médicos «han consentido en dar su testimonio».