El contrainforme avala que As Pontes use biocombustibles
▶ Endesa anunció su cierre porque no era viable económica ni ambientalmente
No está la última palabra dicha sobre el cierre definitivo de la central térmica de As Pontes (La Coruña), anunciado la pasada semana por Endesa. Un contrainforme elaborado por técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, la Xunta y el ayuntamiento de As Pontes contradice la versión dada por la compañía y asevera que el uso de biocombustibles para la generación de energía eléctrica no contraviene la normativa ambiental vigente.
Las conclusiones a las que llegan los técnicos de las tres administraciones públicas emanan de las pruebas que Endesa realizó en la central a finales del pasado año, en las que se empleó al 50% una mezcla de carbón y biomasa. Pero donde Endesa concluía que se producían «graves inconvenientes de carácter ambiental» por la emisión de mercurio y el exceso de cenizas, ahora se asegura que todo entra dentro de los parámetros permitidos por la legislación.
«En el caso del mercurio (...) no se superó en ningún caso el valor límite establecido», asevera el informe técnico al que ha tenido acceso ABC, «y las cenizas y escorias son admisibles para un vertedero de residuos no peligrosos» de acuerdo con el reglamento gallego, que solo exige una solicitud para «autorizar valores límites de hasta tres veces el valor para ciertos parámetros». La central «ya inició los trámites para solicitar la ampliación de estos límites el 11 de diciembre de 2020». A la vista de los resultados «se puede concluir la viabilidad ambiental de la instalación para quemar mezcla de carbón y biocombustible», sentencia el informe.
El plano económico
Despejada la duda técnica y ambiental, la incógnita ahora reside en si la reconversión de As Pontes, la mayor térmica de España con su potencia de 1.200 MW, es económicamente viable para Endesa. En su análisis, el comité técnico formado por las tres administraciones deja claro que no ha abordado esta cuestión, y que sin duda está en el centro de la decisión de la energética de cerrar definitivamente la central.
Endesa alegaba que «el MWh generado [a través de la mezcla de biocombustible y carbón] costaría alrededor de 65 euros, con lo que resultaría 15 euros (un 30%) más caro que el producido en una central de ciclo combinado de gas natural». Según sus cálculos, «la térmica es inviable al quedar fuera del mercado eléctrico», que prevé para este año 2021 «un precio de 47,3 euros por MWh». Además, adaptar la central «requeriría asimismo una elevada inversión y unos altos costes fijos», que produciría «una destrucción de caja estimada en 625 millones de euros en diez años de actividad».
Las tres administraciones trabajan en otro contrainforme sobre la viabilidad económica de la central que se hará público en los próximos días. «Los números dan», aseguran fuentes conocedoras del mismo.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció ayer «reformas encaminadas a que la comprensión de la factura de la luz por parte del usuario sea mucho más sencilla» y se conozcan mejor los servicios contratados con el fin de prevenir abusos y fraudes. Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, el titular de Consumo comunicó la próxima aprobación de «cambios» para que el recibo eléctrico de los hogares sea «mucho más fácil y obvio de entender para comprender bien los conceptos» con el objetivo de que «cualquiera pueda entenderlo y acabar con la publicidad engañosa». Al respecto, fuentes de Consumo aclararon después que junto a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) «quieren realizar un acompañamiento a la ciudadanía en la interpretación de sus facturas».
Según Consumo, a lo largo de 2020 se han constatado «omisiones sobre impuestos aplicables» en la información que las empresas proporcionan a los clientes, «una práctica que provoca distorsión sobre el precio final de la energía». Para frenar la «distorsión» que, según Garzón, se da muchas veces en estas comunicaciones de precios y para otros fines relacionados con la protección del consumidor, el ministro avanzó la aprobación a lo largo de 2021 de una Ley Integral de Servicios de Atención al Cliente. Por ello, anunció que se ejercerá la acción de cesación ante los tribunales de justicia contra estas acciones publicitarias. «Vamos a intensificar junto a las comunidades autónomas la vigilancia de prácticas comerciales engañosas que realizan las empresas energéticas sobre los precios de la energía», puntualizó.
Sin rebaja del IVA
A lo largo de su intervención en la Cámara Baja, Garzón evitó contestar a las preguntas lanzadas por los grupos de la oposición sobre si se va a acometer o no una rebaja del IVA de la luz. Sin embargo, no dudó en defender que desde el Ejecutivo de coalición «se están haciendo las reformas adecuadas» para abaratar el recibo y «controlar los picos al máximo posible», aunque pidió tiempo para llevarlas a cabo. Sobre el encarecimiento del precio de la luz durante el temporal de la primera quincena de enero, el ministro de Consumo achacó la subida, entre otros factores, a un encarecimiento del gas por el incremento de la demanda en Asia.