Galicia reconoce la violencia vicaria, el maltrato que «te tatúan en la piel»
▶El Parlamento gallego aprobó, por unanimidad, tramitar una reforma legal para contemplar esta realidad ▶Los expertos aplauden la medida, pero piden ir un paso más allá: «Hace falta una reforma del Código Penal»
Hablar de violencia vicaria es mentar el peor de los crímenes, el que comete quien mata a un hijo para herir de muerte a su pareja. Los casos son pocos, aunque su gravedad no permite el perdón ni el olvido. Desde el año 2013, momento en el que pasaron a contabilizarse los datos de violencia de género en España, han sido 38 los menores víctimas de esta atroz venganza. Detrás de estos dramas familiares se esconden rostros como el de David Oubel, primer condenado a prisión permanente revisable después de asesinar a sus dos hijas con una sierra radial en el verano de 2015 en Moraña (Pontevedra). Las niñas tenían 4 y 9 años y las usó como medio para dañar a su exmujer, a la que informó por carta de lo que había planeado hacer. Oubel esperó al último día de vacaciones con las pequeñas para perpetrar el crimen, un método similar al que usó Marcos Mirás. Este electricista coruñés mató de un palazo a su hijo de once años con el único objetivo de destrozar a su exmujer, a la que amenazó durante años. «Te voy a dar donde más te duele», le llegó a decir antes de abandonar el cuerpo de su hijo en un monte de Oza. El asesinato lo consumó el Día de la Madre de 2017, en un intento por generar aún más rabia y dolor.
Oubel, Mirás y otros tantos filicidas más fueron juzgados y condenados de manera rotunda por la violencia ejercida contra sus hijos. Unos ataques directos, implacables e injustificables que se merecieron el peor de los reproches penales. Pero, ¿y sus madres? Noqueadas por la pérdida de sus vástagos, el Código Penal no contempla por el momento condenas para este tipo de daño indirecto, porque no las considera víctimas, ni siquiera psicológicas. Este vacío legal, unido al sufrimiento de quienes perdieron a sus pequeños, logró esta semana poner de acuerdo a todos los grupos presentes en el Parlamento gallego que, por unanimidad, aceptaron tramitar una reforma legal para reconocer la violencia vicaria. El primer paso lo dio la nacionalista Ana Pontón, defensora de una proposición de ley para modificar la norma gallega de violencia de género de forma que reconozca a las víctimas indirectas de estos crímenes. «Lo que nos piden es ayuda psicológica, económica, laboral y jurídica para intentar rehacer sus vidas», incidió Pontón sobre la necesidad de darles la «protección legal» que necesitan y «acabar con el desamparo». Populares y socialistas se adhirieron a la petición, que convierte a Galicia en pionera a la hora de velar por las damnificadas por esta tipología de maltrato.
Ir más allá
«Son situaciones no muy frecuentes, pero que existen y tienen que ser abordadas» explica el penalista Alejandro Vega, especializado en violencia de género, en una conversación con ABC. Sobre el fondo de la cuestión, Vega valora el esfuerzo de esta semana de los grupos gallegos, pero limita su influencia al ámbito administrativo. «Se trata de una medida fantástica, pero el Parlamento gallego llega hasta donde llega y en este caso sería necesario establecer otras reformas que nos llevarían a la modificación del Código Penal, algo bastante complicado teniendo en cuenta que se exigen unas mayorías muy amplias y un consenso en el Parlamento español, que ahora mismo no existe» expone el abogado especializado.
Así, la reforma planteada en la Comunidad, que será perfilada durante su tramitación, podrá mejorar la asistencia a las madres que pierden a sus hijos a manos de sus exparejas en lo tocante a apoyo profesional y económico, por ejemplo, pero no implicará que los agresores sean juzgados por el daño indirecto cometido. Este extremo, indica el penalista, abriría la puerta a otro debate, el de «cómo sancionar a una persona doblemente para imputarle delitos de maltrato además de asesinato» para lo que, insiste, es necesaria una reforma penal que en su caso considera necesaria y acertada a la hora de proteger a las madres.
Además, Vega introduce un apunte justo, el de padres como podría ser el de la niña fallecida en Muimenta, cuya madre y expareja a la vez es la única acusada por el crimen. A raíz de estos hechos, el pa