Sánchez solo consigue que se ejecute un 2% de su megacontrato sanitario
▶De los 2.578 millones de euros que el Gobierno previó para que las CC.AA. compraran mascarillas, guantes, EPI o test únicamente se han gastado 57
El Ministerio de Sanidad licitó en agosto un megacontrato para que las comunidades autónomas y unos cuantos ministerios pudieran comprar de forma centralizada material sanitario a proveedores que ofrecieran garantías y evitar, de esta forma, situaciones de desabastecimiento como las vividas cuando estalló la pandemia. El Gobierno cuantificó este plan en más de 2.578 millones de euros a gastar en un plazo que podría alcanzar los dos años. Las cifras hasta el momento, cuando el primero de estos dos ejercicios camina hacia el ecuador, hablan por sí solas. De la enorme partida prevista para adquirir toneladas de mascarillas o tests sólo se han ejecutado contratos por valor de 57 millones de euros (impuestos incluidos), lo que se traduce en un 2,21% del total.
Hasta mediados de abril, y según se ha publicado en el Portal de Contratación, la plataforma donde la Administración debe dejar rastro de todos los contratos que pone en marcha, únicamente se han ejecutado 26 licitaciones basadas en el megacontrato sanitario que tenía previsto dividir su cuantía total en dos ejercicios. Además, los contratos publicados en dicha plataforma hasta la fecha no representan una cuantía demasiado grande. El mayor de los ejecutados hasta el momento alcanza los 27.491.200 euros, mientras que el de menor valor se queda en apenas 8.365 euros.
De igual modo, únicamente diez empresas de las 71 que pasaron el ‘examen’ de Sanidad y a las que se les adjudicaron los diferentes lotes han recibido algún tipo de encargo, por pequeño que sea, lo que pone en duda la efectividad de un mecanismo de compras centralizadas al que se sumaron 16 autonomías, el Ministerio del Interior y el de Defensa, además de Sanidad, para aprovisionarse. A día de hoy, nueve autonomías han empleado este mecanismo al menos una vez, mientras que entre Interior y Defensa únicamente han adjudicado seis de estos contratos. Sanidad, que se adscribió a este mecanismo para dotar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de una reserva estratégica tampoco ha dado ejemplo a las autonomías: no ha suscrito ningún contrato por esta vía.
Once lotes
El megacontrato se articuló mediante el bautizado como «Acuerdo Marco para suministro de material necesario para hacer frente al Covid-19». La entidad adjudicadora fue el Ingesa, el organismo del Ministerio de Sanidad que llevó la iniciativa en una buena parte de las compras de material médico y de protección contra el virus en el segundo trimestre del año pasado, justo cuando estalló la pandemia. No obstante, su labor no fue suficiente ante la oleada de casos y las inmensas necesidades de material de un sistema que no estaba preparado.
En aquellos meses, los sanitarios se protegían del virus en los hospitales como podían ante la escasez de EPI o tests, las mascarillas no eran obligatorias para los ciudadanos –principalmente porque no había– y las distintas comunidades autónomas, ante la delicadísima situación de desabastecimiento, tuvieron que lanzarse a comprar sus provisiones en un mercado que entonces era como una selva. En esos momentos, con el mando único implantado, se desataron las primeras fricciones entre el Ejecutivo y las comunidades, siendo el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, que sigue vivo todavía hoy, el más duro. Ante la falta de elementos de protección, la Comunidad de Madrid –como también hicieron otras regiones– se lanzó a la compra de material sanitario por su cuenta en China y llegó a pedir al Gobierno que no bloqueara estos contingentes. El mando único permitía al Gobierno requisar cualquier material que pudieran traer las autonomías para repartirlo, después, como considerara más oportuno en función de las necesidades.
Al margen de la disputa política de hace un año, Sanidad, para evitar caer en el mismo caos, orquestó esta nueva compra centralizada y dividió el megacontrato de 2.500 millones de euros en 11 lotes. Cada uno hacía referencia a un producto, que podían ser trajes de protección, guantes, gafas, mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3, tests de coronavirus y kits de extracción. Y cada uno tenía una cuantía económica tope asignada hasta la que se permitía el gasto para que así la Administración, tanto central como regional, pudiera elaborar sus propias ‘despensas’ ante nuevos envites de la pandemia.
A finales de agosto, Sanidad, gabinete dirigido entonces por Salvador Illa, hizo un llamamiento para que las empresas se presentaran como adjudicatarias a esta licitación millonaria. La compra del material para su posterior venta a la Administración correría a cargo del sector privado siempre y cuando las firmas candidatas pasaran el ‘examen’ de Sanidad, que establecía un buen número de requisitos para acreditar la solvencia de estas firmas como proveedoras de
Toneladas Sanidad dijo que la megalicitación traería a España 4.200 millones de unidades de material sanitario
Una minoría De las 71 empresas seleccionadas por Sanidad para vender el material apenas diez han recibido encargos