No reclamarán «por ahora» la eventual indemnización que les concedió la Audiencia
Los Franco solicitan fecha para llevarse los muebles de Meirás ▶ La familia reclama que se elimine del procedimiento y que el resto de partes no vuelva a darle difusión
Los abogados de la familia Franco presentaron ayer lunes un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña en el que solicitan que se fije un plazo para poder realizar la retirada de los bienes muebles del interior del Pazo de Meirás. Es la consecuencia directa del auto de la Audiencia Provincial de La Coruña de la pasada semana, en el que se revocaban las medidas cautelares dictadas en diciembre y por las que todo el mobiliario estaba, provisionalmente, depositado en manos del Estado.
En el escrito, al que tuvo acceso ABC, los letrados de los Franco reclaman al Juzgado «que de forma inmediata» y de acuerdo a la resolución firme de la Audiencia, «se conceda un plazo razonable (que estimamos habrá ser de un mes) para que esta parte proceda a la retirada de todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble reivindicado, con la sola excepción de aquellas que, eventualmente, se encuentren en él por haber sido colocadas» por el Estado «tras haber tomado posesión» del inmueble el pasado 10 de diciembre.
Además, los Franco piden al juzgado «la eliminación o supresión» del procedimiento judicial de los informes sobre el inventario de los bienes del Pazo, tanto el elaborado por los técnicos de la Consellería de Cultura como el realizado por Patrimonio Nacional, y que identificó media docena de bienes de su titularidad entre el mobiliario de Meirás. Entienden que estos inventarios fueron ordenados en el marco de unas medidas cautelares que han sido revocadas por la Audiencia, y por tanto, no deben surtir ningún efecto jurídico en el pleito por la propiedad del inmueble. No obstante, expertos en Derecho Civil consultados por ABC reconocen la dificultad para limitar los efectos de estos inventarios, ya que fueron legalmente elaborados y podrían ser empleados sin problema por la Abogacía del Estado, si finalmente interpone una demanda para reclamar la titularidad de los muebles de Meirás.
La solicitud respecto al uso del inventario se extiende tanto al Estado como al resto de administraciones públicas que han participado en el proceso, de las que se exige «que se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y/o revelación a persona alguna pública o privada, de tales documentos y de todos y cada uno de los datos e informaciones que los mismos ponen de manifiesto en relación con los bienes existentes en el inmueble reivindicado». Idéntica petición se traslada a los técnicos que confeccionaron sendos listados del mobiliario.
En su auto de la pasada semana, la Audiencia Provincial de La Coruña también imponía al Estado la obligación de indemnizar a la familia Franco por la «incautación» de los bienes muebles de Meirás, por entender que fue una decisión que solicitó —y que amparó el juzgado— sin encaje normativo alguno en la legislación procesal española. Los magistrados recordaron que de ninguna manera cabe instar a una medida cautelar en un trámite de ejecución de sentencia. Los herederos del dictador, no obstante, no abordan «por ahora lo concerniente a la condena indemnizatoria», una reclamación «que esta parte se reserva expresamente» para más adelante.
La principal novedad estriba en que el titular del Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña ya no es la magistrada Marta Canales, autora de la primera sentencia y que dictó además las medidas cautelares revocadas por la Audiencia Provincial, dado que en los últimos días ha cambiado de destino.