«La administración no reconoce las amenazas verbales y no se recogen en el protocolo de agresiones»
distintos medios coercitivos (contenciones mecánicas, esposas o defensas de goma)» y que ofrezcan pautas de actuación ante las resistencias activas y ante las reducciones físicas de los reclusos que protagonicen incidentes, con el objetivo de conseguir «una mayor eficacia y menores riesgos tanto para el personal como para la población reclusa».
Medios de protección
También en el informe se pide que se reitere a los funcionarios la necesidad de manejar de forma adecuada las vestimentas y medios de protección y de seguridad, de tener presente siempre los mecanismos y procedimientos de extinción de incendios y de abordar las situaciones de riesgo y los altercados protagonizados por «personas con hándicaps mentales».
Cuando se considere necesario y cuando hayan acontecido incidentes de relevancia, se recomienda hacer un análisis pormenorizado de lo sucedido, «posibilitando la participación de propio personal que haya intervenido en ellos, al objeto de valorar la posibilidad de adopción de medidas que eviten incidentes futuros de carácter similar». El documento aboga además por la «necesaria colaboración que debe ofrecerse desde las subdirecciones de tratamiento a los profesionales del área de vigilancia, que son los que más contacto directo tienen con los presos.
«Nos hablan de prácticas, cuando la formación está prácticamente suspendida; desde luego, no es continua, y además los cursos se deberían hacer fuera del horario laboral para no quitar funcionarios de los módulos, ya muy escasos, y esas horas se tienen que remunerar», asegura Jorge Vilas.
Además, es ya un clamor entre los trabajadores penitenciarios que aún no se les considere agentes de la autoridad cuando están de servicio, a pesar de que ya hay un acuerdo político para hacerlo. Sin embargo, nunca parece encontrarse el momento para hacerlo, a pesar de ser una medida que no cuesta un solo euro al erario público pero da tranquilidad al funcionario, porque si es agredido el delito que se comete es el de atentado, más penado que la simple agresión.
El informe, además, se refiere a los suicidios y las «situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de Covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental».
Al respecto, Vilas explica que «cuando hay un brote hay que aislar, y en esas circunstancias, por ejemplo, es imposible controlar a todos, o poner un preso de acompañamiento a alguien, aunque se detecten indicios de que lo necesitan».