Baleares acusa a Madrid y País Vasco del veto de Reino Unido al turismo
«España se juega ser un destino seguro este verano» ▶
te, como lo demuestra el hecho de que no se ha producido un solo contacto del Gobierno para explorar una alternativa jurídica al estado de alarma.
Ayer, Pablo Casado volvió a tender la mano a Sánchez y aseguró que si él quiere, en solo quince días estará aprobada la reforma legal para permitir a las comunidades tomar las medidas que necesiten para controlar la pandemia.
La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales sociedades médicas. La presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Josefa Cantera consideró ayer urgente que «las fuerzas políticas dejen el enfrentamiento y se pongan de acuerdo sobre una ley orgánica específica o una reforma» de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986) con el objetivo de «regular con más detalle y ofrecer más herramientas legales» a la comunidades en el control de la pandemia. Según recordó Cantera, en países de nuestro entorno como Francia ya existe «una legislación específica que define cuestiones tan concretas como qué es una cuarenta y quién está obligado a cumplirla». Para la presidenta de Sespas la situación de incertidumbre actual «provoca desafección y falta de confianza» de la población poniendo en peligro la salud pública.
En la misma línea, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, consideró ayer «descorazonador» la falta de un «liderazgo común». «Ha habido tiempo para pensar en una legislación y no dejar la pandemia al albur de cada comunidad», criticó. Cobo consideró un «desconcierto» la multiplicidad de medidas tomadas por cada región cuando «se ha demostrado que el toque de queda funciona».
El médico y abogado Juan José Bestard, copresidente de la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (Icam) no entiende por qué el Gobierno después de «más de cien mil fallecidos no ha puesto marcha aún una ley específica». Para Bestard es necesario una «ley orgánica especial para la gestión de esta y futuras pandemias». «Debe haber una base jurídica que permita a las comunidades delimitar derechos fundamentales cuando entran en conflicto con la salud», apuntó.
Baleares tiene una tasa de contagios de apenas 58 casos por cada cien mil habitantes. Junto a la Comunidad Valenciana es la región con menos incidencia del coronavirus. Pese a ser una ‘zona verde’, Reino Unido decidió el viernes sacarla de su listado de destinos seguros, ya que la media de contagios en nuestro país es de 188 casos por cien mil habitantes.
El Govern balear lo tiene claro: la culpa es de Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo de la socialista Francina Armengol considera que la gestión «más flexible» de la presidenta madrileña o del País Vasco «ha penalizado a las islas». Baleares justifica de este modo que el Reino Unido no haya hecho una excepción con el archipiélago. Para los epidemiólogos lo sucedido con Baleares es solo una muestra de lo que podría ocurrir este verano con todo el territorio española si la curva de contagios empieza a escalar como consecuencia del fin del estado de alarma y la falta de herramientas legales por parte de las comunidades autónomas para mantener al virus bajo control.
«España se juega ser un destino seguro este verano y tal como vamos se va a complicar la temporada estival», advirtió ayer Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología.
Para ese experto, el problema está en que medidas restrictivas como el toque de queda o el cierre perimetral de las comunidades se han levantado cuando la incidencia del virus es aún demasiado elevada. «El verano pasado, el estado de alarma terminó con una incidencia mucho más baja y más pegado al verano. Ahora deberíamos llegar a julio con una situación epidemiológica muy buena pero no parece que vaya a ser el caso», afirmó Caylà.
Con los deberes hechos
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, aseguró ayer que el Govern «ha hecho los deberes» y ha sido coherente con el mantenimiento de las medidas de control, siempre avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). No es la primera vez que el Ejecutivo culpa a la gestión de otras comunidades de las decisiones que afectan al archipiélago. El pasado viernes, después de que Reino Unido diera a conocer que toda España, Baleares incluida, no entraría en la ‘zona verde’, el mismo Negueruela lamentó que no se discriminara por regiones, cuando la incidencia de Covid del conjunto de España es superior a la balear.
El Reino Unido revisará su decisión en junio, tres semanas después del 17 de mayo, que es cuando Boris Johnson levantará la prohibición de viajar al extranjero. Sin embargo, las tres semanas fuera del semáforo verde ya están afectando seriamente a las reservas, ya que los británicos están priorizando otros destinos frente a los españoles.
Tomas Cobo (OMC) «Ha habido tiempo suficiente para pensar en una legislación»
Juan José Bestard (ICAM) «No sé por qué después de más de cien mil fallecidos el Gobierno aún no ha puesto marcha una ley específica»