El Gobierno ‘indulta’ la ley catalana de Alquiler como gesto al independentismo
▶No pedirá la suspensión cautelar de la polémica norma en el recurso que presenta hoy ante el TC ▶El Ejecutivo hace un «gesto» con la Generalitat y promete sacar adelante una ley equivalente de rango estatal
El órgano asesor de la Generalitat la consideró anticonstitucional y antiestatutaria a todas luces, y otro tanto apuntó el análisis jurídico encargado por el Gobierno. La ley de Alquileres catalana, aprobada en septiembre de 2020, es un artefacto con un muy difícil encaje legal, aunque no político en los tiempos actuales. Tras haber dilatado la presentación del recurso más allá de lo habitual en vista de los informes citados, el Gobierno llevará hoy finalmente el texto del Govern al Tribunal Constitucional, aunque no pedirá la suspensión cautelar del mismo, tal y como es su potestad si así lo considera.
La decisión, una suerte de indulto para la polémica ley hasta que el tribunal sentencie, o se apruebe una ley de rango estatal, como es intención del Gobierno, debe leerse como lo que es, una decisión política acorde con la fase de reencuentro entre la Generalitat independentista y el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo confirmó el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconociendo que la decisión es eminentemente política. Tras la reunión de la Ejecutiva Federal del partido dejó claro que el Gobierno tiene que recurrir la norma catalana porque «es muy difícil» no hacerlo después del informe «ya negativo» del órgano asesor de la Generalitat. Con todo, el también ministro de Transportes y Agenda Urbana –Ábalos– avanzó que el Ejecutivo no pedirá la suspensión cautelar de la norma, algo que no dudó en definir como «un gesto». de la coalición que sustenta a Sánchez, donde Podemos ha hecho de la limitación de las rentas de alquiler una bandera. Mientras desde la formación morada se señala la caída del precio del alquiler en Barcelona como consecuencia de la citada ley, fuentes del sector consultadas por ABC lo atribuyen a la pandemia como lo demuestra que en otras capitales como Madrid también han bajado los alquileres.
En todo caso, la decisión del Gobierno de no pedir la suspensión es coherente con el intento de Sánchez de no enfrentarse con la Generalitat, más en un momento en el que la concesión de los indultos es inminente, está casi agendado un encuentro entre Sánchez y Pere Aragonès y la relación entre ambos gobiernos se quiere encauzar por la vía de la «no judicialización».
La agenda del reencuentro se ha acelerado, pero el Gobierno ya lleva tiempo trabajando en ella. De hecho, y como informó ABC el pasado 14 de abril, el Gobierno ha dilatado la presentación del recurso aún a sabiendas de que la ley era a todas luces ilegal. Así se recogía en el análisis jurídico encargado por el Ejecutivo sobre la citada norma, donde se apreciaba «la
Tanto el análisis jurídico que encargó el Gobierno como el que hizo el órgano asesor de la Generalitat apreciaron indicios claros de inconstitucionalidad. Pese a ello, el Ejecutivo dilató el recurso y ahora no pide la suspensión.
Los defensores de la limitación de rentas atribuyen a la ley la caída del precio del alquiler en Barcelona, lo que el sector desmiente al recordar que la disminución es general en las grandes ciudades.
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existencia de fundamentos suficientes para el planteamiento del procedimiento» de inconstitucionalidad. Otro tanto consideró el órgano jurídico asesor de la Generalitat, el Consejo de Garantías Estatutarias, que señaló que once de los quince artículos y siete de las catorce disposiciones de