Este profesional de la información de la televisión pública autonómica de Cataluña invoca la cláusula de conciencia (Ley Orgánica 2/1997) para que TV3 le indemnice económicamente y le deje salir como si fuera un despido improcedente
La televisión y la radio de la Generalitat, con 400 periodistas, están sometidas a un control político férreo por parte de los partidos que componen el Govern catalán
Aestas alturas del documental, pocos dudan de que TV3 (la televisión pública de la Generalitat de Cataluña) está siendo utilizada por el independentismo, antes el nacionalismo, para sus fines particulares. La oposición al completo del Parlamento autonómico así lo denuncia, semana tras semana. Incluso la CUP, en 2017, se sumó a la reprobación política del actual director, Vicent Sanchis. ERC y Junts siguen negociando, ahora mismo, los candidatos a formar parte de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente que controla TV3 y Catalunya Ràdio. Negociación que pasa por un acuerdo, sí o sí, con el PSC, por aquello de la aritmética parlamentaria (mayoría cualificada). TV3 es la joya de la corona. Unos 400 periodistas. Un control político férreo de arriba a abajo.
Por todo ello, sorprendió hace unos días que un veterano periodista de TV3 como Santiago Torres acudiera a los tribunales apelando, entre otros aspectos, a la cláusula de conciencia, pidiendo poner fin a su contrato con la televisión pública (por la vulneración de la empresa de varios artículos de la Constitución) y reclamando una indemnización de más de 312.000 euros por un despido improcedente y por los daños y perjuicios causados.
Torres entró a formar parte de TV3 en 1986 al superar una oposición pública. Dos años después, se incorporó al programa ‘30minuts’, un espacio dedicado a los documentales de producción propia de los profesionales de TV3, eso sí, siempre desde el punto de vista del nacionalismo catalán y, en menor medida, la izquierda. Durante treinta años, Torres dirigió más de 120 reportajes por todo el mundo. De temas diversos. Algunos fueron premiados en distintos festivales. Pero todo cambió en julio de 2017, mientras preparaba el documental ‘Acoso al referéndum’, un vídeo en defensa del referéndum ilegal, que acabaría emitiéndose el 24 de septiembre de 2017.
Un año antes, el periodista David Bassa había sido nombrado jefe de Informativos de TV3 y Carles Solà se hizo cargo del ‘30minuts’ aquel verano. Según Torres, en julio de 2017, Bassa le convocó a unas reuniones «para marcar las directrices y asegurarse de que los contactos con los políticos se hacían solo a través de él». Un tutelaje. Desde Informativos se niega a ABC ninguna tutela o control previo. «Todo lo contrario, se le ayudó», aseguran. El ‘procés’ en estado puro. Torres denuncia presiones, descalificaciones y menosprecios. «Lo que plantea Torres es mentira, una farsa. No hay caso», añaden desde Informativos. Lo que es un hecho es que aquel fue el último ‘30minuts’ de Torres. Según el protagonista, se le apartó; según TV3, «quiere dejar la televisión y que se le pague indemnización».
En 2019, Torres denunció el caso por acoso laboral. La Justicia lo desestimó. Tras apartarle del ‘30minuts’, su tarea está en la edición de vídeos en el canal de información continua 3/24, de menor audiencia.
El juicio se celebrará en diciembre. Torres invoca la Ley Orgánica 2/1997, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. Es la primera vez que un periodista de TV3 apela a esta ley en los tribunales. Ni un compañero de Torres ha salido en su defensa pública. Nada. Nadie. Silencio. «No hay divergencia periodística», aseguran desde Informativos. Es TV3.