Interior debe justificar por qué acercó a dos etarras en contra de las juntas de tratamiento
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evolución. En el caso de Harriet Iragui la junta de tratamiento –órgano integrado por profesionales penitenciarios– había propuesto mantenerlo en la misma prisión y que siguiera clasificado en primer grado tres meses más. El motivo de la junta era «la gravedad de los delitos cometidos», pues este individuo tiene una larga lista de asesinatos a sus espaldas.
No obstante, antes de su acercamiento ya se le aplicaba el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por su buen comportamiento, lo que le permitía acceder a algunos de los beneficios del segundo grado, como ocupar una celda en un módulo con otros presos en esa clasificación penitenciaria. Además, tenía un destino como encargado de limpieza, participaba en actividades dentro de la cárcel. También había aceptado la legalidad penitenciaria presentando un escrito en el que manifestaba su rechazo a la violencia y su pesar por el sufrimiento causado a las víctimas; es decir, los motivos que ha alegado Interior para justificar muchos de los traslados y progresiones de grado.
En cuanto a Olarra Guridi, la junta de tratamiento de la prisión de Albolote se mostró igualmente contraria a que se le acercara a la cárcel de Logroño, donde ahora coincide entre otros con Harriet Iragui. Para justificar la decisión, Interior aludió, como tantas veces, a que «acepta la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y manifiesta su deseo de reparar el daño causado a las víctimas de sus acciones».
Después de esos traslados, el presidente de Dignidad y Justicia aseguró que «no obedecen a criterios técnicos, sino exclusivamente políticos». Tras la admisión a trámite del recurso, el propio Portero avanza que esta decisión «es un comienzo que puede demostrar las irregularidades del Ministerio».
La decisión última de los traslados de presos, sean o no de bandas terroristas, corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias previo informe de la junta de tratamiento. En la gran mayoría de los casos el órgano central respalda el criterio de los profesionales de la cárcel correspondiente, pero en algo más de un 10 por ciento de las ocasiones –bien porque la propuesta vaya muy lejos o sea demasiado conservadora según el criterio de Prisiones– la decisión es distinta. «En el caso de los traslados eta