Instituciones Penitenciarias siempre tiene la última palabra en los traslados de los presos, sean de la banda terrorista o no

Ha ocurrido en 31 de los 236 traslados de miembros de la banda terrorista, un 13 por ciento del total En otras ocasiones, el Gobierno ya ha recurrido a la Ley de Protección de Datos para no entregar detalles de estos procesos

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dado un plazo improrrogable de 20 días al Ministerio del Interior para que le entregue el expediente por el cual la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acercó al País Vasco a dos de los presos más sanguinarios de la banda terrorista ETA: Harriet Iragui Gurruchaga, condenado, entre otros, como autor material del asesinato del fiscal Luis Portero, y José Antonio Olarra Guridi, en su momento jefe militar de la organización y que cumple condena como inductor de ese crimen y otros, como el del médico y militar Antonio Muñoz Cariñanos. En concreto, se ordena que «en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial tenga entrada en su registro general» se traslade el «expediente administrativo, original o copiado, completo y foliado» de esas medidas penitenciarias.

La decisión del TSJ de Madrid es consecuencia del recurso contencioso-administrativo que interpuso en su día Daniel Portero, hijo de la víctima y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, contra las decisiones de Prisiones que beneficiaban al autor material y al inductor del asesinato. Una vez admitido a trámite el recurso, la consecuencia inmediata es que la administración afectada tiene que aportar el expediente completo sobre el asunto. Con alguna salvedad relevante, eso sí: la legislación vigente permite a la administración no aportar aquellos documentos protegidos por la Ley de Protección de Datos de los implicados en la decisión, en este caso los dos terroristas.

Tanto Iragui como Olarra Guridi fueron acercados a cárceles más próximas al País Vasco y progresaron de grado en contra del criterio de las juntas de tratamiento de las prisiones en las que estaban recluidos, la de Castellón II en el caso de la Harriet Iragui, y la de Albolote (Granada) en la del exjefe militar de ETA. De los 236 traslados de etarras concedidos por Prisiones a 195 etarras –algunos en más de una ocasión– 31 lo fueron en contra del criterio de aquellos que están más cerca de los internos y, por tanto, conocen mejor su