El comité coruñés urge soluciones tras ver probado que Alcoa quería «destrozar» las plantas
▶ Piden al Ministerio de Industria una reunión para evitar los despidos en la fábrica
Tras meses denunciando que la operación de venta de las factorías de Alcoa en La Coruña y Avilés, al fondo de inversión suizo Parter, había sido fraudulenta, el comité de empresa se muestra satisfecho con la sentencia de la Audiencia
Nacional. El fallo de la Sala de lo Social, entienden los trabajadores coruñeses, «es contundente» y constata «el tremendo engaño al que esta multinacional nos ha sometido en todo el proceso de ERE que promocionó en el 17 de octubre de 2018». En unos meses expira el compromiso de mantener los empleos y, por este motivo, desde el comité urgen al Ministerio de Industria a que convoque cuanto antes la reunión que les habían prometido, para poder buscar futuro para ambas fábricas.
En 2019, Alcoa vendió por un euro a Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y La Coruña, después de un largo proceso tutelado por las Administraciones, que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrarlas y despedir a la plantilla a través de un ERE. Sin embargo, pese a haberse comprometido a mantener el empleo durante dos años y a renovar los centros de producción de aluminio, Parter Capital no tardó en desprenderse del 75% de las plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo. Desde entonces, los trabajadores se encuentran prácticamente sin actividad y temen que vuelvan a asomarse al abismo de los despidos.
En una sentencia dada a conocer el martes, la Audiencia Nacional considera que ni Parter ni el Grupo Riesgo cumplen «mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso». «Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores», añade. Por este motivo, la Justicia obliga a Alcoa a que, si se producen despidos, se ejecuten con las condiciones pactadas en el ERE, que eran más ventajosas que las que exige la legislación vigente. La Sala Social ordena cumplir esta medida alternativa, dado que Alcoa ha «incumplido» la promesa de reindustrializar las plantas y mantener el empleo mediante su compraventa a un empresario «serio, solvente y riguroso».
Los servicios jurídicos de los sindicatos demandantes están analizando aún el fallo, pero desde el comité creen que «una cosa queda clara, y es que en todo este tiempo teníamos razón y que nuestra lucha por la verdad y la justicia era legítima», apuntan en un comunicado remitido a los medios ayer por la mañana. «Ahora, y más que nunca, es necesario que la administración central y autonómicas tomen las riendas de nuestro sector y protejan la producción de aluminio en nuestro país», prosiguen. Para el comité coruñés, el fallo demuestra que Alcoa «tiene un claro objetivo, que es destrozar nuestras fábricas para quedarse con nuestro mercado, y no se les puede consentir». Por este motivo, los trabajadores reclaman que se convoque ya la reunión con el Ministerio de Industria prometida ya en el mes de abril, para «buscar de una vez por todas el futuro industrial y de nuestros empleos que tanto hemos luchado».